En México las elecciones no se consideran como el máximo ejercicio de la soberanía popular, sino más bien como el resultado de la intriga y del abuso del poder. En consecuencia, quien pierde la carrera no lo atribuye a la falta de favor por parte de la opinión pública, sino a las prácticas fraudulentas de su adversario, quien en violación del derecho, comete el delito de usurpación.

A causa de mi posición en la prensa libre durante los últimos años, una infinidad de quejas documentadas sobre ataques al voto popular ha llegado a mis manos. Llenan una caja –y no es hipérbole– de medio metro, y los guardo como material para la historia política del presente período presidencial.

Teóricamente, las elecciones en un Estado republicano determinan qué grupo de hombres debe definir la política a seguir y administrar las leyes, pero los políticos mexicanos consideran demasiado importantes estas cuestiones para dejar que un destino electoral la decida. No se puede reprochar a los presidentes mexicanos el haber influido en las elecciones, pues de abstenerse por completo, serían los gobernadores los que harían las elecciones, y si estos se abstuvieran también, el clero sería el que obtuviera el triunfo, poniendo fin a la Constitución y a nuestros sueños de libertad.

Nunca sabremos hasta que grado fueron fraudulentas las elecciones, pero es claro que se cree que lo fueron. Los mexicanos simplemente no han tenido la menor fe en sus comicios. Las acusaciones abundan. Los derrotados claman que no se pueden encubrir las huellas de la corrupción en las urnas electorales que aparecen vendidas al gobierno. Otros protestan porque brigadas de empleados ha recibido la misión de transformarse en electores; miles de agentes del cohecho electoral han derramado los fondos públicos sobre las puertas que a deshoras se les abrían.

No falta el estudioso que afirma que faltaría a la verdad histórica si dijera que la mayoría del pueblo había acudido con plena confianza a las urnas, para designar a sus representantes y que las elecciones se habían verificado estrictamente conforme a las disposiciones de la ley, basadas en el sufragio universal. Según dice, los gobiernos locales arreglaron las cosas a su gusto y  tanto más independientes cuanto mayor la distancia que los separa de la capital. Es una falsedad cuando se nos asegura que realmente hubo elecciones populares.

Existe la convicción entre los votantes de que en el partido en el poder controla, en cada caso, los resultados de la elección en favor de su candidato, sin tomar en cuenta los votos depositados. Es claro que un gran número de mexicanos no cree en la rectitud y legitimidad de los procesos electorales de su país. Tal falta de confianza aumenta la abstinencia de participar, ya de por sí tan extendida, lo cual sin duda simplifica la tarea de aquellas personas dolosas que desean influir los resultados de las elecciones. A su vez, la falta de fe y la corrupción tan extendida producen protestas casi automáticas por fraude de parte de los que aparecen como perdedores.

Los derrotados en las elecciones bien pueden haber exagerado el gado de corrupción y se unen a los otros perdedores en sus generalizaciones sobre las irregularidades, contribuyendo así a la creencia paranoica en una conspiración de envergadura nacional. Además, la corrupción de funcionarios puramente locales es considerada  como parte de la política nacional ordenada por el Presidente.

No, no me refiero a las elecciones presidenciales de 2012. Los párrafos anteriores no son más que un collage editado de diversas citas sobre las elecciones en la época de la República Restaurada. Tomé párrafos de José María Vigil, de Ignacio Ramírez, de García Granados y de Laurens B. Perry, el estupendo estudioso de las maquinarias políticas de Juárez y Díaz. Me tomé la libertad de eliminar las referencias concretas y de modificar detalles para darle un sentido intemporal al texto. Todas son referencias a las elecciones de la época de Juárez y de Lerdo de Tejada. Sin embargo, suenan demasiado contemporáneas.

Tal vez ya sea tiempo de que los políticos mexicanos dejen de tener como referencia discursiva a los políticos del siglo XIX. Uno hay que presume de haber leído mucho sobre ese período, y se le nota, al grado de que habla como si las cosas siguieran siendo exactamente iguales que en los tiempos de su obsesión histórica. Es curioso, pero aunque se declare juarista, las protestas que modelan su estrategia las impulsó sobre todo Porfirio Díaz, quien clamó fraude en la sucesivas elecciones en las que participó y perdió, para, finalmente, hacerse con el poder en nombre del pueblo defraudado. Lecciones de la historia al fin y al cabo.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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