“Y son casos como el de Lydia Cacho los que más disparan la percepción de inseguridad y lleva a pensar que fue un golpe medido, calculado”. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

Inevitable no vincular la presentación del informe que presentó el domingo pasado el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre el número de homicidios dolosos durante el primer semestre y el asalto a la casa, a la intimidad, de Lydia Cacho en Puerto Morelos, Quintana Roo.

Cómo es del conocimiento público ese informe registró 17 mil 138 homicidios que comparado con el mismo periodo de 2018 que reportó 15 mil 973 representa un incremento de 7.2 por ciento. Un aumento que en si es motivo de alarma porque los datos del nuevo Gobierno no están mostrando que son mejores que lo que teníamos en el Gobierno anterior y eso provoca una mayor inquietud cuando prácticamente el mismo día nos enteramos del asalto de la vivienda de la periodista Lydia Cacho y el sacrificio de sus perros guardianes.

Está claro que el mayor déficit que tiene el Gobierno lopezobradorista es en materia de seguridad y esto coincide con las encuestas que siguen ubicando el tema como el principal problema que perciben los mexicanos sean de Baja California o de Yucatán.

Y son casos como el de Lydia Cacho los que más disparan la percepción de inseguridad y lleva a pensar que fue un golpe medido, calculado. Su casa fue asaltada cuándo ella se encontraba fuera y eso seguramente lo sabían los agresores. Sospecho que no se trataba de agredir a Cacho cómo afirmó un jefe policiaco momentos después y es que evidentemente los movimientos de la periodista estaban siendo vigilados. De lo que se trataba era dejar el mensaje de intimidación y remacharlo con la extracción de documentación valiosa en materia de trata de personas, pederastia.

A Lydia como sabemos le cambio la vida desde que publicó el libro Los demonios del Edén, una obra de investigación periodística mayor sobre la trata de personas y una red de pederastas, donde coincidían empresarios y políticos encumbrados en el poder. Ello le costó que fuera detenida y llevada por tierra desde Cancún hasta Puebla, un trayecto de 30 horas, en el que fue sometida a tortura psicológica y sexual para luego ser confinada en el penal poblano donde fue puesta a disposición de “tortilleras” (existen audios que así lo revelan).

Ya en libertad Cacho devino en un litigio largo contra los autores materiales e intelectuales que en México nunca tuvo consecuencias legales y sus agresores nunca pisaron la cárcel. Y llevó su caso, con el apoyo jurídico de la organización internacional Artículo 19, al Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas.

Está luego del análisis de la información declaró a México responsable de haber violado sus derechos humanos por la tortura a la que fue objeto y la falta de la diligencia en la investigación, sin embargo, hasta ahora sólo uno de los agresores está en prisión y el resto se encuentran en paradero desconocido entre ellos Mario Marín, el ex Gobernador poblano, quien habría dado la orden para el traslado de la “vieja cabrona “a Puebla donde si hace cumplir la ley “.

Y es fácil sospechar que detrás del asalto a su casa se podrían encontrar los hoy prófugos de la justicia, sin embargo, haya o no haya ese vínculo, resulta inevitable agregarlo a la cruzada violenta que se vive en el país y que casos, como el de Lydia, están pensados más allá de la rutina criminal, la de todos los días, la que se ensaña especialmente con mujeres, jóvenes, niños.

Los periodistas en la última década ha sido el gremio que más ha sido agredido y por su propio papel social es el de mayor resonancia mediática. Así que, si hay en las alcantarillas, una estrategia desestabilizadora estos son una pieza clave que seguramente busca dejar la sensación de que nadie esta seguro, que cualquiera puede ser asaltado en su domicilio y hasta ser asesinado sin consecuencias.

Al nuevo Gobierno no le termina de cuajar la estrategia de seguridad y menos es capaz de evitar las agresiones contra periodistas, está pasmado ante la magnitud y crueldad de la violencia criminal. El envío de contingentes de la Guardia Nacional hacia las regiones más violentas no ha significado en el breve tiempo una mejoría sensible en los números. Las organizaciones criminales siguen siendo los amos y señores de vastas regiones del llamado México fallido. Que el cambio de estrategia “con sentido social” no ha ayudado a disminuir la violencia ni a crear incentivos para que los jóvenes no sean reclutados por convencimiento o a la fuerza por las bandas criminales.

Este pasmo además aparece en un momento en que la demanda social va en aumento en un sentido diverso, y esa sobrecarga, aparece cuando la imagen del Presidente aún con grandes apoyos empieza a descender en las encuestas de percepción y es que resulta insuficiente la comunicación directa, la retórica de la justicia social y la distribución social, lo que debería llevar a revisar el diagnóstico y hacer ajustes a este modelo por otro que muestre hechos más evidentes del éxito de las políticas de la llamada Cuarta Transformación.

Los grupos criminales actúan con acciones muy dirigidas y muestran con ellas las debilidades en materia de seguridad pública. Se debe pasar de los discursos que destacan el patriotismo de las fuerzas armadas a los hechos que demuestren que el país avanza hacia la baja de los índices de homicidios dolosos per cápita.

En definitiva, el asalto a la vivienda de Lydia Cacho no puede ser un caso más, debiera ser un punto de quiebre entre el discurso y los hechos, y eso pasa por detener al núcleo original que la agredió como a sus compinches y procesarlos. Y es que por las evidencias tenían claro a que iban cuando invadieron la intimidad de esta también luchadora de los derechos humanos de mujeres y niños que son capturados y puestos al servicio de personajes infames, cómo los que intervinieron en la detención de esta periodista que nuevamente ha tenido que abandonar su país para poner a salvo su vida.