Óscar Loza Ochoa, enlace de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa, señaló que la administración actual ha hecho un cálculo incorrecto de recursos económicos para el tema de desapariciones.
Por Marcos Vizcarra
Ciudad de México, 27 de febrero (Noroeste/SinEmbargo).- En su primer año como Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel registró la desaparición de un menor de edad cada cinco días, pero en el presupuesto prefirió invertir en traer artistas y no en crear campañas y contratar investigadores contra desapariciones, aseguraron activistas.
Óscar Loza Ochoa, enlace de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa, señaló que la administración actual ha hecho un cálculo incorrecto de recursos económicos para el tema de desapariciones.
En primer plano, indicó, no se tiene un plan estratégico de prevención para tratar de disminuir el número de desapariciones, tampoco recursos financieros que permitan la contratación de personas especializadas, lo que dificulta y agrava la carga para los fiscales actuales.
“Lo primero que resalta es ausencia de voluntad y enseguida los recursos que se tienen que destinar precisamente a el renglón para fortalecer las tres fiscalías que hay en el Estado, no solamente más fiscales, sino mayor número de agentes investigadores especializados en este tema”, indicó.
“No se ve estrategia, porque bueno, una buena parte del trabajo la hacen los familiares, pero por más que hagan están yendo atrás de un fenómeno que va creciendo cada día y de lo que se trata es de detener la práctica y ahí es donde se habla de voluntad, los recursos y un plan”.
De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado, en 2017 se registraron 73 casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años. Es decir, en promedio cada cinco días desapareció un menor de edad.
Ante la falta de voluntad, recursos y un plan para buscar a personas desaparecidas, el trabajo de búsqueda, señaló Loza Ochoa, quedó en manos de los grupos de familiares de personas desaparecidas.
Por su parte, María Isabel Cruz, líder del grupo Sabuesos Guerreras AC, el problema principal radica en el manejo de recursos y las prioridades de Gobierno del Estado.
“Las cifras no queremos que crezcan más, no queremos que sean más niños, que ellos (Gobierno del Estado) ponga un poco de sensibilidad y metan el billete no haciendo bailes, que lo implemente como debe de ser”, indicó.
NO HAY TRABAJO CONJUNTO
La Red por los Derechos de la Infancia documentó en julio de 2017 que Sinaloa se colocó como una de las entidades de mayor índice de plagios de menores de edad por cada 100 mil habitantes. Antes que Sinaloa están el Estado de México, Puebla y Colima.
La red advirtió en ese momento que las cifras se tomaron del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, pero que esas son solo una aproximación de la realidad, al asegurar que la cifra negra llegó hasta en un 93 por ciento para 2016 conforme a datos de INEGI.
A la fecha, aseguró María Isabel Cruz, no se ha tenido un trabajo en conjunto con autoridades para crear un proyecto conjunto entre sociedad y Gobierno en el que se pueda establecer líneas de acción para localización de personas.
Tampoco, prosiguió, se tiene certeza de las prioridades de la administración respecto al tema de desapariciones, pero que por lo que se tiene documentado con cifras y testimonios, estas no giran en torno a una disminución de casos.
