Madrid, 27 Nov (Notimex).- La restitución de tierras a campesinos, indígenas y afrodescendientes, que fueron arrebatas en el conflicto armado en Colombia, se incumple ante amenazas, homicidios y la falta de rigor al aplicar la normativa, denunció Amnistía Internacional (AI).

La sección España de AI presentó este jueves su informe “Un título de propiedad no basta: Por una restitución sostenible de tierras en Colombia”, en el que aseguró que se defrauda a los afectados debido por un lado a las amenazas y por otro a la lentitud del proceso.

El investigador de AI sobre Colombia, Marcelo Pollack, dijo que el país sudamericano “tiene uno de los niveles de desplazamiento forzado más altos del mundo, y es más que evidente que las autoridades no hacen lo suficiente para garantizar la devolución efectiva de las tierras robadas a sus legítimos ocupantes”.

La organización no gubernamental expuso que “no basta con entregar a la gente un título de propiedad y decirle que ya está”.

“Las autoridades colombianas tienen que acelerar los trámites burocráticos y garantizar la seguridad física y económica de quienes regresan”, indicó.

“Los presuntos responsables penalmente del desplazamiento forzado han de ser sometidos a juicio”, agregó.

AI recalcó que un aspecto grave es la violencia que se genera, debido a que muchos temen volver a sus casas porque los mismos que los obligaron desplazarse los podrían volver a buscar.

Consideró que el gobierno colombiano debe abordar a fondo estas amenazas que hay sobre muchos de los afectados, ya que de permanecer esos riesgos la ley 1448 y las acciones oficiales para restitución de tierras “no será más que meros gestos vacíos”.

Pollack cuestionó que los intereses económicos nacionales y extranjeros han dejado sentir su poder, al comprar tierras “por medio de abusos contra los derechos humanos”, y que se calcula que unos ocho millones de hectáreas han sido adquiridas de manera ilegal.

El informe recordó que casi seis millones de personas, un 13 por ciento de la población, han sido desplazadas por la fuerza, tanto por los paramilitares como por las fuerzas de seguridad.

Asimismo, precisó que si bien en un inicio se apoyó la promulgación de la ley 1448, ahora se cuestiona que falten medidas para aplicarla de manera efectiva.

El texto destaca que tanto los que intentan recuperar sus tierras y casas, como los funcionarios que aplican los procedimientos son los que corren riesgos de amenazas y muerte, en especial por parte de grupos paramilitares.

“Al final de agosto de 2014, la Fiscalía General estaba investigando al menos 35 homicidios de personas vinculadas al proceso, pero es probable que la cifra real de muertos sea mucho mayor”, según la organización.