Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).– Tras darse a conocer que Canadá colaboró de forma activa con la compañía minera Excellon, que opera en México y que ha sido acusada de reprimir de forma violenta protestas pacíficas contra sus operaciones en la localidad de Ejido La Sierrita de Galeana, habitantes de la comunidad expresaron su indignación ante la actuación de la Embajada.

Dijeron que Canadá incumple su obligación de promover y proteger los derechos humanos.

El pasado 25 de febrero fue difundido el informe “Las entrañas de la complicidad canadiense: Excellon Resources, la Embajada de Canadá y la violación de los derechos laborales y a la tierra en Durango, México”, de MiningWatch Canada y United Steelworkers.

De acuerdo con el documento, “diplomáticos canadienses en México fueron cómplices” en acciones de Excellon, como la violación de contratos, malas condiciones laborales y represión.

Los habitantes del Ejido La Sierrita de Galeana dijeron hoy que el informe evidencia el apoyo incondicional que el Estado canadiense brindó a Excellon con el objetivo de salvaguardar sus intereses económicos a costa de la violación de nuestros derechos humanos.

Específicamente, dijeron, durante el período de julio a octubre de 2012, cuando “realizamos una manifestación pacífica en tierras ejidales a las afueras de la mina La Platosa”.

Entre los hechos que denuncian los ejidatarios se encuentran:

• La Embajada estaba dispuesta a espiar a pobladores, a presionar a oficiales del Estado a favor de la empresa y que estimó pertinente el uso de métodos represivos contra la manifestación pacífica del ejido La Sierrita con el propósito de garantizar la operación continua de la mina de Excellon.

• La embajadora de Canadá en México, Sara Hradecky, ordenó a sus subordinados utilizar una reunión con nosotros y nuestros representantes, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), con el objetivo de recopilar información útil para la empresa en lugar de atender nuestros legítimos alegatos en cuanto a las violaciones a los derechos humanos perpetradas por Excellon.

• El intento de desalojo de nuestra manifestación pacífica por parte de alrededor de 100  elementos de seguridad federal, estatal y municipal se realizó con el conocimiento y la anuencia de la Embajada canadiense, la cual un mes antes tuvo conocimiento de que la Secretaría de Gobernación había expresado “hay que retirar el bloqueo; ya sea por la fuerza, o por la negociación”.

• Tras el desmantelamiento violento de nuestro plantón pacífico el 24 de octubre de 2012 y como una muestra de la relación colaborativa entre Excellon y la Embajada, Wayne Robson, Delegado Comercial de la Embajada, envió un correo electrónico a Brendan Cahill felicitándolo por su nombramiento como Presidente de Excellon. En la comunicación, el Delegado expresó: “Esperamos continuar trabajando con usted en el próximo año”.

“Fue particularmente injusto e irrazonable considerando nuestra constante apertura al diálogo en contraste a la repetida falta de voluntad de la empresa de revisar los diversos incumplimientos del Contrato de Ocupación Temporal de nuestras tierras”, expusieron en el comunicado.

Confiaron en que la Embajada de Canadá estará ahora en la disposición de construir una relación basada en el respeto a nuestros derechos humanos.

Finalmente, expresaron que, pese a la desigualdad de condiciones, el 23 de enero se les notificó una resolución en la que se liberó el pago total a favor del ejido La Sierrita por concepto de la renta de sus tierras a la minera Excellon.

“La resolución representa un importante avance en el ejercicio del acceso a la justicia de comunidades agrarias e indígenas que defendemos nuestros derechos humanos ante las violaciones realizadas por empresas trasnacionales”, señalan.

El conflicto estalló en el verano de 2012 cuando miembros de la comunidad Ejido La Sierrita, en el estado de Durango, iniciaron una protesta contra la compañía minera a la que acusaban de repetidas violaciones de contrato en la mina La Platosa.

En agosto de ese año, un centenar de militares y agentes policiales disolvieron de forma violenta la protesta frente la mina La Platosa, dedicada a la extracción de zinc, plata y plomo.

Numerosas compañías mineras canadienses que operan en Latinoamérica y otras regiones del mundo han sido denunciadas en los últimos años por organizaciones como MiningWatch Canada, que las acusan de ignorar las comunidades en las que operan y fomentar la represión violenta de protestas.