Parque eólico en Guanajuato. Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro.

Por Francisco Reynoso (@_trashumante)*

Nadie va a negar que cuidar y proteger el ambiente no sólo es importante, sino que es primordial para nuestra propia subsistencia. Pero, tampoco podemos seguir ignorando que el discurso ambiental es constantemente el discurso hegemónico para resolver los problemas sociales y la ocasión perfecta para validar la participación del capital privado en su solución.

Se ha señalado hasta el cansancio, por ejemplo, cómo existen vínculos explícitos entre la política neoliberal del desarrollo urbano y el ambiente, los cuales suelen definirse primeramente en términos del requerimiento de una ciudad verde y limpia como requisito para atraer el capital, la élite profesional y el turismo. Con ello, los gobiernos demuestran su sentido de responsabilidad global mediante la adopción de iniciativas ambientales y participan en programas internacionales sobre ambientalismo urbano.

Un claro ejemplo de esto fue la participación del exjefe de Gobierno de Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, en el Consejo Mundial de Alcaldes para el Cambio Climático y en la organización del Congreso de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que tuvo lugar en la Ciudad de México, en noviembre de 2010. Y, en esta misma lógica, también la ecoBici y ecoParq que Ebrard nos trajo con ayuda de inversionistas privados para mejorar el ambiente y la imagen de la ciudad durante su administración. En el caso de los parquímetros (que ya es evidente por su nombre de marca), fue claro cómo se privilegió el discurso ambiental para ponerlos en funcionamiento sin importar la realidad económica y social de la informalidad bajo la cual se sostienen actores diversos, como los franeleros.

Mejorar la imagen es algo que preocupa mucho también en términos nacionales y cada vez más conforme el mundo se globaliza. El quédirándenosotros es algo que aqueja mucho a un sector importante del país y, desde hace ya varias semanas, se ha mostrado muy preocupado por el aparente revés que el Gobierno de la 4T le ha dado a las energías renovables en el contexto de la pandemia de la COVID-19. El acuerdo de la Cenace, por el cual se detenían exclusivamente las pruebas necesarias para los nuevos proyectos de energía eólica y solar, prendió legítimos y necesarios focos rojos que ya se han señalado y compartido en diversos medios.

Es cierto que, de detener el franco aumento que venían aportando las energías solar y eólica, nuestra matriz energética será indiscutiblemente más sucia, ya que para cubrir la creciente demanda de energía se recurrirá a la quema de hidrocarburos; muy probablemente el combustóleo de Pemex que hoy sobra por la pandemia. Según el propio AMLO, continuará la generación de energías renovables mediante las hidroeléctricas a cargo de la CFE; pero los recursos del presupuesto de egresos de la federación apuntan más bien a un fortalecimiento de los hidrocarburos, pues contra los 20 mil millones de pesos para la modernización de 60 hidroeléctricas, se destinarán, en cambio, más de 8 mil millones de dólares tan solo para la refinería de Dos Bocas, es decir un presupuesto casi 10 veces mayor. 

¿Entonces quédirándenosotros los inversionistas internacionales por quemar más hidrocarburos? Pues que estamos yendo en sentido contrario al resto del mundo, aunque el único país que vaya a cumplir su contribución nacionalmente determinada sea Marruecos, y que nadie va a querer invertir en el país.  La semana pasada, por ejemplo, declaraba el presidente de la Cámara de Comercio de Canadá en México que con el acuerdo de la Cenace se “violan abiertamente compromisos internacionales como el Convenio (sic) de París”, pero nunca mencionó la violación del Convenio 169 de la OIT en la implementación de dichos proyectos renovables.

Tampoco lo hicieron los siete gobernadores de oposición preocupados por el cumplimiento del Acuerdo de París, a pesar de que en sus propios territorios se llevan a cabo técnicas de extracción de petróleo hipercontaminantes como el fracking y que violan derechos trascendentales como el acceso al agua potable. Es más, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco J. García Cabeza de Vaca, por ejemplo, ha señalado la importancia de la fractura hidráulica como una tecnología moderna que ha permitido que tan solo el estado norteamericano de Texas produzca diariamente más de 2 millones de barriles de petróleo crudo. Lo de este grupo es en realidad un ambientalismo ad hoc y de golpeteo político.

En Fundar hemos señalado reiteradamente que el andamiaje construido por la Reforma Energética, que incluye el marco legal actual para la transición, facilita que las empresas violen los derechos de las comunidades con el auspicio del Estado mexicano. Un caso ejemplar es lo que sucedió en el Istmo de Tehuantepec en 2015, donde, tan sólo las violaciones a los derechos de la comunidad zapoteca de Juchitán, son innumerables. En el marco de una “consulta indígena” simulada sobre el proyecto de la empresa Eólica del Sur, que incumplió con los principios de consulta previa, libre e informada que rigen el Convenio 169 de OIT por haber autorizado y entregado los principales permisos para la operación del proyecto sin haber otorgado su libre consentimiento, las y los defensores sufrieron persecuciones, agresiones, encarcelamientos y amenazas de muerte por parte de las empresas extranjeras eólicas, por defender su derecho al territorio. Su casa.

De esto, pocos inversionistas hablan porque, como señalé al principio, es el (derecho al medio) ambiente, y no los derechos de las comunidades, el discurso que permite la acumulación del capital.

Reza un famoso meme en redes: El ambientalismo sin conciencia de clase es mera jardinería. Así que para corregir esa visión miope del ambientalismo hace falta recordar que no existen los problemas ambientales, existen los problemas sociales o, en todo caso, socioambientales. De esta manera, empresarios, algunos grupos ambientalistas y, sobre todo, la 4T entenderán que la transición energética no sólo es una lucha ambiental por descarbonizar las matrices energéticas de los países y mitigar o eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero que agravan el calentamiento global; sino que también es una lucha social contra los megaproyectos “verdes” a costa de la vida y las maneras de vivir de las comunidades. La transición energética no debe ser vista exclusivamente como un fin ambiental, debe entenderse también como un medio para lograr el bienestar. Y no olvidar, como dijo ayer la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio en su Comunicado sobre el actual debate de las energías renovables en México: “no es energía verde si destruyen geografías”.

*Francisco Reynoso es investigador en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico