Parece asombrosa la reacción empresarial frente al plebiscito de este fin de semana. Sería increíble, si no fuera por la evidente falta de ética y dignidad que han mostrado en muchas ocasiones recientes. Como si no hubiera una larga historia de oposición popular al proyecto y una absoluta negación de la clase política y empresarial de discutirlo con datos científicos y oficiales en la mano desde hace varios años. Para entender la situación que llevó a la abrumadora decisión popular de rechazar el proyecto, es necesario remontarnos atrás algunos años, así como examinar con más detenimiento algunos antecedentes.

Primero, la planta fue propuesta para Mexicali como productora de la cerveza con la marca estrella mexicana Corona, a raíz de acontecimientos empresariales sellados en el acuerdo comercial que llevó a la venta de la empresa Modelo a su actual dueño Anheuser-Busch InBev, acuerdo concertado en 2008 pero realizado hasta 2013. La tardanza en iniciar la realización se debió a que la adquisición fue impugnada por el Gobierno norteamericano que la aprobó solamente después de que se acordó que la venta de sus marcas en aquel país podría realizarse por una tercera empresa, Constellation Brands, y la cerveza de marca mexicana tendría que producirse en México. Como consecuencia, resultaba urgente para esta última empresa establecer sus propias instalaciones de producción para la exportación; claro está, para controlar los costos de transporte, resultaba muy conveniente construir una cervecería en la línea fronteriza.

Constellation describe este acuerdo claramente en su página de internet: Adquirió el negocio de Grupo Modelo en los Estados Unidos de Norteamérica en 2013 [a raíz de la exigencia del Gobierno], incluyendo una planta “estado del arte” (o sea, automatizada) en Nava, Coahuila, así como una licencia perpetua y exclusiva para importar, comercializar y vender Corona y las demás marcas de Modelo y la libertad de desarrollar extensiones de sus marcas e innovaciones para el mercado norteamericano. Como parte de su expansión, en 2016 adquirió otra cervecería en Ciudad Obregón para surtir su mercado americano más importante en la costa occidental.

Segundo, al mismo tiempo el Gobernador de Baja California, Francisco (Kiko) Vega de Lamadrid anunció su aprobación del proyecto de construir la planta en Mexicali y en ese tiempo se detectaron cuantiosos apoyos estatales para facilitar la inversión (4vientos, 3/2/2017). Este acto político fue acompañado por una serie de autorizaciones y estudios oficiales que aseguraron la suficiencia del abasto del agua para la planta y para las necesidades sociales y productivas en la región. La andanada gubernamental desató una larga historia de actividades manifestando la oposición popular a la planta, incluyendo una demanda por un plebiscito en 2016 que el Instituto Estatal Electoral la declaró “intrascendente e improcedente”. Desde que la gente se enteró del proyecto, la movilización social no ha cesado y la batalla, tanto administrativa como ciudadana, ha seguido.

Estas confrontaciones han sido alimentadas por un sinnúmero de evaluaciones de la capacidad de los sistemas hídricos en la región y la calidad del servicio ofrecido a la población. Resulta evidente que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali no ha logrado asegurar un servicio domiciliario adecuado de agua en el municipio. Así mismo, los agricultores en el distrito de Riego Río Colorado y la región del Valle de Mexicali tampoco disfrutan de una oferta regular del preciado líquido. Por el otro lado, la Comisión Nacional del Agua ha sostenido que existe una oferta adecuada de agua, pero su gestión es deficiente (¡como es el caso en todo el país!).

Tercero, en este contexto es necesario reflexionar sobre los procesos políticos y sociales que se han dado en estos días y sus implicaciones por nuestro sistema político. Es evidente que la consulta del 21-22 de marzo responde a una enérgica y prolongada exigencia ciudadana y que la batalla en torno al agua en Mexicali está íntimamente relacionada con el problema nacional de la gestión del agua. Desde 2012, cuando se modificó el Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el derecho humano del agua, se ha dejado ver un profundo conflicto en torno al paradigma apropiado para asegurar este vital líquido a la población a la vez que se asegura el mantenimiento de los ecosistemas que la surten. Este problema toma la forma del mandato constitucional (¡para lograrse antes de febrero 2013!) para promulgar una Ley General de Aguas. Desde entonces, las legislaturas han pospuesto esta obligación, ya que las fuerzas vivas de la política nacional se han movilizado para obstaculizar la “Iniciativa Ciudadana” que viene gestándose desde hace siete años.

Como se dijo arriba, el meollo del asunto es paradigmático: ¿se debe permitir que esta gestión del agua recaiga en manos privadas o se debe promover un modelo ciudadano para su manejo? No es un asunto de poco importancia: actualmente, el 70 por ciento de los volúmenes de agua concesionados están controlados por un 2 por ciento de los concesionarios. Treinta y seis millones de mexicanos no tienen agua en sus casas más que tres veces a la semana. Una consecuencia de esta tragedia es la proliferación del consumo de aguas embotelladas, tanto endulzadas como ‘puras’, con su estela de problemas de salud. Actualmente, el asunto está en la agenda legislativa, con una movilización muy intensa de las “fuerzas vivas” para tratar de impedir la adopción de la iniciativa ciudadana, que refleja un consenso de miles de grupos locales repartidos en todas las entidades que han trabajado durante años para estructurar una propuesta que garantice el interés social por encima del privado.

En Mexicali, vemos que el conflicto no se trata solo de una consulta reciente o de un rechazo a ciegas del modelo empresarial de gobernanza. Este proyecto ha pasado por encima del interés social y de las necesidades ambientales durante varios años. Más aun, es producto de la enajenación de las propiedades de la cervecería a intereses extranjeros para el enriquecimiento, otra vez, de un grupo muy privilegiado de empresarios a costa de la solidez de la economía y la sociedad nacional. La selección de Mexicali como ubicación de la planta, desde su origen, se debió al poder de otro grupo –político– que consideraba posible seguir trepando por encima de los intereses y necesidades de la sociedad local, alejada del centro estatal del poder.

Ya es tiempo de dejar de engañarnos y seguir permitiendo los intereses mezquinos de los usuarios grandes –los acaparadores– de dominar la gestión del agua en nuestro país. La Iniciativa Ciudadana de la Ley General de Aguas que está en el Congreso de la Unión tiene que promulgarse con celeridad. Al mismo tiempo, nosotros los ciudadanos tenemos que poner manos a la obra para su implementación. Sin un sistema sustentable de manejo del agua el país no estará en condiciones de enfrentar los retos sociales y económicos que van a presentarse.

David Barkin

https://www.sinembargo.mx/author/davidbarkin

Recibió su doctorado en economía de Yale University en 1966 y actualmente es Profesor Distinguido en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Ciudad de México. Colaboró en la fundación del Centro de Ecodesarrollo en 1974. Recibió el Premio Nacional de Economía Política en 1979. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias e Investigador Emérito el Sistema Nacional de Investigadores. En 2015, fue otorgada la Cátedra Georg Forster por la Fundación Alexander van Humboldt en Alemania por tres años para avanzar en sus investigaciones relacionados con el impacto del cambio climático. Sus análisis de la dinámica social y productiva en el campo mexicano siguen guiando investigadores en temas rurales hasta estos días. Actualmente colabora con comunidades indígenas y campesinas para impulsar el manejo sustentable de recursos regionales.

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