Las masacres, desapariciones y violencia en Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán dejarán huella en el sexenio de Enrique Peña Nieto, señaló Luis Raúl González Pérez, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).- Episodios de violencia como Tlatlaya e Iguala marcarán la administración de Enrique Peña Nieto, señaló hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“En este sexenio hubo violaciones graves a los derechos humanos. Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán son algunos de los nombres más representativos que marcaron el sexenio 2012-2018 en un momento crítico de los derechos humanos”, destacó Luis Raúl González Pérez, ombudsman nacional.

“Del cúmulo de Recomendaciones o Informes emitidos por la CNDH en estos casos, si bien han sido aceptados por las distintas autoridades, tan solo una tiene actualmente pruebas de cumplimiento total, con independencia de que hayan sido dirigidas a instancias federales o estatales”, profundizó.

Las palabras, expuestas desde el Salón Adolfo López Mateos, en Los Pinos, formaron parte del Informe anual de labores de la Comisión, y sirvieron para hacer un balance del sexenio peñanietista.

“Hasta hoy el balance no es favorable. México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos; tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro Estado Democrático de Derecho, ni se ha modificado positivamente el entorno que, cuando se inició su mandato, ya enfrentaban, de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza”, indicó el ombudsman nacional.

Los saldos que se quedan hasta ahora son los de dolor y la impunidad.

González Pérez recriminó, además, que durante el periodo del priista al frente del Ejecutivo no se ratificó ningún instrumento internacional en materia de derechos humanos.

Para la CNDH, “sería una señal muy positiva de coherencia, responsabilidad y compromiso con los derechos humanos el que antes de concluir su administración, se dé cumplimiento a las recomendaciones respectivas y se atiendan las propuestas formuladas”.

El llamado a cumplir con las responsabilidades va también dirigido a los gobiernos locales, pues estos tienen, de igual forma, una deuda con las víctimas.

La sociedad, señaló durante el evento, “clama por seguridad, por poner un alto a la violencia, porque la legalidad impere, la impunidad se reduzca y la corrupción se sancione y prevenga”.