En la actual legislatura se han presentado cuatro iniciativas cuyo propósito es poner límites a la actividad minera dentro de las ANPs. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro

Beatriz Olivera*

La reserva de la Mariposa Monarca, los Tuxtlas, la Sierra Gorda de Guanajuato, el Alto Golfo de California, entre otras, son solo algunas de las áreas naturales protegidas a nivel federal que, para 2017 tenían parte de su territorio concesionado a la minería, hecho que sin duda, pone en riesgo la gran biodiversidad que poseen éstas zonas.

Las áreas naturales protegidas (ANP) tienen como función principal la protección de zonas importantes por sus recursos naturales, flora, fauna y/o ecosistemas representativos. Sin embargo, dichas zonas enfrentan una dura realidad; la actividad minera se realiza al interior de ellas, causando afectaciones a los territorios, a las personas, plantas y animales que las habitan.

Además de ser zonas de protección de la naturaleza, las ANPs tienen por objeto salvaguardar las especies silvestres; en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, proporcionar un campo propicio para la investigación científica, proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales, aprovechamientos agrícolas y los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y otras áreas de importancia para la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas. Su importancia es pues, trascendental para el ser humano. Pese a ello, la regulación existente es bastante laxa y permite a empresas mineras y particulares obtener autorización, permiso, o concesión, de las autoridades que tienen a su cargo las ANPs para realizar trabajos de exploración y de explotación minera.

Por esta laxitud, las ANPs enfrentan graves problemas. Actualmente en el país hay 182 áreas naturales protegidas a nivel federal, que cubren una superficie de 90.84 millones de hectáreas. De éstas, para 2017, la Secretaría de Economía había otorgado casi 60 mil hectáreas de concesiones mineras.

El panorama para el resto de las ANPs del país, no es más alentador: 73 de los principales proyectos mineros según el Servicio Geológico Mexicano, se sitúan precisamente al interior de las áreas naturales protegidas y sitios Ramsar y en ambos se ha concesionado a la minería un total de 2.22 millones de hectáreas, que equivalen al 7.2 por ciento de su superficie terrestre a nivel nacional.

En la actual legislatura se han presentado cuatro iniciativas cuyo propósito es poner límites a la actividad minera dentro de las ANPs. En primera instancia, la senadora Guadalupe Saldaña presentó una propuesta legislativa que busca prohibir las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales metálicos en las áreas naturales protegidas (ANPs) y en las que se utilice cualquier compuesto que incluya cianuro o mercurio.

En segundo término, la iniciativa presentada por la Senadora Lucía Trasviña tiene por objeto preservar y proteger las ANPs frente a los embates de la industria minera. Propone prohibir la realización de actividades de la industria extractiva en ANPs, así como aquellas que pongan en riesgo la preservación del área. Además, propone la prohibición de realizar en zonas marinas obras y actividades de exploración, explotación o extracción de minerales submarinos.

En diciembre pasado, la Senadora Saldaña presentó una nueva iniciativa que refuerza y complementa a la anterior y, finalmente, el senador Clemente Castañeda presentó una última propuesta con objeto de prohibir la minería dentro de las ANP y además establece sanciones para quienes realicen actividades mineras al interior de estas zonas.

Sin embargo, desde que fueron presentadas a la fecha, ninguna de estas iniciativas se ha discutido; por ello, desde la sociedad civil, urgimos a que se abra un espacio de discusión y análisis de ambas iniciativas en formato de parlamento abierto con el objetivo de contribuir al proceso de dictaminación que, bajo un enfoque plural y diverso, permita construir un instrumento legislativo en beneficio de la sociedad y del medio ambiente.

*Beatriz Olivera es investigadora en el programa de Tierra y Territorio de Fundar