La pobreza es uno de los factores por el que las autoridades municipales son más vulnerables a la violencia. Especialistas coinciden en que los 16 alcaldes asesinados durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto han sido dejados a su suerte en el combate a la delincuencia organizada. En aquellos lugares donde hay mayor carencia de recursos, una Ley rige: plata o plomo. ¿Por qué las agresiones a los ediles continúan?

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).– El asesinato de dos alcaldes en la última semana levantó una ola de cuestionamientos sobre las circunstancias de vulnerabilidad en las que muchas autoridades desempeñan su labor. Especialistas que la violencia no aqueja a todos los presidentes municipales, pero sí se generaliza en aquellas localidades con menos recursos.

Hace seis años el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) destacó que mil municipios del país tenían más del 75 por ciento de su población en pobreza. Y hoy, la falta de recursos a los municipios ha terminado por hacer de sus autoridades un blanco fácil, refrendaron especialistas.

“Está claro que los alcaldes por sí solos no pueden combatir contra la inseguridad del crimen. En ningún lado se puede hacer eso sin el apoyo de los otros órdenes de Gobierno”, dijo Santiago Roel, director de la organización Semáforo Delictivo.

Un trabajo del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública del Congreso refirió en el 2012 el vínculo que existe entre la marginación económica y la incidencia delictiva a nivel municipal.

Sin embargo, programas que pretendían bajar la delincuencia a través del mejoramiento del bienestar –como es el caso del programa de la Secretaría de Desarrollo Social “100X100”– no tuvieron éxito en 125 municipios. En parte porque la inversión se limitó a 30 millones de pesos.

Por otro lado, son 300 municipios, el 12.2 por ciento del país, los que recibieron este año el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) que suman 5 mil 465 millones de pesos. La suma no ha terminado de ser efectiva por la falta de articulación con otros niveles de gobierno para erradicar las causas de la violencia, coincidieron fuentes consultadas.

“Hay factores asociados. No sólo es un tema de vulnerabilidad derivado de la porpia pobreza, sino de una estructura político policial, realmente fracturada”, dijo el profesor Marco Arellano Toledo, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La semana pasada, el Alcalde de San Juan Chamula, Chiapas, Domingo López González, y el Alcalde de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, fueron asesinados. El primero cuando intentaba mediar con un grupo de comunitarios por la gestión de 50 millones de pesos en infraestructura, y el segundo emboscado en el tramo de la carretera que va de Michoacán a Ciudad Altamirano, Guerrero, por presuntos miembros del crimen organizado.

“Los dos incidentes tuvieron características distintas. Uno tiene vicios de cuestiones con el crimen, y el otro es una cuestión de ingobernabilidad. Pero tienen una coincidencia: la debilidad estructural de los cuerpos policiacos a nivel municipal”, dijo Erubiel Tirado Cervantes, profesor de la Universidad Iberoamericana.

José Campillo Reyes, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), detalló que en el caso de López González se destapó cómo la rivalidad política llegó a grados de delito en las comunidades más pobres del país.

El Coneval, en su informe “de pobreza y evaluación en el estado de Chiapas 2012”, detalló que en 100 municipios de la entidad la pobreza rondaba entre el 75 y 100 por ciento de la población.

“Lo que acabamos de ver es un caso impresionante en San Juan Chamula. Es una pugna entre el PRI y el Partido Verde [Partido Verde Ecologista de México]. Ahí siempre había ganado el PRI y ahora surgió otro grupo vinculado con el Verde que llegó a puestos de dirigencias con la ayuda del Gobernador [Manuel Velasco Coello]. Ahí se generó un problema. Tiene que ver con los recursos del municipio”, dijo Campillo.

NARCOPOLÍTICA

Los asesinatos a las autoridades locales son una muestra de la ingobernabilidad absoluta que atraviesa el país, destacó Arellano.

“Es un tema que no sólo es de los municipios sino de los estados; aquellos que no se corrompen son asesinados o al revés: aquellos que acceden y posteriormente traicionan al crimen son asesinados”.

Estas componendas inician desde las campañas electorales a nivel local, refirió el académico, donde una candidatura en un municipio ronda en 50 millones de pesos. Una necesidad de fondos que condiciona la manera de hacer política.

“El candidato o recibe dinero de los capos regionales que después quieren recibir un privilegio, o acercarse a la gente y si logran ganar con el desprecio al crimen, los aniquilan“, agregó Arellano.

Campillo Reyes refirió que la pobreza no es una cuestión que se límite a los municipios más chicos, pero sí a la gran mayoría, lo que las hace más fácil de coludir por células del crimen que ya operan en diversas plazas.

“El narcotráfico se presenta y exige que le den todas las facilidades para funcionar. Y muchas veces amenazan a los alcaldes les exigen que le entreguen el área para la policía”, dijo Campillo.

La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, un grupo de 43 normalistas fue desaparecidos en Iguala, Guerrero. El hecho destapó la colusión a la que han llegado las autoridades con el crimen organizado en los municipios del país, recordó Tirado.

Campillo explicó que el abandono de la seguridad municipal no viene de ahora. El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa dejó un saldo de 31 alcaldes asesinados.

“Las alcaldías siempre estuvieron abandonadas y ahí no hay mucho movimiento, ni político, ni económico ni social. Cualquier acción que pretendieran hacer los alcaldes termina en agresión al Presidente Municipal. Se denuncian que hay este tipo de ilícitos y simplemente no se hace nada”, recordó el académico.

FALTA DE PROPUESTAS

A partir de los asesinatos de los ediles de San Juan Chamula y de Pungarabato, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) solicitó una reunión con Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación (Segob), con el fin de presentar una propuesta sobre el protocolo de seguridad.

“Hay que rehuir de las fórmulas sencillas como las que están pidiendo los alcaldes, que quieren más policías, más armas y municiones, esa no es la solución. Se necesitan policías mejor preparadas y una mejor coordinación a nivel estatal”, dijo Tirado.

Tirado refirió que la actual gestión de Gobierno federal no ha tenido una propuesta concreta que solucione la violencia en los municipios. El pasado enero, la Secretaría de Gobernación lamentó la muerte de la Alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Mota Ocampo. No obstante, los homicidios a las autoridades continuaron.

Al mismo tiempo que la Fiscalía de Morelos apuntó a la célula criminal Los Rojos había sido la perpetradora del homicidio, el Gobierno federal reforzó la idea de generar un Mando Único policial en el país, en el que los estados controlen a las fuerzas de seguridad pública local.

“Es un hecho que buscan estos grupos intimidar, generar miedo y por supuesto no lo van a lograr porque seguiremos avanzando en la propuesta que se hizo desde el inicio de este Gobierno de enfrentar a los delincuentes, de coordinarnos con los estados, y por eso, desde el inicio lo hemos hecho con todos ellos, y particularmente en caso de Morelos con el Gobernador Graco”, dijo entonces Osorio Chong.

La propuesta, originalmente de Felipe Calderón, sigue congelada en el Congreso de la Unión. Los senadores aún no han logrado un acuerdo para homologar a los cuerpos policiales del país.

“Esta administración no ha tenido una propuesta concreta. Todo estaba centrado en la idea del Mando Único [en la cual la seguridad municipal pasa a manos del estado] y ya vimos que no es la solución. ”, dijo Tirado.