Artículo 19 manifestó su indignación por las tres muertes de periodistas sucedidas este mes en el país. Las agresiones a la prensa en México se equiparán a las recibidas en países en guerra como Siria o Irak. En el caso de México, la violencia se artículo desde el Estado, detallaron los representantes de la organización en una conferencia de prensa ofrecida esta mañana. La organización internacional presentará el próximo 6 de abril su informe: “Libertades en Resistencia”, que documenta las violencias en contra de la libertad de expresión en México.
Por su parte, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) alertó que la cifra de periodistas asesinados ilustra el “alarmante deterioro en las condiciones de seguridad para que ejerzan su importante labor en el país”.
Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).- La organización Artículo 19 condenó la impunidad que existe en los crímenes cometidos contra periodistas en México. Los representantes señalaron la responsabilidad del Estado para violentar a la prensa.
“Los tres asesinatos de periodistas este mes reflejan un punto de no retorno”, dijo Leopoldo Maldonado, Oficial de Protección y Defensa de Artículo 19.
El 53 por ciento de las agresiones a periodistas en 2016 fueron cometidas por funcionarios públicos, de tal cuenta que el Estado es corresponsable de la violencia tanto por acción, como por omisión, añadió Maldonado.
Artículo 19 señaló que la violencia contra periodistas no va cesar hasta que disminuyan los índices de impunidad. Sólo en 2016 fueron asesinados 11 periodistas.
En términos generales la impunidad de los delitos en México es del 98 por ciento, en el caso de periodistas ronda en 99.75 por ciento, recapituló Maldonado.
En seis años, la institución encargada de investigar estos casos, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) ha resuelto tres casos de 800 carpetas de investigación abiertas.
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Sin embargo, el número de investigaciones sigue padeciendo un subregistro, acusó Maldonado, ya sea porque no tienen un carpeta abierta, o han sido canalizadas por la vía administrativa. La organización ha contabilizado 2020 agresiones en esos seis años.
“Hay una política de Estado, no de gobiernos, sino de Estado completo. Es una política transexenal, sindical, militar, desde el poder judicial, una política de los impunes basados en el control de la información”, consideró Ricardo Lúevano, Oficial del programa de Derecho a la Información de la organización civil.
Asimismo, del año 2000 a la fecha, han sido desaparecidos 23 periodistas. “Ya no están buscando. Estamos hablando que está podrida. La falta de protocolos era una demanda de las víctimas, ya hay pero no se aplican”, dijo Maldonado.
Los oficiales adelantaron que en el próximo informe de Artículo 19, “Libertades en resistencia”, que se presentará el 6 de abril, se detalla la incidencia que tienen las autoridades mexicanas en la manipulación de la información.
En cuatro años del Gobierno de Enrique Peña Nieto, 34 mil millones de pesos gubernamentales han sido destinados a medios de comunicación bajo el concepto de comunicación social, de acuerdo a la Secretaría de la Función Pública.
“En 2016 más de 9 mil millones de pesos en el gasto, vemos que están en gastos comprometidos. Es una violencia que impacta en la línea editorial y en la precariedad laboral de los periodistas. En la medida que la publicidad oficial siga siendo el principal recurso siempre vamos a estar entre la plata y el plomo”, dijo Ana Cristina Ruedas, Directora Regional de Artículo 19.
Una situación que coarta la información independiente, y ha incidido de manera especial en periodos electorales.
El jueves pasado fue asesinada Miroslava Breach en Chihuahua. Maldonado condenó que la adopción de una alerta preventiva del Mecanismo de protección de personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en agosto pasado, no haya evitado la muerte de reporteros y corresponsales.
“Tenemos en cuatro meses dos periodistas y dos defensores de derechos humanos muertos. Nuestras instituciones son sólo un cascarón”, criticó el Oficial de protección.
Maldonado resaltó que el hecho de que el Gobierno de Javier Corral haya vinculado el asesinato de Breach con su trabajo periodístico es una declaratoria anómala en México. Un hecho que resaltó como positivo. Sin embargo, el caso también presenta dificultades particulares.
“Nos parece preocupantes las filtraciones de informaciones. Y que el Gobierno de Chihuahua pueda victimizarse. En el caso de Rubén Espinoza [fotoperiodista asesinato en la Ciudad de México], por ejemplo, se filtró información sesgada. En el caso de Breach se corre el riesgo de que los perpetradores simplemente se fuguen”, alertó Maldonado.
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Desde hace siete años se ha declarado que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Sólo con Peña Nieto 30 periodistas han sido asesinados.
Apenas el 19 de marzo pasado fue asesinado a tiros el periodista Ricardo Monlui en Veracruz; y el 2 de marzo, Cecilio Pineda en Guerrero.
“La FEADLE desafortunadamente su función ha sido desacreditar el ejercicio periodístico en vez de atraer los casos”, indicó Maldonado.
El representante de Artículo expuso que existe una violencia simbólica después de que las autoridades han dejado en el olvido la justicia en los asesinatos de otros periodistas como Moisés Sánchez y Regina Martínez, ambos en Veracruz.
La era digital también ha traído nuevos riesgos: 72 agresiones contra la prensa ocurrieron a través de internet en 2016.
El hackeo contra periodistas, como el caso de Rafael Cabrera, a través de un malware llamado Pegasus: “Sí hemos encontrado la intervención en el periodismo para extraer información. Es el mismo caso de los activistas contra los refrescos intervenidos por un malware”, dijo Maldonado.
WOLA ALERTA POR AUMENTO DE EJECUCIONES
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) alertó que tan sólo en las primeras tres semanas del mes de marzo fueron contabilizados cinco asesinatos o agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos en México –entre ellos el homicidio de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, el jueves pasado–, una cifra que ilustra el “alarmante deterioro en las condiciones de seguridad para que periodistas y defensores ejerzan su importante labor en el país”.
En un comunicado dijo que los estados de Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Chihuahua y Oaxaca, donde fueron perpetrados los ataques más recientes, “presentan graves problemas de violencia, presencia de grupos de delincuencia organizada, desplazamiento interno y violaciones a derechos humanos”, y ahí “existen antecedentes de represión que no han sido investigados ni sancionados”.
Wola destacó que los mecanismos federales y locales de protección a periodistas y defensores de derechos humanos no han sido eficientes para prevenir ataques y advirtió que las procuradurías –General de la República y estatales– no pudieron resolver la gran mayoría de los asesinatos, lo cual “perpetúa y agrava el ciclo de violencia y abusos”.
“Cualquier agresión en contra de periodistas y defensores de derechos humanos es inaceptable, pero es especialmente alarmante cuando son víctimas de ataques directos, violentos y de homicidios”, insistió la organización.
