Érik fue detenido en una gasolinera en avenida Canal de Apatlaco; una hora después fue detenida Verónica, cerca de su casa, en la colonia Obrera de la capital, en 2011. Siete hombres vestidos de civil pero que portaban armas largas, la encañonaron, la esposaron y la subieron a un automóvil sin placas oficiales.
Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).– El Juez Octavo de Distrito en el Estado de México dictó sentencia absolutoria en favor de Erick Iván Razo Canales, acusado injustamente de secuestro y delincuencia organizada, por lo que este día ordenó su inmediata libertad del Centro Federal de Readaptación Social de “El Altiplano”, donde estuvo 11 años.
No obstante, su hermana, Verónica Razo Canales, continúa privada de la libertad en el Cefereso Femenil 16 de Morelos, sentenciada a 25 años de prisión, acusada de los mismos delitos. Además, fue víctima de tortura, según constan dictámenes conforme al protocolo de Estambul.
Los hermanos Razo fueron detenidos el 8 de junio de 2011 en la Ciudad de México por elementos de la extinta Policía Federal; los acusaron de secuestro y delincuencia organizada.
Casi 24 horas después de su detención, fueron presentados ante un Agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la entonces PGR, donde rindieron su declaración sin presencia de un abogado e inculpándose por los delitos. Tras la detención, la autoridad exhibió ante medios de comunicación a los hermanos Razo y aseguró que eran unos “peligrosos delincuentes”.
De acuerdo con el Instituto Federal de la Defensora Pública (IFDP), en reiteradas ocasiones Verónica y Erick han sostenido que fueron víctimas de diversos tipos de tortura y tratos crueles e inhumanos por los agentes. Los obligaron a firmar declaraciones falsas, en las que aceptaban pertenecer a una banda dedicada al secuestro. También señalaron a personas que no conocían como responsables de dos supuestos secuestros.
Ante esta situación, el Instituto Federal de Defensoría Pública, creada por mandato del Ministro Presidente Arturo Zaldívar, pidió el cese de la medida cautelar de la prisión preventiva para ambos casos a fin de sustentar dicha petición, se ofrecieron pruebas documentales y testimonios para acreditar que los usuarios no representan riesgo de evadirse del proceso legal.
El año pasado, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU emitió en su opinión 14/2021 que: “Los señores Razo Casales han sido discriminados, atacados, humillados, maltratados, continuamente revictimizados y mantenidos en una situación de indefensión, todo lo que les ha provocado un profundo quebrantamiento en su personalidad, su identidad emocional y su salud mental”.
