México, 27 Jun. (Notimex).- La Cámara de Diputados recibió respuesta de la cancillería a un punto de acuerdo, en la que se afirma que el gobierno federal seguirá utilizando todos los recursos a su alcance para defender los derechos y la dignidad de los mexicanos en Arizona.
En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria se indica que al avanzar el proceso judicial contra la Ley SB1070, la embajada mexicana y los cinco consulados en Arizona mantendrán la asistencia, la protección consular y la asesoría jurídica, incluso reforzando sus capacidades para enfrentar las necesidades en el terreno.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ratificó su compromiso de instaurar las medidas a su alcance para proteger a los connacionales que radican en el exterior, de manera independiente de su condición migratoria y dondequiera que se encuentren.
Reiteró su disposición de trabajar con el Legislativo para mantener un diálogo constructivo sobre la migración transnacional, así como para atender las necesidades de las comunidades mexicanas en dicho estado de la Unión Americana que pudieran derivarse de la ley SB1070.
Asimismo, resaltó que ante cualquier escenario se brindará la orientación necesaria a las comunidades mexicanas en ese lugar.
Subrayó que “en caso de que se permita la entrada en vigor de algunas secciones adicionales de la ley, se cuenta con mecanismos de asistencia y protección consular para hacer frente a las posibles violaciones de los derechos de mexicanos que ello pudiera acarrear”.
De acuerdo con el documento de la cancillería, de 2010 a la fecha la red consular de México en el estado de Arizona ha distribuido 120 mil dípticos informativos y llevó a cabo 331 jornadas sabatinas en las que ha atendido a 25 mil 745 mexicanos.
También se han llevado a cabo 200 reuniones con autoridades locales, 209 foros comunitarios con casi 22 mil mexicanos y registrado la presencia de autoridades consulares en medios en casi mil ocasiones.
Recordó que el gobierno federal presentó en marzo pasado un escrito de “Amigo de la Corte” en el que subraya que la ley SB1070 incide negativamente en las relaciones bilaterales e impide la colaboración efectiva entre los países, pues pretende crear un esquema migratorio distinto del previsto en la legislación federal.
Apuntó que ciertas secciones de la ley criminalizan la migración y propician su aplicación selectiva, lo que afectaría los derechos fundamentales de los mexicanos que residen o visitan Arizona.
Informó que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay se sumaron formalmente al texto mexicano.
La SRE enfatizó que el gobierno de México mantiene contactos permanentes con autoridades federales y estatales a fin de promover el reconocimiento de la importante contribución que los migrantes realizan en beneficio de la economía y la sociedad de Estados Unidos.
Subrayó la necesidad de que se respeten los derechos de los mexicanos, sin importar su condición migratoria.
Desde antes de la entrada en vigor de algunos elementos de la ley SB1070 en Arizona, en julio de 2010 se emprendieron acciones de protección preventiva y consular, a fin de vigilar el respeto de los derechos de la comunidad mexicana en ese estado.
El diputado perredista Marcos Carlos Cruz Martínez advirtió que la violación de los derechos humanos de millones de mexicanos y la expulsión con métodos policiacos de millones de migrantes latinos hacia la frontera común de México con Estados Unidos podría convertirse en un problema de seguridad nacional.
Indicó que por ello es urgente que el Poder Legislativo se exprese y haga lo necesario para defender los derechos de los connacionales.
También externó la necesidad de que la Cámara de Diputados exprese su preocupación a la Corte Suprema de Estados Unidos de América por su resolución sobre la Ley Arizona SB1070.
Argumentó que esa legislación lastima la observación y el respeto a los derechos humanos, sociales y laborales de cientos de miles de migrantes, vulnerando instrumentos del andamiaje legal internacional, como los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
