Economía
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AMLO anuncia una reforma para eliminar el outsourcing; afecta el salario y defrauda al país, dice

27/10/2020 - 1:55 pm

Dijo que si algún servidor público conoce de una empresa facturera o de “outsourcing” que defrauda a la Hacienda y no lo denuncia “es un encubridor”. Se refirió a sus opositores y expresó que están inconformes porque ahora tienen que pagar impuestos que antes no pagaban porque se los condonaban.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que enviará una iniciativa de ley para desaparecer el “outsourcing“. Adelantó que será un “tema polémico” como lo fue la extinción de los fideicomisos, “pero tenemos que limpiar, no podemos ser cómplices de corrupción, encubridores”.

“Abusaron de esas medidas y afectan al trabajador, afectan a la hacienda pública, afectan al desarrollo del país y se fomenta la corrupción. Voy a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca“, dijo esta mañana el mandatario.

Además dijo que en caso de que alguna persona servidora pública conoce de una empresa facturera o de “outsourcing” que defrauda a la Hacienda y no lo denuncia “es un encubridor“. “Yo no quiero ser, pasar a la historia como encubridor, como tapadera, como cómplice de la corrupción”, expresó.

Se refirió al tema durante su conferencia de prensa diaria al mencionar a sus opositores que, dijo, están inconformes porque ahora tienen que pagar impuestos que antes no pagaban porque se los condonaban.

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Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, durante la conferencia de prensa para dar el informe semanal sobre el avance de la pandemia. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.

El Presidente dijo que su Gobierno investiga a un facturero que también tenía una empresa de subcontratación con doscientos mil empleados formales que servía para retirarle la responsabilidad de hacer un pago justo a las empresas, “para que no les cubrieran a los trabajadores sus prestaciones, para quitarlos de la nómina en noviembre, diciembre y no darles aguinaldo y volverlos a subir a la nómina en enero, en febrero. Pues eso se va a terminar”.

En materia aboral, continuó, se hicieron reformas para ayudar a las empresas a no tener que hacer trámites administrativos y contratar a sus empleados con una empresa que administrara los pagos al IMSS, al Infonavit y salariales.

“Qué bueno que esto esté pasando, nos está dando -este proceder- buenos resultados porque las empresas saben que hay en México un auténtico Estado de derecho y por eso están llegando más inversiones, saben que ya no es un Estado de chueco, un Estado de cohecho, que no se permite la corrupción ni la impunidad, trátese de quien se trate”, aseguró.

Con la entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) las empresas mexicanas afrontan la mayor transformación laboral en la historia reciente, a esto se suma que Gobierno federal emprendió una lucha contra la subcontratación abusiva u “outsourcing”.

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Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.

Entre los cambios que se avecinan están la garantía de la democracia de los sindicatos, las negociaciones colectivas, el aumento al salario mínimo y la creación de un sistema de tribunales que resuelvan las disputas laborales, explican activistas, académicas y empresarios consultados por Efe en febrero.

La renovada Ley Federal del Trabajo proviene a su vez de una reforma constitucional aprobada en febrero de 2017, que se considera “la más importante en materia de empleo” desde la Revolución mexicana de 1910, asevera Joyce Sadka, profesora investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Esto implica, precisa, reemplazar las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje, que dependen del poder Ejecutivo, por tribunales laborales a cargo del poder Judicial para erradicar la corrupción e ineficacia en la resolución de conflictos laborales.

Otro punto de incertidumbre es el combate a la subcontratación, conocida como “outsourcing”, pues hay un dictamen en el Senado que “prácticamente prohíbe” y “criminaliza” la actividad, advierte Elías Micha, director general de la agrupación empresarial Tallentia MX.

En México 8 millones de personas tienen un contrato bajo este esquema, que representa al 40 por ciento de los trabajadores formales, informa el representante del sector privado.

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