Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- “Oceanografía o la Línea 12 del Metro, son juegos de niños. El robo del sigo se comete cada año en la nómina magisterial. Éste es el juego de adultos que ha lastimado la educación en el país”, dijo Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero, durante la presentación del estudio “Censo Educativo. Radiografía del dispendio presupuestal, del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa”, con base en el censo elaborado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y cuyos resultados fueron dados a conocer en marzo pasado.

El estudio elaborado por el investigador Marco A. Fernández evidencia los problemas de la nómina de los maestros a nivel estatal, con respecto al censo levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cuyo costo fue de 740 millones de pesos. Sin embargo, “hoy en día aún no tenemos información completa de todos los docentes y administrativos que laboran en el sistema de educación básica del país”.

Fernández aseguró que el censo demostró que “hay anomalías que han persistido en el manejo de la nómina docente y administrativa, y éstas no van a ser fáciles de cambiarlas porque hace falta una transparencia del uso de los recursos públicos dentro del sistema educativo y retrata las carencias estructurales que persisten en el sistema de educación pública en el país y confirma que el país gasta mucho en educación pero gasta mal”.

El estudio también arrojó que los comisionados –es decir, las personas que tiene plaza de maestro pero que no trabajan frente a un grupo– es alarmante, pues hay 30 mil 695 profesores en esta condición, sin embargo, hasta el momento la SEP no ha revelado si perciben sueldo o no cuando la ley estipula que no debe ser así.

Los casos más preocupantes suceden en Yucatán, con el 5.27 por ciento de sus maestros en esta situación, y Campeche, con 4.6 por ciento.

Además “las cuentas no cuadran” pues, de acuerdo con la SEP, en Tamaulipas se tienen registrados sólo a dos comisionados, pero el censo reveló a mil 124 personas: es decir, un 56 mil 100 por ciento más. En Guerrero la situación es similar ya que registró a 15 profesores comisionados pero el censo arrojó 929 personas.

“Cuando empezamos a observar las diferencias, no se encontraron los responsables y mucho menos cuáles son las sanciones que se han vertido contra los funcionarios que han permitido proporcionar información incorrecta a las autoridad federal”, dijo el autor del estudio.

Otro dato preocupante son las escuelas fantasmas, pues 24 mil 658 escuelas no fueron censadas: 24 mil 164 por el rechazo de maestros y administrativos, 426 escuelas que no se encontraron.

México Evalúa pregunta: “¿Cuántas personas laboran supuestamente en estas 426 escuelas fantasmas?”. Los estados donde más casos se presentaron son: Durango, con 148; Guerrero, con 122, y Jalisco con 104.

“Es inevitable que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) así como las secretarías de educación de los estados y la propia SEP, la de Hacienda y Crédito Público, hagan su chamba y realicen una investigación a detalle si se invirtieron recursos públicos, tanto estatales como federales, en estas denominadas escuelas fantasmas y sí es el caso, determinar las sanciones correspondientes porque es un fraude al estado”, pidió Marco A. Fernández.

Chiapas, Michoacán y Oaxaca destacan como los estados donde hubo más rechazo al censo por parte del magisterio: 41 por ciento, 27 por ciento y 27 por ciento, de su nómina respectivamente. Sin embargo, en Oaxaca, el 61.5 por ciento de los maestros se negaron a responder el cuestionario, y hasta el momento no hay sanción alguna para este personal.

Además, agrega el estudio, estos estados son donde la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha logrado afianzar su control sobre los principales puestos de educación básica.

Respecto a los aviadores, maestros que “sólo los conocen en su casa”, el problema en Chiapas es cerca del 10 por ciento de la nómina la que está en esa situación. “Sospechamos que es peor porque sólo se pudo censar el 41 por ciento de las escuelas, 59 por ciento no fueron evaluadas porque a los profesores y administrativos no les pareció correcto”.

Otra de las inconsistencias que arrojó el censo fue el caso de las personas que están jubiladas, que renunciaron o incluso que fallecieron y a pesar de ello, siguen cobrando. En Morelos, el 8.42 por ciento está en esa situación.

El Gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu ha sido uno de los más enfáticos en decir que se tiene que arreglar el problema de la educación, del dinero público, sin embargo no ha dicho cómo está arreglando el dinero de su nómina.

En Sonora se detectaron mil 233 profesores comisionados o con licencia, la autoridad lo negó e incluso dijo que la información del censo era falsa. Incluso el Gobernador panista Guillermo Padrés Elías negó que el subsecretario de Educación Básica, Gerardo Gaytan, fuera comisionado, a pesar de que tiene una plaza de docente bajo ese esquema por la que cobró 54 mil pesos mensuales, al menos en 2012 y 2013.

¿CUÁNTO CUESTA EL PROBLEMA? 

“No tenemos un número preciso porque la opacidad ha sido la característica de cómo se maneja la información de la nómina por parte de la autoridad. No nos dicen el detalle de sus prestaciones, ni quiénes están en carrera magisterial ni los niveles de carrera magisterial. No nos han dicho las prestaciones, que varían de acuerdo con las secciones sindicales, y finalmente, aunque el censo sí reportó si hay plazas de tiempo completo o por horas, no nos han reportado para hacer un cálculo exacto del costo de la nómina docente”, asegura Marco Fernández.

Los costos de las nóminas irregulares, donde están los comisionados, los desconocidos y los aviadores, sería de 16 mil millones de pesos, si se le suman a los profesores que trabajan en un centro distinto al asignado, subirían a 25 mil millones de pesos.

Si a esto se le agrega a las personas que negaron información, suma 29 mil millones y con los ausentes 37 mil millones. Si se le agregan los que se negaron a ser censados, el gasto que se hace a todas las irregularidades es de 51 mil millones de pesos, con base en el salario inicial de maestro, según el tabulador de sueldos en 2013.

En el estudio se hizo una comparación de estos 51 mil millones de pesos, que equivalen 6.7 veces el presupuesto de infraestructura social en el sector educativo. 7.6 el programa de Fortalecimiento de la calidad Educativa y las Evaluaciones Confiables de la Calidad educativa, tres veces las becas que hay en el sector educativo, dos veces el presupuesto asignado a las escuelas de tiempo completo y 1.1 por ciento el presupuesto que recibe el instituto Politécnico Nacional (IPN).

México Evalúa también denunció que hasta el momento, ni la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, ni la del Senado han llamado a comparecer al Secretario de Educación, Emilio Chuayffet Chemor, para explicar las acciones que se están implementado para corregir las anomalías detectadas y sobre todo para suplir las omisiones informativas que persisten en los estados.

Finalmente, el estudio concluye que si el gobierno decidió gastar los 740 millones de pesos para conocer la situación del sistema educativo, “ahora tiene que utilizar sus insumos informativos de forma inteligente y con transparencia para atender las debilidades identificadas en el censo”.