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Ernesto Hernández Norzagaray

27/04/2019 - 12:05 am

Los demonios de Marín y Nacif

Llegó el día.

¿Qué le debía Mario Marín a Kamel Nacif para qué a diez meses de haber asumido el cargo de gobernador haya enviado a cinco agentes poblanos hasta la distante Cancún con una orden de arresto? Foto: Cuartoscuro

Llegó el día.

Lydia Cacho luego de trece años en búsqueda de justicia por haber sido detenida y torturada física y psicológicamente en el trayecto de los 1 500 kilómetros que separan Cancún de Puebla por fin una magistrada federal ha liberado una orden de arresto en contra del ex Gobernador poblano Mario Marín y Kamel Nacif, el llamado Rey de la Mezclilla, cómo autores intelectuales.
Ambos al no ser localizados en sus domicilios “normativamente” se les considera prófugos de la justicia, cómo lo afirmó el titular de la FGR-Puebla.

Recordemos que la autora del libro Los demonios del Edén reveló en ese texto que 19 empresarios y políticos realizaban periódicamente fiestas a donde eran llevados menores de edad que eran explotados sexualmente.

Esta denuncia disgustó sobremanera a Kamel Nacif, quien en Puebla entabló una demanda por difamación y calumnias en contra de Lydia Cacho. Hasta ahí todo seguía su curso normal como asiste a toda persona que se dice agraviada por una publicación, sin embargo, el debido proceso se tuerce cuando se supo por una llamada de agradecimiento que Kamel Nacif hizo al entonces gobernador Mario Marín porque su gobierno había aprehendido a “esa vieja cabrona” y a los agentes poblanos que le habían dado un “coscorrón” lo que demostraba que “en Puebla si se aplica la ley”.

¿Qué le debía Mario Marín a Kamel Nacif para qué a diez meses de haber asumido el cargo de gobernador haya intercedido ante el Poder Judicial y fueran enviado cinco agentes poblanos hasta la distante Cancún con una orden de arresto? ¿Acaso, le debía algún favor prestado durante la campaña electoral de 2005 que le permitió alcanzar el triunfo? ¿Sería qué el mismo era parte de la red de pederastas y participaba de los aquelarres con menores? O peor todavía, ¿debía un favor electoral y además gozaba de esos aquelarres de pederastia?

No sabemos las razones de ese vínculo entre ambos, pero no hay que pecar de ingenuos, la relación entre estos personajes y ese trato, ese maldito trato de piquete de ombligo, que está detrás de la expresión “mi gober precioso”, deja entrever cualquier complicidad imaginable.

En la política tradicional mexicana el favor se paga, con otro favor, con otra complicidad, pero eso lo habrán de determinar si se lleva una investigación a fondo cuándo este sujeto y sus compinches sean detenidos para ser puestos ante un juez y rindan cuentas sobre lo ocurrido la noche del 16 de diciembre de 2005.

En tanto una primera lectura de legos permite respirar una bocanada de aire fresco en el ambiente de la justicia y eso es una buena noticia, en materia de violación de derechos humanos. Incluso. El presidente López Obrador, cuándo supo de las ordenes de aprehensión, manifestó que le dio gusto y que él no fue consultado para la toma de la decisión “cómo se hacía antes” y eso habla, diría, bien porque estamos viviendo nuevos tiempos en materia de impartición de justicia.

Lydia Cacho en una conferencia de prensa reciente sostuvo que esta larga lucha por la justicia que tuvo más eco mediático, que judicial no es por valentía ni heroísmo, “sino por mis colegas que han ido desapareciendo por hacer su trabajo adecuadamente” por haber denunciado este y otros tipos de abusos del poder”.

Y no fue fácil el litigio en las distintas instancias, en México nunca recibió una sentencia favorable, todavía en 2015 Olga Sánchez Cordero, la actual Secretaria de Gobernación, siendo ministra de la Corte concluyó que la periodista: “Si había sido víctima de violaciones pero que estas no habían sido graves”.

Sin embargo, la periodista no conforme con los fallos en contra siguió adelante con su demanda de justicia de la mano con la organización Artículo 19 que llevó su caso ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (ACNUDH) y, a principios de noviembre del año pasado, este organismo supranacional emitió la primera sentencia de este tipo en contra del Estado mexicano.
Así, demandó la reparación del daño en forma integral y como muestra de buena voluntad el nuevo gobierno le dio una disculpa pública a la periodista y escritora, pero todavía está obligado a procesar, juzgar y castigar a los responsables de los ataques contra Cacho.

La magistrada María Elena Suárez, titular del Primer Tribunal Unitario del estado de Quintana Roo, emitió el pasado 11 de marzo la orden de captura en contra de Mario Marín y Kamel Nacif, entre otros, sin embargo, la sentencia al parecer adolece de una debilidad procesal.

Quien dicta la orden de captura es un tribunal federal y este por su ámbito de acción no tiene competencias en los delitos del fuero común. Si jurídicamente es así la situación los acusados tendrían la posibilidad de ampararse y evitar ir así a la cárcel a purgar una condena. O sea, en esta lógica jurídica, debió ser un juez del ámbito local quien girara la orden de aprehensión para que se siguiera como lo que es, un delito del fuero común.

No es casual que haya quienes califican las ordenes de aprehensión como una “farsa” por la falta de competencias de la fiscalía ya que los delitos son del orden común y por ello el riesgo de que la impartición de justicia termine como muchos otros casos en un fiasco para la justicia mexicana.

Lydia Cacho dedicó esta lucha por la justicia a sus colegas que ha visto desaparecer en estos catorce años y si lleva esta dedicatoria tan especial, no puede, ni debe terminar, en una farsa cómo respuesta a una sentencia que ha emitido la ACNUDH.

De ser así dejaría en una mala posición a un país que recientemente recibió en visita a la Alta Comisionada de Naciones Unidas de derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, y quien se fue consternada por el estado en que encontró la vigencia de los derechos humanos en nuestro país.

En definitiva, llevar a un buen término va a depender mucho de su desenlace, para saber si realmente existe un cambio de fondo en la impartición de justicia y en especial para el gremio de periodistas.

Un gremio que en los últimos años ha sufrido como nunca ataques incluido el asesinato de sus miembros en distintos estados y es que con esa eventual falla se juega una carta valiosa para el respeto de la libre expresión.

Hay que estar pendiente al final del día.

Ernesto Hernández Norzagaray
Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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