Según ARTICLE 19, durante el primer semestre de 2021, se registraron 362 agresiones contra la prensa, lo que equivale a uno cada 12 horas. La violencia contra la prensa es generalizada en el país, y en prácticamente todos los estados se documentaron ataques contra periodistas y medios. Específicamente las entidades federativas donde ARTICLE 19 registró más agresiones contra quienes ejercen el derecho a informar fueron la Ciudad de México (64); Tamaulipas y Quintana Roo (23 cada una); Puebla (22); Guerrero (21) y Baja California (19).

Los agentes del Estado son quienes más agreden a la prensa, cometiendo el 37.33 por ciento del total. Destaca en el primer semestre la coyuntura electoral como la principal cobertura de riesgo, pues integrantes de partidos políticos atacaron a la prensa en 56 ocasiones. Las agresiones contra las mujeres periodistas siguen incrementándose, se documentaron 120 agresiones contra mujeres periodistas en el primer semestre. De éstas, al menos 35 tuvieron un componente de género o connotación sexual (28.69 por ciento).

Hace una semana, FUNDAR y ARTICLE 19 dimos a conocer el análisis del gasto de publicidad oficial con las cifras definitivas del año 2020. La buena noticia es que se redujo a una quinta parte el gasto en la materia, respecto al segundo año de Peña Nieto (2014). Lo malo es la ineficiente planeación del gasto que concentra 69 por ciento de las erogaciones en diciembre; además de la discrecionalidad en la asignación en los medios de comunicación privados.

Efectivamente, nada ha cambiado sobre la manera arbitraria como se ejerce el recurso. En 2020 10 medios de comunicación recibieron 53 por ciento del gasto en comunicación social. El resto, 447, recibieron 47 por ciento. Entre los 10 medios “ganones” hay tres que concentran 29 por ciento del total del recurso erogado (en ese orden): Televisa, TV Azteca y La Jornada.

La libertad de expresión, se diga como se diga, está bajo asedio por dos costados. El primero, más apremiante, es el de la violencia física y psicológica que pretende acallar -dos veces al día- a los(as) periodistas o medio de comunicación de forma sistemática y generalizada. El segundo, es la persistencia de un mecanismo de censura más sutil, como el de la asignación discrecional de la publicidad oficial. Queda abierta la pregunta ¿sigue operando la frase “no pago para que me peguen”?

Dada la centralidad de la comunicación presidencial en el ejercicio mismo del poder político contemporáneo hay que tomar dos afirmaciones como indicadores importantes de lo que viene.

La primera afirmación, emitida la semana pasada, señala que van a “revisar” el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas existente por ley desde hace nueve años. Esa revisión puede tomar cauces no deseados como la creación de un “sistema nacional de protección” gestionado por 32 mecanismos locales. Eso estaría destinado al fracaso, dada la pésima experiencia con los sistemas nacionales (de víctimas, búsqueda de personas desaparecidas). Claro, suponiendo que el éxito de la reconfiguración radique en prevenir y proteger a periodistas y no simplemente en deslizar la responsabilidad política, institucional y legal de lo que sucede con la violencia contra la prensa. Lo riesgoso de esta situación es que, de las 134 agresiones cometidas por autoridades públicas, el 42 por ciento están vinculadas a autoridades del nivel estatal y 35 por ciento al nivel municipal.

La segunda afirmación, registrada el 04 de agosto, tiene que ver con la rotunda negativa del Presidente a empujar la regulación de la publicidad oficial. Confunde -o al menos así parece- la autorregulación de los medios sobre sus contenidos con la regulación en la erogación de un recurso público que constitucionalmente impone unos derroteros. Es decir, el Presidente afirma que no se regulará porque los medios deben hacerlo por sí mismos, pero no cuando disponen de un recurso público, son dos cosas diametralmente distintas. Con mayor razón cuando la Suprema Corte ha sido clara que el Congreso debe regular esta materia. Aquí parece que otra vez el más alto tribunal del país tendrá que tomar cartas en el asunto ante las impugnaciones presentadas contra la maltrecha Ley General de Comunicación Social del peñanietismo.

Ante este panorama, queda claro que antes de arribar a un escenario de garantía plena de la libertad de expresión, la prensa seguirá azolada bajo la lógica terrible de la plata o el plomo.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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