Parte de los gastos más ociosos del INE –como eventos y viáticos– fueron a la baja entre 2019 y 2020. Sin embargo, aún hay cabida para eficientar el ejercicio de recursos del Instituto, en que los gastos hormiga –bocadillos, cafetería, galletas, refrescos, entre otros– representan una necesidad de ahorro, en un contexto de austeridad y recortes presupuestarios.
Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).- El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una apretada situación presupuestaria, no sólo por los recortes a su presupuesto (por 1 mil 71 millones 562 mil pesos) en vísperas de la elección “más grande del país”, sino también, porque se comprometió a ejercer el 68.6 por ciento (11 mil 421 millones 700 mil pesos) de su presupuesto total aprobado para 2020 (16 mil 660 millones 795 mil 16 pesos).
En momentos en que el INE acusa que las modificaciones presupuestarias ponen en riesgo su autonomía y su capacidad para organizar los comicios de 2021, en que 6 millones de mexicanas y mexicanos elegirán cerca de 3 mil 200 cargos en disputa, las políticas de austeridad se vuelven más necesarias que nunca; y el gasto más ocioso, por tanto, implica una oportunidad de ahorro, quizá no para resolver los problemas del organismo electoral, pero sí para ser congruente con la situación y con las “nuevas medidas de racionalidad y disciplina presupuestarias” que anunció a principios de éste año.
De acuerdo con información del INE, hay espacio para recortes presupuestarios sin que ello afecte el cumplimiento de responsabilidades. Un ejemplo de ello es lo establecido en el acuerdo INE/CG79/2020, en que se instruye que las sesiones de los órganos colegiados del Instituto “sean convocadas y distribuyan los insumos documentales por medios electrónicos”, en lugar de utilizar papelería convencional que abona, en gran medida, al gasto en bienes y servicios de oficina, que en los primeros tres meses de 2020 tuvo un costo de 62 millones 119 mil 748 pesos.
Así como el rubro de papelería, varias partidas presupuestarias podrían ser reducidas o saneadas para eficientar el uso de recursos por parte del INE.
Durante los primeros tres meses de éste año, el órgano electoral de México reportó gastos pagados por un total de 3 mil 287 millones 132 mil 449 pesos, que incluyen 434 millones 99 mil 375 pesos en erogaciones por contrato público, en que hay registro de al menos 3 millones 33 mil 120 pesos en gastos –hasta cierto punto– ociosos, como por ejemplo, en alimentos y bocadillos, cafetería, estacionamiento y lavado de autos, además de aquellos para la adquisición de galletas y refrescos.
En contratos de alimentos y bocadillos, el INE erogó 1 millón 126 mil 508 pesos. Sin embargo, en el primer trimestre del año éste rubro tuvo un costo total de 5 millones 445 mil 92 pesos que incluyen, además de alimentos para personal de campo, de las unidades responsables y en actividades extraordinarias, 525 mil 42 pesos en “gastos para alimentación de servidores públicos de mando”, que tienen salarios netos mensuales de entre 17 mil (como un jefe de departamento) y 177 mil 494 pesos (como algunos consejeros electorales).
A pesar de que el organismo electoral se apega a los principios de economía y transparencia establecidos en el artículo 134 constitucional, el consejero Roberto Ruiz Saldaña dijo el año pasado a SinEmbargo que en el INE aún persisten gastos excesivos que pueden evitarse, como aquellos en vales para comida, viajes, autos y comités.
Para Ruiz Saldaña, muchos de los gastos de la alta burocracia no se justifican. Tal es el caso de las erogaciones que parecen pequeñas pero que, si se juntan y eliminan todas, “podrían disminuir el presupuesto del INE y se mandaría un mensaje a la sociedad de que el INE no es ajeno a la preocupación genuina de la austeridad”.
En el caso de los contratos para insumos de cafetería, hubo un gasto de 442 mil 22 pesos entre enero y marzo de 2020, a los que se suman 1 millón 100 mil 405 pesos en estacionamiento y lavado de autos, así como 364 mil 185 pesos en galletas y refrescos.
De acuerdo con el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, “en lo que tiene que ver con gastos siempre habrá área de oportunidad. […] Siempre estamos trabajando nosotros para buscar cómo mejorar la operación para ser más eficiente sin perder la eficacia”.
En diciembre de 2019, el funcionario público dijo a SinEmbargo que muchos de los gastos referidos están justificados por las necesidades operativas del Instituto. Pese a ello, reconoció que hay gastos que podrían ser recortados –como el de boletas electorales, con la eventual implementación de nuevas tecnologías y dispositivos electrónicos– pero que, no obstante, dependen de otras instancias como el Poder Legislativo de la Federación.
Para Jacobo Molina, una buena parte del gasto fijo de la institución está relacionada con “candados” que requieren de reformas legales. Tal es el caso del costo de las oficinas, pues por ley, el INE debe de tener representación en los 32 estados de la República y en los 300 distritos electorales. Asimismo está el costo de la credencial para votar, que se lleva el 30 por ciento del costo de operación del INE.
En el caso específico de las partidas para vehículos y alimentos, el Secretario dijo entonces que han habido recortes presupuestarios en los últimos años, pero que en gran medida se trata de costos operativos para movilizar a los más de 17 mil trabajadores del INE y mantener a los más de 2 mil 400 vehículos oficiales en existencia.
“Si uno analiza el número de vehículos por los trayectos que nosotros hacemos en todo el país, me parece que es una cifra razonable”, recalcó Jacobo Molina.
Para el funcionario público del INE, los gastos que podrían considerarse ociosos “aparecen en muchas otras instancias de la administración pública federal” y algunos de ellos están considerados como “una prestación por el nivel de responsabilidad de los funcionarios”. En ese sentido, el Secretario Ejecutivo del INE consideró que se trata de gastos “razonables” sujetos a procesos de austeridad; esto también incluye costos por viajes, viáticos y pasajes.
LOS GASTOS DEL INE
La Unidad de Datos de SinEmbargo se dio a la tarea de comparar los gastos del INE del primer trimestre de 2019 con los del primer trimestre de 2020, como proporción del gasto total efectuado en cada periodo. Los resultados indican que hubo una reasignación de recursos derivados de la pandemia de COVID-19 a nivel nacional, así como una mayor austeridad en rubros que, tradicionalmente, implican grandes erogaciones presupuestarias.
Por un lado, los cuatro rubros con mayor aumento de gasto fueron los de materiales médicos y de laboratorio (855 por ciento), difusión y propaganda (798.5 por ciento), vestuario y uniformes (476 por ciento), así como prendas de protección personal (70 por ciento). Los gastos pagados, por un monto conjunto de 7 millones 938 mil 51 pesos incluyen el costo de 151 contratos por 745 mil pesos, cuya finalidad fue adquirir bienes para enfrentar el coronavirus, entre ellos, cubrebocas, gel antibacterial y guantes de látex.
En el primer trimestre de 2020, estas cuatro partidas presupuestarias tuvieron un costo 6 millones 851 mil 131 pesos mayor al del primer trimestre de 2019 (1 millón 86 mil 920 pesos a precios de 2020).
Por otra parte, estuvieron las partidas en que hubo recorte de presupuesto: bienes y servicios de oficina (1.8 por ciento); vigilancia (6.4 por ciento); eventos (14.1 por ciento); construcción y mantenimiento (16 por ciento); lavandería, limpieza e higiene (31.1 por ciento); impuestos, patentes y similares (49.5 por ciento), además de pasajes y viáticos (52.5 por ciento).
Durante el primer trimestre de 2020, estas siete partidas presupuestarias tuvieron un costo conjunto de 140 millones 202 mil 937 pesos; es decir, un costo 46 millones 861 mil 792 pesos menor al del primer trimestre de 2019 (187 millones 64 mil 729 pesos a precios de 2020).
En el apartado de “Gasto total” de la siguiente tabla, usted puede consultar las variaciones porcentuales por concepto de gasto.
Asimismo, en la tabla puede consultar los 10 mil 966 contratos celebrados por el INE entre enero y junio de 2020, por un monto conjunto de 434 millones 99 mil 375 pesos.
Acerca de los contratos, las cifras del INE indican que el 98.5 por ciento fue otorgado por adjudicación directa, o bien, que hubo 297 millones 21 mil 511 pesos (equivalentes al 68.4 por ciento del gasto por contrato) ejercidos sin concurso público de por medio.
La adjudicación de contratos del INE, empero, ha sido objeto de señalamientos por parte del Órgano Interno de Control (OIC) del INE y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
ANOMALÍAS EN EL INE
Hace dos años, el OIC del INE advirtió que “el Instituto continúa adjudicando contratos con base en una cuestionable asignación de puntos en las evaluaciones técnicas; así como, limitando la libre participación de licitantes en los procesos de contratación”.
De acuerdo con su Informe Anual de Gestión 2018, en el INE “persisten constantes deficiencias en la administración y supervisión de los contratos, así como en la determinación y aplicación de penas convencionales y/o deductivas a los proveedores”.
Lo anterior es relevante considerando que casi 10 de cada 10 pesos contratados en los primeros tres meses de este año fueron adjudicados por el INE de manera directa. Ello, además, no está necesariamente libre de irregularidades. Existen experiencias previas que indican que en el INE, aparte de mayores niveles de austeridad, es posible y necesario aplicar más y mejores mecanismos de control presupuestario.
En la segunda entrega de la Cuenta Pública de 2018, la ASF halló irregularidades no solventadas hasta el 14 de octubre del año pasado, por un monto superior a 93.5 millones de pesos.
Lo anterior derivó de “pagos excesivos” de honorarios y dietas de consejeros electorales (70.3 mdp), además de la compra no comprobada de bienes y materiales (23.3 mdp).
Entre las irregularidades está un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal de más de 18.2 millones de pesos, ya que la Auditoría determinó que hubo una “diferencia” entre el importe de alimentos ministrados a funcionarios de casillas y el importe comprobado mediante el Sistema de Contratación, Pago y Comprobación de Recursos, se lee en la auditoría 2018-0-22100-19-0093-2019 93-GB.
Dadas las anomalías, el órgano fiscalizador encontró violaciones a diversas leyes, entre ellas el Artículo 134 constitucional, mismo que establece que todas las entidades gubernamentales deben administrar los recursos públicos “con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.
