El abogado Alejandro Pulido Cueto, apoderado legal de los sindicatos de maniobristas, estibadores y checadores del puerto de Veracruz. Foto: Especial.

Las empresas ICAVE, CICE, OPG y CTV deben pagar por lo que nos robaron en 1991, afirma Alejandro Pulido Cueto, apoderado legal de los sindicatos de maniobristas, checadores y estibadores del puerto de Veracruz, quien desde hace dos años emprendió el movimiento laboral para que se haga justicia a los trabajadores. Y pide a la 4T agilizar la justicia.

Alejandro Pulido Cueto, experto abogado laborista y apoderado legal de los sindicatos de maniobristas, estibadores y checadores –y otros– del puerto de Veracruz, está a un paso de lograr una hazaña legal.

Nadie pensó que, después de 30 años, el caso de la requisa ilegal que en 1991 ordenó el entonces Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, fuera a revertirse –con el respaldo del Gobierno de la Cuarta Transformación– para devolverle los bienes a los trabajadores afectados: cuentas bancarias, edificios, el derecho a una liquidación y pensión digna del cual fueron despojados con aquel atropello laboral.

El abogado laborista fungió como representante legal de los sindicatos afectados durante la requisa de 1991. Sus padres y abuelos trabajaron de sol a sol en la zona portuaria desde las épocas en que se construían los muelles y las maniobras para descargar los buques que atracaban en el puerto de Veracruz se hacían de forma manual.

En entrevista, Pulido Cueto cuenta cómo surgió la idea de retomar el caso y la decisión de pelear ante el poder económico, político y los tribunales para hacerle justicia al gremio portuario agraviado por Salinas. Narra con elocuencia: “El caso prácticamente lo sacamos del basurero, cuando ya tenía un montón de tierra encima. Era como remontar una montaña, una cuesta arriba muy difícil porque todo estaba en contra nuestra, sobre todo, los intereses económicos creados después de la requisa con las empresas que se quedaron con nuestro patrimonio impedían nuestra lucha”, dice.

“Un día platicaba con mi amigo Leonel Noya (dirigente del sindicato Primero de Mayo con sede en el puerto de Veracruz) y comentamos por qué no le entrábamos a este asunto. Esto era una cuenta pendiente y se nos desgarraba el alma al ver a los viejos socios del sindicato de maniobristas muriéndose de hambre, viejos, enfermos y sin dinero después de haber tenido una posición económica bastante holgada”.

El Sindicato de maniobristas, carretilleros, estibadores y checadores se creó en 1973 junto con la empresa Servicios Portuarios de Veracruz. Fue una decisión del entonces Presidente Luis Echeverría Álvarez que los obreros fueran al mismo tiempo obreros y empresarios. Esta dualidad les permitió ganar mucho dinero porque desde entonces y hasta 1991 ese gremio tenía la concesión de la primera y segunda maniobra en el puerto. La concesión que les otorgó Echeverría fue por 100 años.

Explica Pulido: “Esta condición que teníamos de ser obreros y socios de la empresa Servicios Portuarios permitía que en Veracruz hubiera una fuerte derrama económica. En Veracruz había dinero. Después de la requisa, llegaron las empresas CICE, ICAVE-Huschison Port, CTV y OPG, impulsadas por el Gobierno de Salinas, donde se asociaron políticos como Dante Delgado, el propio Salinas, Carlos Slim, entre otros, y desde hace 30 años todos los capitales, que no son pocos, salen de Veracruz y se invierten en Europa, Estados Unidos y Asía. En Veracruz sólo se queda el 8 por ciento de toda esa enorme riqueza. Por eso el estado está quebrado económicamente”.

El abogado postulante afirma que la requisa decretada por Carlos Salinas fue ilegal.

–¿Por qué?– se le pregunta mientras degusta un suculento chamorro en conocido restaurante de la colonia Condesa de la Ciudad de México.

–Porque no estábamos en tiempos de guerra. El único argumento fue la utilidad pública que terminó siendo privada porque la requisa fue el instrumento de Carlos Salinas para despojarnos de nuestras concesiones, derechos laborales, edificios, cuentas bancarias y de nuestra empresa, Servicios Portuarios. ¿Dónde quedó la utilidad pública? Desde 1991 está en manos privadas. Lo que hizo Salinas fue quedarse con el gran negocio portuario. Te doy un dato: la empresa ICAVE-Huschison Port, donde es socio Dante Delgado, Slim y Carlos Salinas, nada más en el año 2012 obtuvo una utilidad de más de 500 millones de dólares. Ellos tienen acaparado el 80 por ciento de la actividad portuaria y a través de socios y relaciones políticas han controlado el puerto –que es un botín de para ellos, dice– poniendo a funcionarios ligados a sus intereses en puestos claves como la dirección de Puertos y Apiver. Toda esta mafia prevaleció durante los gobiernos del PRI y del PAN que protegieron los intereses de Salinas de Gortari.

Durante la ejecución de la requisa –expone Pulido Cueto– hubieron decenas de violaciones legales: se hicieron asambleas mediante amenazas de muerte. En una ocasión fuimos citados a la Secretaría de Gobernación, donde despachaba Fernando Gutiérrez Barrios, y ahí nos dijeron que si no cedíamos nuestro patrimonio nos iban a arrojar al mar desde un avión. A mí en lo personal me amenazaron de muerte y me dijeron que iban a matar a mi familia. Tuve que irme del país con mi familia y dejar el tema por la paz.

Los arietes del poder, dice, fueron Arsenio Farell, entonces Secretario del Trabajo; Andrés Caso Lombardo, Secretario de Comunicaciones y Transportes y su yerno Roberto Ríos Ferrer. Éste último fue el que operó la requisa y junto con él Ángel González Rull, un funcionario de puertos que después desde el sector público liquidó nuestra empresa Servicios Portuarios, una abierta violación a  nuestros derechos. Hoy es multimillonario gracias a que protegió esos intereses.

Ajuste de cuentas

Para Pulido Cueto ha llegado la hora de ajustar cuentas. A partir de que tomó posesión el Gobierno de López Obrador el movimiento obrero que encabeza ha logrado llevar el caso hasta la mesa de la negociación con la Secretaría de Gobernación. A dos años de haber iniciado la lucha laboral, Pulido está muy cerca de lograr que los viejos socios portuarios sean liquidados conforme a la ley y les devuelvan “hasta el último peso que nos quitaron”.

–¿Quién va a pagar estos daños? –se le inquiere mientras le da un trago a su vaso de cerveza y mira cómo del voluminoso chamorro sólo va quedando el hueso:

“Tienen que pagar las empresas que hoy están operando en el puerto. Estas compañías se quedaron con nuestras concesiones y la maquinaria que era propiedad nuestra. Ellos trabajaron durante seis años con nuestra maquinaria y se quedaron con todo nuestro trabajo y nunca nos pagaron un centavo. Ya es la hora de pagar: por este rubro estimamos que nos deben cubrir unos 7 mil 400 millones de pesos”.

La cifra es cuantiosa, pero al entrar en los detalles de lo que se les adeuda en total a los trabajadores portuarios afectados por la requisa las cifras no caben en la cabeza, los ceros se disparan en el estrecho espacio cerebral.

Desmenuza:

“Ahora que inicien las rondas de pláticas con la Secretaría de Gobernación vamos a pedir la entrega legal de seis edificios que nos quitaron, entre otros, el de la empresa Servicios Portuarios, ubicado en plaza de la República número 20, donde hoy opera la Administración Portuaria de Veracruz (Apiver).

“Nuestro pliego petitorio incluye la devolución de todas las cuentas bancarias de los tres sindicatos, las cuales ya están ubicadas para devolverlas por parte del SAT. Algunas están en Banamex, Banco del Atlántico (hoy HSBC). Nos deben cubrir 28 millones de dólares por Serpover, maniobristas, además del pago a la Unión de Estibadores por el usufructo de la concesión y explotación de la maquinaria que nos quitaron.

“A esto se suman unos cinco millones de dólares de indemnización a la Unión de Estibadores y unos mil millones de dólares a la Unión de Checadores. Y falta sumar el pago de las cuotas obrero-patronales que deben pagar las empresas navieras, agentes aduanales y las empresas ICAVE, CICE, OPG y CTV que asciende, según nuestros cálculos, a unos 30 mil millones de pesos.

“Además, estas empresas ganaron millones explotando nuestra maquinaria por un lapso de seis años y nunca nos pagaron nada. Deben pagarnos”.

–Todo esto concentra una suma descomunal de dinero que deben pagar las empresas actuales que operan en el puerto. ¿Están abiertos a una negociación?

–Sí, estamos dispuestos a negociar, pero lo justo, de otro modo nos iremos a juicio por este atropello, violación de derechos humanos, despojo y violación de nuestros derechos y tengo la seguridad de que ganaremos y entonces nos tendrían que pagar lo que corresponde por 30 años. Estamos hablando de cifras descomunales que, en el peor de los casos, llevaría a la quiebra a las empresas. Los dueños de las empresas lo saben, por eso pienso que no rehusarán pagarnos lo que acordemos en una negociación.

Y hay más: todo esto constituye la liquidación y reparación del año a los tres sindicatos –maniobristas, checadores y estibadores– los cuales fueron reactivados mediante nuevas tomas de nota, otorgadas por la Secretaría del Trabajo, para contar con personalidad jurídica y así poder negociar la devolución de los bienes. Es decir, que el asunto va y muy en serio porque es evidente que este movimiento laboral tiene todo el respaldo del poder presidencial.

Otra cuenta pendiente –dice el abogado Pulido Cueto– es que procederemos contra los funcionarios que actuaron en este atraco a nuestro gremio, donde figura también Isidro Rendón –notario público 31– quien se prestó a todo el juego sucio del Gobierno. También tenemos una cuenta pendiente por saldar con Ángel González Rull, multimillonario a costa del negocio portuario, cuyo sobrino, Jorge Lecona, hoy es el presidente del Consejo de Administración de la empresa IVAC-Huschinson Port, la misma donde está de socio Carlos Salinas y que tiene el 80 por ciento de la actividad portuaria.

–¿Qué cuenta pendiente existe con González Rull?

–Fue artífice de la requisa y en 1997, como funcionario público, liquidó ilegalmente una empresa privada, en este caso, Servicios Portuarios, nuestra empresa. Él la disolvió y luego nacieron las famosas APIS en todos los puertos del país, una figura que, según ellos, le daba certeza legal a las empresas responsables de las operaciones portuarias donde estaban de socios políticos y empresarios salinistas.

–¿Piensan regresar al muelle y retomar la concesión que les quitaron?– se le pregunta al abogado.

–No vamos a regresar al muelle. Ese es nuestro compromiso. Los sindicatos se disolverán nuevamente cuando terminen las negociaciones y nos devuelvan lo que nos quitaron, nos indemnicen y nos otorguen una pensión digna cuyo derecho nos coartaron en 1991.

“Nuestro compromiso con el Presidente Andrés Manuel López Obrador es ese. No vamos a regresar al muelle. Queremos que se haga justicia. No queremos afectar los intereses de los obreros actuales. Lo que sí le pedimos al Presidente es que agilice estas acciones para terminar con este asunto. Por su voluntad política y su sentido humano este caso ha ido avanzando, aunque legalmente tengo que decir que vamos bastante lentos y pido que el Gobierno se sensibilice de que hay cientos de trabajadores y socios que se están muriendo de hambre, que no tienen techo y además de viejos están muy enfermos. Por eso pedimos que por favor agilice nuestro caso por el bien de nuestros viejos que hoy necesitan tener en sus manos lo que les robaron. Una de nuestras urgencias es que nos devuelvan las cuentas y los bienes inmuebles, además de que ya nos indemnicen con lo que nos corresponde por derecho.

“Además, reconozco el valor de todos mis compañeros del gremio, pero agradezco mucho la intervención de Mario Delgado y Gonzalo Vicencio, dirigentes nacional y estatal de Morena, respectivamente; de mi amigo Leonel Noya y a Gonzalo Guisar, presidente del PES en Veracruz. Todos ellos han sido personajes clave para sacar adelante este movimiento”.

Gonzalo Vicencio se convirtió en líder estatal de Morena en Veracruz tras el triunfo de Mario Delgado. Como se sabe, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez apostó por Porfirio Muñoz Ledo y perdió. Actualmente Vicencio ya fue reconocido como dirigente estatal y se apresta a construir un gran movimiento social y político en Veracruz, el cual les urge, pues en estos dos años no han sido muy favorables los resultados del Gobierno que encabeza García Jiménez, a quien por cierto la Suprema Corte de Justicia le acaba de quitar el blindaje legal que impedía se sometiera a la revocación de mandato. La decisión del Congreso de Veracruz fue calificada por el máximo tribunal como ilegal porque atenta contra el derecho de comunidades y pueblos indígenas.

El mandatario veracruzano ahora tendrá que alinearse con Mario Delgado y con Gonzalo Vicencio, quien se ha mostrado abierto al diálogo para alcanzar acuerdos y así impulsar el proyecto de nación del Presidente López Obrador.

–¿Qué sigue después de cerrar este caso?– se le inquiere al abogado Alejandro Pulido, quien desde hace dos años viaja frecuentemente de Veracruz a la Ciudad de México para empujar la causa que encabeza.

–Primero quiero que se haga justicia para todos los viejos trabajadores. Después hay otros planes, como crear la Confederación Internacional de Obreros Portuarios. Esta experiencia nos demuestra que con voluntad y valor todo se puede.

–¿Creen en la voluntad de López Obrador para que se haga justicia en este caso tan desgarrador como el abandono de los trabajadores portuarios después de la requisa?

–Totalmente, nos lo ha demostrado con hechos. Sólo falta finiquitarlo. Por eso le pido desde este espacio que nos de el empujón que nos falta.