En redes sociales empezaron a circular imágenes sobre la supuesta ejecución de civiles en Apatzingan. Foto: Especial

En redes sociales empezaron a circular imágenes sobre la supuesta ejecución de civiles en Apatzingan. Foto: Especial

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– Si las autoridades correspondientes no son capaces de dar una explicación científica convincente sobre el la masacre de Apatzingán, en Michoacán, es necesario que renuncien a fin de que se ponga un alto a las ejecuciones de civiles a manos de cuerpos de seguridad que se han hecho publicas desde junio pasado, demandaron académicos y representantes de distintos partidos políticos.

El pasado 6 de enero se registraron en ese municipio dos enfrentamientos que dejaron al menos nueve muertos. El primero se produjo cuando elementos del Ejército Mexicano desalojaron la Alcaldía, lo que dejó como saldo una persona muerta.

El segundo tiroteo se dio mientras se realizaba el traslado de vehículos a un corralón, ahí al menos ocho personas murieron, así lo informó el entonces Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes.

La versión oficial, al igual que el caso de Tlatlaya, Estado de México, donde fueron ejecutadas dos personas a manos de elementos del Ejército, señaló que se había tratado de enfrentamientos entre civiles y cuerpos policiacos.

Sin embargo, relatos de testimonios publicados en el diario Reforma, un día después de los enfrentamientos señalaron que los civiles habían sido ejecutados por elementos de la Policía Federal, lo que contrastó con la versión oficia de que habían muerto en medio del fuego cruzado.

De acuerdo con el testigo, los civiles desarmados fueron ejecutados por policías federales tras el operativo para desalojar la Alcaldía.

“¡No disparen!”, gritaron desde los vehículos las ahora víctimas, dijo el testigo. “Incluso uno de los ocupantes bajó y se puso de rodillas con las manos en la nuca; él dijo que no tenían armas y suplicó a los federales que no dispararan, pero cayó muerto de tres balazos que hasta retumbó cuando se escucharon”, narró.

“Lo que vi no se le puede llamar enfrentamiento porque los civiles no estaban armados; eran civiles que si acaso tenían un bat o palos, una persona se bajó de una camioneta y suplicó a los azules (federales) que no dispararan, que no tenían armas. Los civiles nunca dispararon, por eso no es un enfrentamiento”, dijo.

“Los venían persiguiendo, eran una camioneta gris y una negra y le dieron alcance los federales, cuatro vehículos de los azules (policías federales), se bajaron y los rodearon. Yo vi todo desde el principio y vi que los civiles nunca tuvieron un arma en sus manos”, insistió el testigo.

Cuatro de las personas ejecutadas, entre ellas dos mujeres, aparecen en una fotografía, juntas y abrazadas. Uno más joven yace bocarriba a medio metro sin un huarache.

El testigo afirmó que conocía a uno de los fallecidos de este grupo, al que identificó como Miguel Madrigal.

En otra imagen, cinco hombres figuran abajo de un vehículo, con una escopeta, tres cargadores y tres cartuchos percutidos cerca de los cuerpos.

Y en una más se aprecia otro cuerpo sobre un charco de sangre a unos tres metros de una de las camionetas.

El fin de semana se dio a conocer también un audio que aparentemente es de la comunicación vía radio entre varios participantes de los hechos, que reforzaría la hipótesis de que federales dispararon a civiles desarmados –ligados por las autoridades con la banda de Los Viagras.

“¡Estaban unos compañeros heridos, y todavía vinieron (los federales) para rematarlos! ¡Nos están rematando a todos los heridos!”, se escucha a una persona en el radio.

“¡Nos están quemando aquí arriba en Constitución! ¡Nos están tirando los güeyes! ¡No dejan de tirar y no traemos más que puros palos, mujeres y niños!”, grita otro individuo.

Sin embargo, Castillo Cervantes, reiteró en distintas ocasiones que no se trató de una ejecución al señalar que los muertos presentaban tiros tanto de la federales como de civiles y aseguró de los ocho fallecidos –de manera oficial– sólo seis presentaban impacto de bala.

EL SI NO PUEDEN, RENUNCIEN

Para Pablo Monzalvo Pérez, experto en temas de seguridad de la Universidad Iberoamericana, después de los casos Ayotzinapa y Tlatlaya es necesario que organismos internacionales defensores de derechos humanos también hagan recomendaciones para que se realice una investigación a fondo para demostrar qué fue lo que realmente pasó. Si hubo responsabilidad de elementos federales, que se deslinden responsabilidades, ya que un juez federal liberó a 43 de las 44 personas detenidas tras los enfrentamientos, expuso el académico.

Jorge Armando Wong, juez quinto de distrito con sede en Uruapan, dictó auto de libertad a 38 de los acusados al estimar que la Procuraduría General de la República (PGR) no ofreció ningún elemento que ameritara sujetarlos a juicio por el delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército.

Monzalvo Pérez que Apatzingán se suma a una lista de sucesos sin resolver en los que la falla va desde la Procuraduría General de la República (PGR) hasta las instancias municipales, se hace necesario que todos los responsables dejen sus cargos.

“Estamos en una crisis económica, política y de seguridad que nos ha llevado a tener que confrontarnos con una realidad en la que no se han solucionado muchas cosas. Estamos en un problema nacional por la falta de atino jurídico-científico, tenemos una crisis que hay que reconocer y hay que ver que iniciativa tenemos para resolver esta crisis que ya lleva tiempo”, planteó el académico a SinEmbargo.

En caso de haberse tratado de un enfrentamiento entre un grupo delincuencial y federales, tal y como insiste la información oficial, señaló que también es necesario hacer una serie de reformas para que quede claro que en México ya no se puede seguir haciendo justicia por mano propia.

Por su parte, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, Miguel Ángel Chávez Zavala, insistió en que hubo omisión de las autoridades para contener los brotes de violencia.

Silvano Aureoles Conejo, precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura de la entidad, pidió en su momento a la PGR no descartar ninguna línea de investigación, ante las versiones de posibles ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por elementos de la Policía Federal.

“Es muy grave, las imágenes son dramáticas, incluso se ve una niña. No tengo elementos, pero la PGR no debe desechar ninguna línea de investigación para deslindar responsabilidades. Es muy grave, por eso la PGR debe ser muy objetiva y no descartar ninguna línea de investigación”, expresó.

Consideró que ante la gravedad de los hechos, donde incluso fallecieron algunas mujeres, es indispensable que las autoridades federales vayan a fondo para esclarecer lo ocurrido y fincar responsabilidades.

QUE CASTILLO RINDA CUENTAS

cuartoscuro

Alfredo Castillo Cervantes dejó de ser Comisionado para Michoacán un año después de su nombramiento. Foto: Cuartoscuro

A través de un comunicado, la organización México Evalúa, lamentó que ni Castillo Cervantes ni el gobierno federal hayan publicado un informe detallado de todas las actividades realizadas en la entidad, los acuerdos alcanzados, el destino de los recursos y los resultados de la gestión del Comisionado.

“México Evalúa hace un llamado al gobierno federal para que genere un reporte con esta información; rinda cuentas sobre el uso de los recursos a disposición del ex Comisionado; detalle más específicamente el impacto de sus acciones en la disminución de los delitos cometidos en la entidad; explique hasta dónde llegó en el desmantelamiento del cártel de los Templarios [Los Caballeros Templarios] y las razones que impidieron detener a Servando Gómez, alias “La Tuta”, el líder del cártel], durante este periodo”, plantea el comunicado.

Según la organización, tampoco está claro qué es lo que busca el gobierno federal con el nombramiento del General Pedro Felipe Gurrola Ramírez como nuevo Comisionado de Seguridad en Michoacán, ni cuáles son los objetivos a cumplir su desempeño.

“En este contexto, varias preguntas que han quedado hasta ahora sin respuestas merecen ser contestadas por el gobierno federal: ¿Qué será del Plan Michoacán? ¿Qué pasará con las fuerzas rurales de aquí en adelante? ¿Quién está a su mando? ¿Se cuenta con un padrón detallado de quiénes forman estas fuerzas y qué armas poseen? ¿La respuesta a la problemática en Michoacán pasa por una mayor militarización?”.