El pueblo totonaco denunció presiones de la empresa Deselec 1-Comexhidro a autoridades de Ahuacatlán para imponer una hidroeléctrica que beneficiará a Walmart.
Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- Defensores y defensoras del río Ajajalpan, el Consejo Regional Totonaco en defensa del Territorio y el Consejo Tiyat Tlali en defensa del territorio y la vida en la Sierra Norte de Puebla denunciaron amenazas a las autoridades de Ahuacatlán, en Puebla. por parte de la empresa Deselec-1-Comexhidro que busca crear una hidroeléctica que beneficiará a Walmart.
El 12 de enero de 2020 el Ayuntamiento Municipal de Ahuacatlán, en acatamiento a la voluntad del pueblo, hizo pública la revocación de las licencias de construcción y cambio de uso de suelo para el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 por haber sido otorgadas ilegalmente, por lo cual, la empresa Deselec 1-Comexhidro, socia de Walmart, no tiene autorización para construir en el municipio de Ahuacatlán. En marzo, la empresa interpuso una demanda en contra de las autoridades municipales intentando presionar para que desistan de su decisión.
“Los pueblos nahua y totonaco de la Sierra Norte reconocemos y apoyamos la buena actuación de las autoridades municipales de Ahuacatlán, que en lugar de venderse como hacen tantos, actuaron conforme a derecho ante nuestra exigencia de cumplir con su obligación de garantizar y proteger nuestros derechos al territorio, al agua, al medio ambiente sano y a nuestra autonomía”, indicaron las organizaciones a través de un comunicado publicado este martes.
Desde hace tres años, comunidades totonacas de la Sierra Norte de Puebla y defensores han exigido la cancelación de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, que le quitará a habitantes de tres municipios su agua para favorecer exclusivamente a socios de la empresa Deselec 1-Comexhidro, entre ellos Nueva Walmart de México, Waldo’s Dólar Mart de México, Vips y Suburbia.
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— Fundar (@FundarMexico) October 27, 2020
Asimismo, los defensores y las comunidades señalaron que durante varios años, han enfrentado la violencia y abusos de la empresa Deselec 1, y de instituciones federales, así como apropiación de terrenos con engaños, autorización de permisos sin informar ni consultar a los pueblos o simulando consultas, división comunitaria para generar confrontación y debilitar la resistencia. Y aseguran que ahora van contra las autoridades que están con el pueblo buscando generar más violencia imponiendo su proyecto por la vía judicial.
Por su parte, el Consejo Regional Totonaco y el Consejo Tiyat Tlali reafirmaron su decisión de seguir protegiendo la Sierra Norte de Puebla.
“Estamos en espera de sentencias judiciales que en caso de reconocer nuestros derechos como pueblos indígenas disminuirán el clima de tensión que la empresa ha generado. En el caso contrario, las consecuencias por la violencia y confrontación que se podrían generar en la Sierra Norte podrían ser desastrosas. No queremos que nos violenten, no queremos confrontación, no queremos proyectos de muerte que sólo enriquecerán más a las empresas Walmart, Suburbia, Vips. Exigimos que la empresa se retire definitivamente, que nos deje en paz y que el gobierno federal respete nuestros derechos”, advirtieron.
El pasado 31 de octubre de 2019, la abogada Itzel Silva, abogada de la organización Fundar, denunció en conferencia que cuando la organización inició el acompañamiento del caso fue víctima de actos intimidatorios que se recrudecieron tras anunciar que impugnarán la sentencia dictada el 10 de octubre de este año por el Juez Miguel Arroyo del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en Puebla, quien negó un amparo obtenido en 2016 por mil 096 integrantes de las comunidades totonacas de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán para evitar la construcción del proyecto.
Muestra de estas intimidaciones es la reapertura en agosto de este año de una demanda penal que el exsecretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Jesús de la Cruz Sánchez Cuevas, interpuso contra las abogadas que acompañan el caso Diana Pérez, del Consejo Tyat Tlali, e Itzel Silva en enero de 2017 y que el Ministerio Público había acordado cerrar por falta de elementos. El exfuncionario está nombrado en la demanda de las organizaciones por permitir el proyecto.
Otra práctica intimidatoria denunciada por la abogada Silva fue que a las oficinas de Fundar llegó una fotografía de la casa de Silvia Villaseñor, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y defensora de la tierra, lo que les muestra que la población opositora al proyecto ha sido vigilada, a ello se suma que un grupo de pobladores cercanos a la empresa acusa a Villaseñor de causar conflictos en la comunidad.
