Al decidir a sus candidatos a los dos mil 179 cargos que estarán en juego el próximo 7 de junio, lo mínimo que puede exigírsele a los partidos es que se aseguren que no tengan nexos con el crimen organizado. En Guerrero y Michoacán, la trascendencia de tal imperativo es mayúscula, pues ha quedado de sobra demostrada la capacidad corruptora de los grupos criminales, la venalidad impune de las autoridades y las consecuencias de todo ello.

En Guerrero coexisten células guerrilleras con ideales revolucionarios, grupos paramilitares pertrechados, autodefensas que se asumen con el derecho de garantizar la seguridad en sus comunidades, movimientos sociales y sindicatos radicalizados, fuerzas federales cuyo momento de salida nadie conoce, un gobernador a todas luces improvisado y, por si fuera poco, instituciones infiltradas por el crimen organizado. Las consecuencias de la colusión entre autoridades y delincuentes quedaron dramáticamente ejemplificadas por el alcalde Abarca, quien, por acción o deliberada omisión, es responsable no solo de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala sino también de decenas de asesinados, cuyos cuerpos siguen saliendo de fosas inverosímiles.

Michoacán, por su parte, está al borde del colapso financiero, apenas emerge de un extraño esquema de intervención federal –encabezado por el comisionado Castillo– que postergó el fortalecimiento de las instituciones locales, campean por su territorio grupos de autodefensa que rivalizan entre sí y cuenta a numerosos municipios como rehenes de Los Caballeros Templarios. Decenas de autoridades michoacanas se han vuelto cómplices de este grupo criminal, como quedó demostrado con los videos difundidos por Servando Gómez, “La Tuta”.

Cuando una autoridad comienza a proteger a los criminales, pone al servicio de estos un trozo del Estado. Así, la legitimidad del aparato estatal, la confianza de parte de los ciudadanos en el Estado, los cuerpos burocráticos, los instrumentos de las instituciones para aplicar la ley, sus recursos económicos, quedan a disposición de los criminales. En casos así, el Estado aún detenta, como enseñó Weber, el monopolio de la violencia física legítima, solo que la utiliza a favor de un grupo que agrede a la sociedad. En efecto, la connivencia entre autoridades y crimen conduce a que las instituciones del Estado dejen de estar sujetas a la ley y se subordinen a un grupo que se dedica, justamente, a violar la ley.

Desde un punto de vista de derechos humanos, la presunción de inocencia es inobjetable en lo jurídico, incluso cuando se trata de sospechosos de trabajar, al mismo tiempo, para el gobierno y para las organizaciones delincuenciales. Sin embargo, circunstancias como la guerrerense y la michoacana obligan a que, en la esfera de lo partidista, no de lo jurídico, los candidatos presenten elementos que permitan inferir que no están ligados con las organizaciones criminales.

Con miras a que los partidos se cercioren de no incluir en la boleta a personajes con nexos criminales, deben revisar, cuando menos, las declaraciones patrimoniales de todos los aspirantes y las de sus cónyuges, así como las más recientes declaraciones de impuestos de ambos, y analizar qué tan consistentes son entre sí. También es un imperativo adentrarse en sus antecedentes penales. En caso de querer ir más lejos, deben instaurar procedimientos adicionales de investigación, como examinar las trayectorias de los contendientes, redes de contactos, fuentes de financiamiento, honorabilidad de los equipos, etc.

Ahora bien, si los partidos encuentran elementos para relacionar a alguno o algunos de sus militantes con el crimen organizado, un mínimo de responsabilidad política ha de derivar en no postularlos y un mínimo de responsabilidad jurídica en denunciarlos ante las autoridades competentes. ¿Cuántos partidos han sido omisos al denunciar a personajes de quien están enterados que, al tiempo que son sus militantes, prestan servicios a los delincuentes?

La posibilidad de recuperar la gobernabilidad en Guerrero y Michoacán pasa en buena medida porque las nuevas administraciones se comprometan con la aplicación de la ley y no con quebrantar la legalidad para favorecer a grupos que medran de transgredir la ley. A su vez, reducir la inseguridad en todo el país también transita por impedir que los funcionarios electos lleguen con compromisos con la delincuencia. Lo mínimo que se puede esperar de los partidos es que estén convencidos de ello y que actúen en consecuencia.

@GermanPetersenC 

Germán Petersen Cortés

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Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el ITESO y Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México. En 2007 ganó el Certamen nacional juvenil de ensayo político, convocado por el Senado. Ha participado en proyectos de investigación en ITESO, CIESAS, El Colegio de Jalisco y El Colegio de México. Ha impartido conferencias en México, Colombia y Estados Unidos. Ensayos de su autoría han aparecido en Nexos, Replicante y Este País. Ha publicado artículos académicos en revistas de México, Argentina y España, además de haber escrito, solo o en coautoría, seis capítulos de libros y haber sido editor o coeditor de tres libros sobre calidad de vida.

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