Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– Un día después de celebrarse el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y de que la Secretaría de Gobernación (Segob) publicara en el Diario Oficial el nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó su estrategia.

“México debe ser una nación que valore, respete y cuide a sus mujeres. La mujer, sea madre o hija, sea niña o adulta, nunca debe ser objeto de violencia, discriminación, desigualdad o exclusión social”, expuso el mandatario en Tlapa, Guerrero.

Sin embargo, las cifras plantean una panorama desalentador para las mujeres en el país. Según el Instituto Nacional de las Mujeres, siete de cada 10 mujeres son víctimas de violencia durante su vida y el 46.1 por ciento ha sufrido algún tipo de agresión por parte de sus parejas.

Aunado a esto, el sistema de procuración “es insuficiente”, según denunció el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, quien destacó que no puede erigirse una democracia constitucional si el Estado no asume el compromiso de combatir, por todos los medios a su alcance, la violencia contra las mujeres.

El presidente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo que a pesar de que el país cuenta con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, no es suficiente para erradicar la conducta contra este sector.

“Hemos logrado en este país la expedición de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no obstante ello, no es suficiente la ley en sí misma para lograr eliminar la violencia en contra de la mujer y para garantizarles un acceso a una vida libre de la misma”, manifestó.

“Se requiere de una actitud decidida y enérgica de todas las autoridades, sin excepción, porque de otra manera sería imposible impulsar, no sólo un cambio sino un giro completa que erradique los atavismos culturales que solapan las diversas violencias que se perpetran en contra de la mujer”, agregó.

Para Plascencia Villanueva, “la impunidad es el principal aliciente para la violencia de género, entre ellas el feminicidio; cada vez que la autoridad es omisa en la prevención o en el castigo a estos delitos, se está alentando con ello a los perpetradores para que puedan seguirlos cometiendo convencidos de que la impunidad los cobija”.

LA LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES

Las modificaciones al Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, incluyen nuevas disposiciones para decretar la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), que contemplan garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y la eliminación de las desigualdades producidas por una legislación que agravia en derechos humanos.

De acuerdo con el director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete el sistema estaba politizado, debido a que el Sistema Nacional para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, estaba conformado en su mayoría por integrantes de los institutos de la mujer estatales y bloqueaba cualquier intento de declaratoria.

Con el nuevo Reglamento se contempla que sea un grupo de expertas las que determinan si la solicitud reúne o no los requisitos y emitir en un primer momento recomendaciones para tomar acciones emergentes.

“Esto le da mucha legitimidad al proceso porque ya no es el propio estado el que decide si se emite alerta sino un grupo de expertas”, dijo Pablo Navarrete a SinEmbargo.

Pero para María de la Luz Estrada, la imparcialidad no es cierta ya que dentro del grupo de expertas aún participará un representante del Instituto de mujeres local.

La experta explicó que antes de emitir una declaratoria de AVG, el grupo de expertas le dé recomendaciones a los gobiernos, y si éstos las aceptan, tendrán seis meses para tomar medidas y revertir la situación, y si no las cumplen entonces se decretará la Alerta de Género, lo mismo que si no aceptan las recomendaciones.

En tanto, a las organizaciones que presentaron la solicitud no se les informará de nada ni se les tomará en cuenta, criticó.

“Es violatorio a todo el debido proceso. En ninguna resolución puede pasar que al peticionario no se le notifique, es violatorio al derecho debido. Cómo es posible que no voy a saber que aceptó hasta que lo valore en seis meses y es para que no interpongamos un amparo o dar seguimiento.Es preocupante y hemos peleado porque el mecanismo sea transparente. Solo se nos notificará si no aceptan nada (los gobiernos estatales), y eso es lo que no van a hacer”, estimó.

Por su parte, el abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Rodolfo Domínguez, coincidió en que el Reglamento no elimina obstáculos para emitir la declaratoria de Alerta de género.

EL PROYECTO FEDERAL

El proyecto presentado ayer por el Ejecutivo plantea 10 acciones contra la violencia hacia a la mujer que incluyen: Centros de Justicia, Casas para el desarrollo, Apoyo telefónico, Medidas Legales de Prevención, Protocolos de Investigación, Programa de Excarcelación de Mujeres, Justicia en Lengua Originaria, Protección del Patrimonio de la mujer, Cuarto rosa, y proyectos productivos de mujeres.

“Mi gobierno tiene el firme y decidido compromiso de combatir la violencia contra la mujer mexicana y vamos a luchar y vamos a trabajar para las mujeres tengan mejores condiciones”, dijo el mandatario federal.

“Es lo que buscamos con esta “Ciudad Mujer “de Tlapa Guerrero, un centro de Justicia donde las mujeres podrán tener la atención de la justicia y recibirán apoyo para saber qué deben hacer en caso de ser violentadas”, expresó.

La violencia contra la mujer se da en todos los estados, en todo el mundo, es más acompañada en las zonas de pobreza, expuso el Presidente Enrique Peña Nieto.

“Tenemos que educar y aquí la tarea de educar desde la educación desde los planes educativos debe enfocarse en el respeto a la mujer, con igualdad de oportunidades y contribuir al desarrollo de nuestras comunidades, recursos a estas tareas, de las propias comunidades y vayan inculcan a sus hijos a respetar a las mujeres”, dijo.

El feminicidio está tipificado como delito en 29 estados. Sin embargo, en algunas entidades aún están pendientes de catalogar este crimen en sus códigos penales, a pesar de que la incidencia es muy alta.

La definición de feminicidio, a efectos de la ley, incluye aquellos casos en que a la mujer “se le hayan infringido lesiones infamantes y degradantes, así como mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida”. Asimismo, las “amenazas, acoso, violencia o lesiones” o que el cuerpo de la víctima “sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público” implica la consideración de homicidio por razón de género.

Otro factor determinante para esta tipificación es la existencia de alguna relación sentimental con la víctima, afectiva o de confianza, de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, lo que implica un aumento de la pena para el agresor.

Según cifras dadas a conocer por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la discriminación contra las Mujeres (CEDAW), en México, seis mujeres mueren al día por crímenes de violencia extrema.

En los últimos seis años han muerto en el país más de mil 500 mujeres, 60 por ciento de ellas fueron encontradas en vía pública y 40 por ciento murieron en sus hogares a manos de sus parejas, esposos o concubinos.