En las últimas semanas, con ocasión de las discusiones en torno a la iniciativa de la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, se ha argumentado que, de aprobarse, ésta

[reforzaría] de manera muy abierta la centralización en la toma de decisiones. En vez de hacerlo de manera colegiada, pretende la instalación de un Consejo Nacional, que en realidad es estrictamente gubernamental […] Esto significa desaparecer el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el Consejo Consultivo de Ciencias y la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia, y sustituirlos por foros a modo o, de plano, por una estructura vertical[1].

En reacción a ésta y otras críticas, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ha respondido que “el Presidente y yo no queremos ni centralizar ni acaparar, sólo buscamos hacer más eficiente, eficaz y coordinado el sistema de ciencia y tecnología…”[2]. La discusión ha continuado de manera intensa en múltiples foros e instituciones, siendo particularmente importante el Conversatorio organizado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la Cámara de Diputados en días recientes. Su Declaratoria presenta un resumen muy bien hecho de los problemas de fondo que se tienen que abordar en la discusión y posible modificación y aprobación de la iniciativa, resaltando la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) para el desarrollo nacional; la necesidad de políticas públicas que las fomenten; la relevancia de tener recursos públicos que se dediquen inteligentemente para lograr que impacten en la solución de los problemas nacionales; la importancia del sector privado en estas materias; y “el papel central que las academias e instituciones de consulta y representación” tienen para el Sistema Nacional de CTI[3]. Independientemente de cuál sea el resultado de este proceso legislativo, tomar en consideración la Declaratoria debe ser una prioridad para los tomadores de decisiones.

De manera muy interesante, los argumentos presentados sobre el papel que tendrían las instituciones de consulta y representación del sector de CTI en la nueva ley han dejado al descubierto una aparente oposición presupuesta entre la consulta, la participación y la articulación con actores(as) e instituciones no-gubernamentales, por un lado, y la eficiencia, la eficacia y la coordinación gubernamental por el otro. Esta tensión y aparente oposición no es extraña a la administración pública: ésta ha sido planteada y resuelta de muchas maneras en el pasado, en una multitud de contextos y de sectores. En el centro se encuentra la definición del tipo de redes o comunidades que diseñan, implementan y evalúan las políticas públicas. La iniciativa de ley mencionada propone que las políticas en torno a la CTI serían definidas principalmente por actores(as) e instituciones pertenecientes a la administración pública federal, como si las relaciones inter-gubernamentales y la consulta ad-hoc fueran suficientes para diseñar y mantener políticas sustentables.

La evidencia sugiere, más bien, que la sustentabilidad se encuentra en la cooperación sostenida entre actores(as) gubernamentales, privados(as) y sociales. En la actualidad, el arte de gobernar necesita ajustes constantes al volante, interactuando con organizaciones representantes de intereses privados, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), instituciones académicas y de otro tipo en tiempo real, fomentando y defendiendo espacios en los que se puedan generar comprensiones compartidas de los problemas, para luego poder trabajar en posibles soluciones. Todo esto requiere mantener comunidades de política pública en redes conformadas por actores de muy diverso tipo.

El diálogo, la consulta y la participación necesitan la dedicación de recursos escasos -como el tiempo, el dinero, el expertise, la información y la legitimidad- en la construcción de marcos de acción que hagan posible la cooperación; lo cual nunca es fácil. Cualquiera que haya tratado de establecer un convenio inter-institucional puede ser testigo de las dificultades que implica lograr y mantener acuerdos a pesar de los diferentes intereses, lógicas y valores involucrados. En estos entornos, consultar y acordar con actores(as) no-gubernamentales pudiera parecer un dispendio que puede ser un obstáculo para obtener el mayor beneficio por el menor costo posible (eficiencia), el logro de los objetivos planeados (eficacia), o la armonización de las diferentes agencias públicas encargadas de implementar la política gubernamental (coordinación).

A pesar de esto, cuando la consulta y la participación toman en serio a los(as) interlocutores(as), generalmente se enriquecen los procesos de política pública: se evidencian opciones y recursos; se fomenta el conocimiento mutuo; y se genera confianza interpersonal e institucional, facilitando el cumplimiento de objetivos compartidos. Cuando la participación de los(as) actores(as) no-gubernamentales se deja de concebir instrumentalmente como un medio para convencerlos(as) de que la propuesta del gobierno es la única correcta, para -en su lugar- considerarlos(as) como expertos(as) que pueden hacer aportes valiosos, la consulta deja de ser un obstáculo para la eficiencia, la eficacia y la cooperación.

1. [1] Báez Rodríguez, F. “El bodrio de la ley de ciencia”. Crónica, 19 de febrero de 2019. Disponible en: http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1110745.html. Consultado el 20 de marzo de 2019.
2. [2] Poy Solano, L. “La ciencia pública debe dar resultados a la sociedad”. Periódico La Jornada, domingo 24 de febrero de 2019, p. 7. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2019/02/24/politica/007e1pol#. Consultado el 20 de marzo de 2019.
3. [3] Foro Consultivo Científico y Tecnológico A. C. y Cámara de Diputados, LXIV Legislatura. Declaratoria del Conversatorio para el Análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 13 de marzo de 2019. Disponible en: https://foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/declaratoria_conversatorio.pdf. Consultado el 20 de marzo de 2019.

Francisco Porras Sánchez

https://www.sinembargo.mx/author/francisco-porras

Doctor en Política y Estudios Internacionales por la Universidad de Warwick, Reino Unido. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación es la Gobernabilidad urbana y regional contemporánea (finales del siglo XX y principios del XXI), con particular interés en gobierno, gobernanza y redes de política pública. Actualmente es profesor investigador del Instituto Mora. Twitter: @PorrasFrancisco / @institutomora

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