San Salvador, 25 Jun (Notimex).- El Salvador tiene una gran deuda en apoyo a las miles de víctimas que sufrieron tortura durante el conflicto armado de 1980-1992, aunque Naciones Unidas (ONU) y organismos humanitarios intentan resarcir algunos de esos daños.
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, el Estado salvadoreño aún no ha sido capaz de respaldar a estas personas, luego del fin de la guerra interna que supuso además la muerte de 75 mil personas y ocho mil desapariciones.
Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Miguel Montenegro, el actual gobierno ha dado algunas señales de buena voluntad en ayudar a éstas víctimas de la tortura, pero urqe que el Estado apruebe y ratifique el Protocolo Facultativo contra la Tortura para depositar este tratado ante la ONU.
Montenegro, quien vivió en carne propia los diferentes tipos de tortura que llevó a cabo el ejército salvadoreño en los 12 años de guerra, dijo a Notimex que son miles de personas que no han podido superar una serie de traumas psicológicos.
“La tortura más cruel” que puede recibir una persona, ya sea en un conflicto armado como en otras circunstancias, es la psicológica, manifestó el dirigente humanitario.
Recordó que en 1986, él y sus compañeros de la CDHES, que fueron detenidos por la temida y desaparecida Policía de Hacienda (PH) y trasladado a la cárcel. Nunca olvidará “el llanto y las amenazas de todo tipo” que vivió en ese lugar.
“No hay más daño a la persona que la tortura psicológica, más que la física”, agregó Montenegro, al precisar que aunque se reciba ayuda profesional, a veces es difícil lograr “curar las heridas” psicológicas.
Lo más desesperante de la tortura es cuando al detenido o detenida se le amenaza a su familia, como ocurrió en su caso, rememora Montenegro, quien señaló que los ex presos políticos de esa época han recopilado experiencias sobre la tortura que aplicaban las fuerzas de seguridad a todo aquel que pareciera sospechoso de ser guerrillero.
El activista comentó que en colaboración con la ONU, la CDHES ha dado tratamiento psicológico a unas tres mil víctimas de la tortura y aún lo siguen haciendo, no obstante señala que el déficit en esta materia es grande.
Recordó que la tortura se aplicó en el país desde la década de los 70, previa la guerra civil que se oficializó en 1980 y a su juicio todavía continúa esa práctica, aunque en menor grado y ya no por razones políticas.
Según Montenegro, la sobrepoblación de reos que viven en las cárceles de la Policía Nacional Civil (PNC), es una tortura indirecta por la incomodidad en que se encuentran.
En la actualidad, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene algunas denuncias de tortura de elementos policiales y militares, agregó.
El director de Tutela Legal del Arzobispado de la Iglesia Católica, Ovidio Mauricio González, expresó por su parte que El Salvador vivió un periodo lamentable de tortura y que el país no ha tenido ni un solo proceso judicial de castigo en esta materia.
González dijo que muchos de los responsables de la Fuerza Armada de cometer tortura han sido amnistiados amparado en los Acuerdos de Paz de 1992 que puso fin al conflicto bélico.
El activista humanitario lamentó que el Estado no haya hecho nada por atender a las víctimas de la tortura de aquellos años ni de asegurar que eso no ya no vuelva a ocurrir en el país, en cualquiera que fueran las circunstancias de la tortura.
Denunció que ahora se registran casos de tortura, no por razones políticas, sino en el marco del combate a la delincuencia y la criminalidad que abate al país.
Existen algunos casos de abusos de tortura de parte de soldados o policías contra miembros de pandillas, dijo González, aunque sin dar más detalles, aunque admitió que este fenómeno ya no es muy frecuente en El Salvador como en el pasado.
