Al menos 16 mil 682 homicidios dolosos se han registrado en Guanajuato —de acuerdo con cifras oficiales— en el periodo en el que Carlos Zamarripa ha estado a cargo de la Procuraduría y Fiscalía General de Justicia, es decir desde el año 2009 hasta junio de 2021.
Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).- La presión aumenta para el Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo por mantener a Carlos Zamarripa Aguirre como Fiscal General de Justicia de Guanajuato, a pesar de los índices de seguridad, que se mantienen al alza, y las reiteradas peticiones del Presidente Andrés Manuel López Obrador de renovar el cargo que este funcionario ostenta desde hace 11 años.
El Presidente volvió a poner sobre la mesa este lunes —por segunda vez en menos de un mes— la “recomendación” al Gobierno de Guanajuato para remover a Carlos Zamarripa, a quien aún le quedan siete años y medio más al frente de la Fiscalía.
“Ya no se debe de andar con contemplaciones cuando se trata de la seguridad de la gente. Aquí no debe de prevalecer el amiguismo, el influyentismo, nada de esas lacras de la política, se tiene que remover. Puede ser muy cercano, compañero de partido, de escuela, pero si no se dan resultados y si está de por medio la vida de la gente, para fuera”, expresó el mandatario nacional en su conferencia matutina del pasado lunes 26 de julio.
La violencia en Guanajuato es el principal factor por el que hoy el Gobierno federal insta a la remoción de Zamarripa. En ello coinciden especialistas de seguridad y crimen organizado quienes desde hace tiempo han denunciado que la crisis de inseguridad en esta entidad se debe en gran parte a la omisión de la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en el cumplimiento de su deber y responsabilidad.
Guanajuato, entidad federativa que lleva casi 30 años gobernada por el Partido Acción Nacional (PAN), es la que registra más homicidios dolosos en el país. Tan solo en el año 2020 se contabilizaron 4 mil 490 víctimas de homicidio doloso, ante las cuales se abrieron 3 mil 359 carpetas de investigación. Además, se posiciona como uno de los estados con el mayor número de hallazgos de fosas clandestinas.
En los 11 años que Carlos Zamarripa ha estado al frente de su cargo, el número de homicidios dolosos creció un 711 por ciento, pues de 414 asesinatos que se registraron en el año 2009 —cuando tomó el cargo como Procurador— para el año 2020 la cifra de este tipo de crímenes se situó en 3 mil 359.
Desde el año 2009 a junio de 2021, se han registrado al menos 16 mil 682 homicidios dolosos y se han abierto 1 mil 989 y 256 carpetas de investigación por extorsiones y secuestros, respectivamente, de acuerdo con cifras oficiales.
No es la primera vez que el Fiscal Carlos Zamarripa al igual que el Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, son cuestionados a nivel nacional en un abierto reclamo por la falta de resultados en el combate al crimen.Desde el pasado 16 de julio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aludió que el Fiscal debería de ser cesado:
“No es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el Procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa, con esos resultados, ya lo hubiesen corrido y más si se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad pública, donde está de por medio la vida de la gente”.
Sin embargo, el respaldo a Carlos Zamarripa desde diferentes sectores del estado ha quedado demostrado. Pese a las recomendaciones del Ejecutivo Federal, el actual Fiscal ha recibido el apoyo del sector político, del empresarial e incluso del eclesiástico.
“Yo creo que estamos viendo el surgimiento de algo que no habíamos visto antes; figuras de hombres poderosos que reúnen un gran un gran período de tiempo por delante (para sus cargos) y un monopolio en el tema de la procuración de justicia”, destacó el periodista y analista político Arnoldo Cuéllar en entrevista con SinEmbargo.
DE PROCURADOR A FISCAL
Carlos Zamarripa es un policía que se formó desde muy joven en la entonces Procuraduría de Guanajuato. En su paso por la dependencia, recorrió casi todos los cargos para hacer una carrera policiaca en la entidad. Desde proyectista avanzó a director de averiguaciones previas, y de ahí a la subprocuraduría en una división general.
En febrero de 2009, en la segunda mitad del sexenio de Juan Manuel Oliva, Zamarripa Aguirre fue nombrado Procurador General de Justicia. El periodista y analista Arnoldo Cuéllar narró que, durante los tres primeros como Procurador, Zamarripa fue un funcionario “casi ejemplar”.
“Fue un procurador muy sometido, coordinado y respetuoso […] en esa primera etapa. El grupo delictivo que incursionaba en los municipios del sur de Guanajuato, era la Familia Michoacana y en 2011 da un golpe muy espectacular cuando detiene prácticamente completas las corporaciones de policía, junto con sus jefes, de los municipios de Jerécuaro y de Acámbaro”, explicó.
El funcionario logró su primera ampliación de poder en el año 2012, cuando el entonces Gobernador Miguel Márquez Márquez lo ratificó con el argumento de que había hecho un buen trabajo y debido a que tenía buenas calificaciones en instancias internacionales, sobre todo en agencias norteamericanas, como el FBI y la DEA.
“Ahí es donde da un salto cuántico porque aprovecha las coyunturas políticas y sugirió como Secretario de Seguridad a Alvar Cabeza de Vaca, que era su amigo […]. Ahí logran copar la Secretaría de seguridad y manejarla como un gran todo, pero también desde la Secretaría de Seguridad logran influir; y con los centros de control y confianza, logran infiltrar las 46 policías municipales y así logran un dominio territorial”, relató Cuéllar.
Durante el periodo de 2012 a 2017, detalló el analista, crecieron las tomas clandestinas de combustible y a partir de ahí comienza la competencia y pelea entre las bandas criminales por las ganancias del huachicol.
La violencia homicida se disparó en Guanajuato a partir del año 2018, el último de Miguel Márquez Márquez como Gobernador. Los homicidios dolosos crecieron 140.68 por ciento con respecto al año anterior inmediato, pues pasaron de mil 84 homicidios dolosos en 2017 a 2 mil 609 en 2018.
Al inicio su gobierno, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ratificó a Carlos Zamarripa y, en medio de manifestaciones y severas críticas, fue propuesto y designado como primer Fiscal de la entidad con una duración de nueve años en el cargo.
“No sólo fue ratificado, sino impulsado como Fiscal ante un Congreso anodino y a modo, con la mayoría panista que le aprobó en fast track el nombramiento, en lo que se le llamó pase automático”, dijo el especialista.
UNA GESTIÓN CUESTIONADA
Ocultamiento o “falsificación” de datos, espionaje, falta de resultados en la persecución de delitos del fuero común, incapacidad y mala integración de carpetas de investigación de casos importantes que han dado como resultado la liberación de presuntos criminales, son parte de los señalamientos que pesan en contra de la Fiscalía guanajuatense.
El pasado 12 de julio, el equipo del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato denunció presunto espionaje por parte de esta institución y de Zamarripa. El equipo de investigación dio a conocer que, mientras realizaban diversos trabajos de investigación vinculados con el desempeño de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE-Gto) y su titular, registraron intromisiones.
Arnoldo Cuéllar narró que Zamarripa tiene controlada hasta la delegación de la FGR en Guanajuato:
“Cuando presenté mi demanda por espionaje ante la delegación, le mandaron de inmediato la denuncia. El delegado de despacho de (FGR) está en una franca comunicación abierta con Zamarripa […] Yo tengo presentada una queja en asuntos internos de la FGR porque se me hizo inaudito que en el transcurso de tres horas la denuncia que hicimos ya estuviera en el escritorio de Zamarripa”.
Hace un año, el 30 de junio de 2020, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que investigarían al Fiscal de Guanajuato debido a que se sospechaba que la detención de cinco personas, entre ellas la madre de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa, había sido un montaje.
No obstante, el anunció quedó solo en palabras, debido a que hasta el momento no se ha informado si existe una carpeta de investigación abierta por parte de la FGR.
SinEmbargo cuestionó a la dependencia si se abrió a un proceso o indagatoria, a raíz de las declaraciones del Fiscal General, pero al cierre de esta edición no hubo una respuesta.
El tema de las fosas clandestinas en Guanajuato es un problema que las autoridades tardaron en reconocer a pesar de las constantes denuncias de colectivos de familiares de personas desaparecidas y de organizaciones civiles.
Fue el 24 de septiembre de 2020 cuando la tragedia no se pudo esconder más.
Un grupo de familiares y colectivos, acompañados de personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), localizaron fosas en la Presa el Pionero, en el municipio de Irapuato, Guanajuato.
Fue la primera vez que quedó sentado oficialmente el hallazgo de una fosa clandestina.
Al poco tiempo, Guanajuato escaló oficialmente a los primeros lugares en localización de entierros clandestinas tras los hallazgos en Salvatierra, Cortazar y Acámbaro realizados entre los meses de octubre y diciembre de 2020.
Por otra parte, el 24 de mayo de 2020, el entonces Secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Alfonso Durazo, aludió que la Fiscalía Guanajuato ocultaba información, pues reveló que la dependencia a cargo de Zamarripa no otorgaba de manera apropiada, ni en tiempo y forma, las cifras de incidencia delictiva.
El año pasado, las organizaciones Ciudadanos Hartos, Frente de Acción Ciudadana y Estudios ambientales, colocaron mantas en las que exigieron la renuncia del Fiscal Zamarripa y del Secretario de Seguridad Pública Estatal, Alvar Cabeza de Vaca.
En septiembre de 2019, Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Guanajuato, publicó en sus redes sociales que la Fiscalía obstaculizaba la recepción de denuncias, al no entregar a los policías las herramientas que se requerían.
No obstante, el Gobierno de Guanajuato ha argumentado que la violencia en la entidad no es una responsabilidad estatal, sino que tiene que ver con la competencia federal.
El mandatario estatal, Diego Sinhue Rodíguez Vallejo, recientemente reiteró su confianza en la labor del titular de la Fiscalía General de Justica y comentó que no se le puede atribuir la responsabilidad de la violencia a una sola persona.
“Para mí es importante calificar al Fiscal en el ámbito de su competencia, no podemos responsabilizar a una persona de toda una problemática multifactorial en el tema de la inseguridad, es muy complejo el entramado”, aseguró.
En días pasados, el Gobernador resaltó la plena confianza que tiene en Zamarripa y alegó que por ello propuso su ratificación en el Congreso.
“No se le puede achacar a una persona los homicidios dolosos en el estado. Confío plenamente en el Fiscal, por eso propuse su ratificación en el Congreso, y fue el Congreso, elegido democráticamente por el pueblo, quien decidió darle el cargo de Fiscal por nueve años”, aclaró.
NACIMIENTO DE UN CÁRTEL
La crisis de inseguridad ha sido adjudicada a la guerra entre el Cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a cargo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
El Cártel de Santa Rosa de Lima —llamado así por la localidad donde nació y presuntamente vivía su líder— es un grupo delictivo regional que surgió en 2014 y tuvo una rápida expansión en Guanajuato porque se dedicó sólo al tráfico de combustible y no competía con los cárteles de droga que ya estaban asentados en el lugar, como es el caso del Cártel de Sinaloa.
Para que los grupos de la delincuencia organizada se fortalezcan y tengan una rápida expansión, como fue en el caso del Cártel de Santa Rosa de Lima, tiene que haber corrupción y protección por parte de las autoridades, explicó en entrevista con SinEmbargo el periodista Ricardo Ravelo, experto en temas del crimen organizado.
“En Guanajuato está muy claro el grado de contubernio policíaco. De lo que sí no hay duda es que las policías están metidas en la protección de Santa Rosa de Lima”, expresó el especialista.
Luego de una “cacería” que había emprendido el Gobierno federal por varios meses de 2020, donde incluso hubo operativos fallidos, finalmente José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, fue detenido la madrugada del 2 de agosto de 2020 junto con al menos ocho de sus colaboradores, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Sin embargo, la captura del líder criminal no impactó en materia de violencia.
El número de personas asesinadas el año anterior (4 mil 490) fue 26.83 por ciento mayor que la cifra de víctimas registrada en 2019 (3 mil 540).
