Transparencia Internacional dijo hoy que en los últimos tres años no encontró avances en la lucha contra la corrupción en México. Académicos, activistas y expertos financieros coinciden. La Unidad de Datos de SinEmbargo revela que han pasado al menos 60 años, 10 presidentes, muchas promesas y muy poca acción.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– Combatir la corrupción y la crisis de violaciones a los derechos humanos no ha sido una prioridad del Estado mexicano en los tres primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto, aunque desde el Presidente hasta secretarios, diputados, senadores, gobernadores o líderes de partidos presuman avances que sólo ellos ven, y que no se basan en en un política integral de rendición de cuentas ni sanciones ejemplares contra servidores públicos que infringen la Ley, coincidieron investigadores, activistas y expertos financieros consultados por SinEmbargo.

De acuerdo con una investigación de la Unidad de Datos de este este sitio digital, si el combate a la corrupción no ha sido prioridad para el Gobierno federal en el actual sexenio, tampoco lo fue para los gobiernos del PRI y del PAN que lo antecedieron en casi seis décadas. Sin embargo, las promesas de exterminar ese “cáncer”, como lo denominan los expertos en transparencia, sí les sirvieron a los últimos 10 presidentes de México –incluido el propio Peña Nieto– para captar simpatías y votos que los llevaran hasta Los Pinos.

Así, la corrupción en México está lejos de erradicarse y, al contrario, hoy es una actividad criminal que le cuesta al país el 9 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que representa el doble de las ganancias del crimen organizado y más de los dividendos que deja la extracción anual de petróleo crudo.

Ayer, dos informes liberados por las organizaciones Transparencia Internacional (TI) y Human Rights Watch (HRW) sacudieron de nuevo los argumentos optimistas del Gobierno federal sobre el aumento de la corrupción y el quebranto a los DDHH, y evidenciaron el mínimo avance que esta administración ha logrado para revertir ambos males.

Por un lado, Human Rights Watch criticó el ”poco progreso en los esfuerzos para procesar criminalmente” a los responsables de las violaciones de derechos humanos en el país y, por el otro, Transparencia Internacional dijo que el combate a la corrupción “se ha hecho de manera muy tibia”.

HRW dijo que en México es habitual que el sistema penal ordinario no logre proporcionar justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos a causa de la corrupción, la falta de capacitación y recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos.

En el mismo sentido se expresó Alejandro Salas, director para las Américas de TI, al decir que ”en países como México, donde la policía está al servicio de caciques locales o al servicio de presidentes municipales, de gobernadores de las provincias, la policía no está haciendo su trabajo profesional e independiente, sino que está respondiendo a intereses de ciertos grupos, muchas veces grupos ilegales como el narco”.

Salas reconoció en conferencia de prensa desde Berlín tener dudas de que en el país se vaya a combatir realmente la corrupción a pesar de que se ha reactivado la agenda anticorrupción después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En su Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional, México reprobó por cuarto año consecutivo con 35 puntos de 100 posibles.

Al respecto, Guadalupe Correa Cabrera, investigadora de la Universidad de Texas, comentó que el resultado del informe de Transparencia Internacional muestra que “cada día somos más corruptos”, pero también una situación preocupante en la que refleja que el Gobierno federal –que inició sus funciones el 1 de diciembre de 2012– ha dejado pasar toda una serie de casos que involucran corrupción en todos los niveles que involucran a la cúpula priista en estados, municipios y el ámbito federal.

La especialista citó casos de priistas caídos en desgracia, como el de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, quien fue encarcelada por la actual administración, pero hasta ahora no se han transparentado las finanzas de la organización gremial.

Otro caso es el del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, quien tras su detención y posterior liberación en España, por lavado de dinero y su presunta vinculación con Los Zetas, recibió todo el respaldo de la cúpula priista.

“Esto nos dice que toda la cúpula desde arriba hasta abajo tiene problemas, este Gobierno priista está protegiendo a otros gobiernos priistas y panistas que han dejado endeudados a sus estados, en esta especie de contrato de ‘no te hago y no me haces’, todo mundo hace lo que quiere hacer porque desde arriba tienen cola que les pisen, tienen preocupación de que sus cuentas puedan ser investigadas”, expresó.

La investigadora cuestionó el hecho de que hasta ahora no se haya abierto el debate en torno a cuentas como la del ex Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, señalado por haber obtenido beneficios para él y su familia en el negocio inmobiliario durante su gestión.

“No se ha hecho nada, al contrario, se ha solapado y se ha protegido a quienes toda la sociedad conocemos que han tenido problemas, como Moreira Valdez, Javier Duarte de Ochoa –el actual Gobernador de Veracruz–, no es posible que se estén dando cuenta cómo dejan a sus estados, ¿qué ha pasado con este dinero?, no ha habido ningún esfuerzo. Cada día somos más corruptos”, dijo Correa Cabrera.

En materia de derechos humanos, expresó que el reporte de Human Rights Watch refleja lo que todo mundo sabe lo que pasa en México.

“Que cada quien hace lo que se le da la gana”, porque en la medida que crecen las violaciones y los casos emblemáticos, también lo hace la impunidad.

Tierra Blanca, Tatlaya, Tanhuato, Chilapa… “Todo el tiempo están matando y desapareciendo gente, la violación a los derechos humanos por parte de las agencias de seguridad mexicanas se da a todos los niveles. Todos tienen algún evento que nos hace cuestionar su compromiso con los derechos humanos”, expuso.

Para Ernesto Gómez Magaña, director ejecutivo de la organización Participación Ciudadana, opinó que el informe de Transparencia Internacional deja a los mexicanos y a sus autoridades la reflexión de que las cosas no han cambiado mucho, pues así lo refieren las cifras sobre la percepción actuales y de años anteriores.

“Hemos hablado que en México tenemos una situación crítica en términos de corrupción y sin embargo nos mantenemos en lo mismo. ¡Vaya! Así como sirve para levantar focos rojos, también nos hace pensar por qué no hemos trabajado en el tema para mover algo. Porque parece incluso que nos hemos quedado en el mismo discurso: que la corrupción es grave, que la corrupción es importante y no sé si estamos dando los pasos necesarios para erradicar eso”, comentó Gómez Magaña.

El experto en transparencia agregó que las políticas públicas del país se hicieron con ayuda de datos como los de Transparencia Internacional, pero no se han alcanzado las metas, pues la percepción para el Gobierno federal es importante. Sumado a ello, dijo, la población tampoco está ayudando a que la situación sea distinta.

“El reto fue el Sistema Nacional Anticorrupción, que comenzó con mucho brillo pero ha tenido poco alcance”, refirió el director de Participación Ciudadana.

LOS COSTOS DE LA CORRUPCIÓN

Para Juan Manuel González Navarro, integrante de la Comisión en Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores de México, la perspectiva para los siguientes tres años no es positiva, en particular porque la la corrupción también golpeará los bolsillos de los mexicanos.

“La corrupción inhibe el crecimiento de las instituciones y la prestación de servicios por parte de todos los organismos de gobierno, principalmente. Además, si el ingrediente de la corrupción se le añade a la crisis financiera y económica que estamos viendo en estos momentos por el tipo de cambio que se ha disparado y por la baja en los precios del petróleo, los problemas en la economía nacional se agudizarán”, comentó.

Y es que sólo para 2015, de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico), la corrupción le costó al país el equivalente al 9 por ciento del PIB, es decir 1 billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos. El Banco Mundial (BM) coincidió con la cifra y agregó que la cantidad podía compararse con el 80 por ciento de la recaudación de impuestos nacional.

Los costos de la corrupción pueden ser directos o indirectos, pero ambos son un obstáculo a la productividad, a la competitividad, a la inversión, y dentro de todo, al crecimiento.

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estima que 86 mil millones de pesos son utilizados en desvíos, subejercicios, despilfarro de recursos públicos y pagos indebidos en el gobierno, y según Transparencia Mexicana, en 2010 se destinaron 32 mil millones de pesos a mordidas, e incluso, los hogares con salario mínimo destinan al año el 33 por ciento de sus ingresos para pagar actos de corrupción.

Otro dato, de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), que es realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indica que el 48.5 por ciento de los mexicanos considera a la corrupción uno de los problemas más importantes que tienen y que les cuesta a las familias 165 pesos al día, según una investigación de Instituto Mexicano para la Compertitividad (IMCO).

DDHH: UNA CRISIS QUE SE RELEGA

Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, aseguró que el diagnóstico de HRW no está errado y que “las fuerzas encargadas de hacer cumplir la Ley, desafortunadamente no están ocupando los protocolos de uso de fuerza, lo que ha llevado a que haya violaciones de derechos humanos que no han sido investigadas de manera exhaustiva”.

“En Amnistía coincidimos con el diagnóstico de Human Right Watch en el sentido que hay violaciones de derechos humanos, en que no tenemos políticas públicas enfocadas a abatir la crisis, que tenemos marcos normativos buenos que muchas veces no se aplican, y que es una de las más severas crisis de derechos humanos”, aseveró el director de AI México.

Quiroz dijo que “el Estado mexicano tiene una deuda con los derechos humanos, además que no se han atendido de la manera más adecuada”.

En tanto, Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), dijo que en México no existe un plan, un programa integral, en la búsqueda de abatir la corrupción y tampoco para mejor las condiciones en materia de derechos humanos.

“No se aseguran de un resultado positivo en mediano y largo plazo. Por ejemplo se está discutiendo la Ley General en Desapariciones Forzadas, luego llegará un proceso de implementación que llevará años y los casos no se detendrán, como pasa en Tierra Blanca [Veracruz]”, dijo.

México, expuso, no avanza en el combate a la corrupción y violación de derechos humanos, porque no hay una estrategia y sólo acciones fragmentadas.

El investigador ejemplificó con el tema de la reforma al sistema de justicia penal acusatorio, que data desde hace ocho años, pero nunca hubo un “plan maestro”.

“En este caso vence el plazo para que esté funcionando en todo el país el sistema pena acusatorio, y hay estados como Sonora, que apenas a finales del año pasado empezó a trabajar en el tema”, dijo.

La falta de estrategia han llevado a México a compararse con Guatemala, pero de manera negativa. Guatemala, recordó Cortez, tiene marcadas diferencias con México. El vecino del sur dio un ejemplo claro al procesar ante tribunales a altos mandos acusados de corrupción.

Ayer, durante el Informe Anual de Actividades 2015 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Luis Raúl González Pérez, el Ombudsman nacional, , dijo que la población mexicana no ha aprendido la lección después del caso Iguala, pues a las víctimas no les sirve tener un papel que diga que se les violaron sus derechos mientras no haya reparación del daño y garantía de no repetición.

A pesar que existe inconformidad contra la violencia y la barbarie, el caso de los cinco desaparecidos de Tierra Blanca, Veracruz, “hace cuestionarnos sobre nuestra capacidad para aprender del pasado y si efectivamente queremos y podemos superar nuestras deficiencias y omisiones”, dijo.

“Es urgente replantear las políticas públicas en esta materia y revisar el marco normativo aplicable, para que estas conductas puedan ser prevenidas o, en su caso, denunciadas, investigadas y sancionadas debidamente”, expuso González Pérez.

–Con información de Juliana Fregoso, Shaila Rosagel, Daniela Barragán y Sergio Rincón.