Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).– Amnistía Internacional calificó como inaceptable la inacción del gobierno de Oaxaca, que preside Gabino Cué Monteagudo, y de las autoridades federales para ejecutar las órdenes de aprehensión contra 11 personas implicadas en el asesinato de los activistas Alberta “Bety” Cariño y Jyri Jaakkola, de origen finlandés.
De acuerdo con el organismo civil varios de los implicados “viven abiertamente en la zona donde ocurrieron los hechos”.
“Según información recibida, varios viven normalmente en la zona de San Juan Copala sin que las autoridades tomen medidas para arrestarlos. Solo una persona, Rufino Juárez, está en detención bajo proceso en relación con el crimen. La inacción de las autoridades ante los demás implicados pone en entredicho su compromiso, reiterado a nivel nacional e internacional, para asegurar la justicia”, denunció Amnistía a cuatro años de que se cometiera el crimen.
Este domingo 27 de abril se cumplieron cuatro años del asesinato de los activistas Jyri Jaakkola y Betty Cariño, quienes fueron víctimas de una emboscada cuando participaban en un convoy de ayuda humanitaria que se dirigía al municipio de San Juan Copala, en Oaxaca, cercado en ese entonces por fuerzas paramilitares.
La madre del defensor de derechos humanos, Eeve Jaakkola, hizo un llamado este domingo a las autoridades mexicanas para acabar con la impunidad en este y otros casos en el país. “Espero que llegue el día en que sólo lleve luto y pueda extrañar tranquilamente a mi hijo. Sin tener que exigir justicia, sin decir nada”, expresó.
A su vez, Omar Esparza, viudo de Bety Cariño, dijo al organismo internacional: “De parte de mis hijos y mía, quiero pedir que las autoridades detengan a los sospechosos de manera urgente y los lleven ante la justicia”.
Amnistía afirma que las autoridades federales y estatales se han comprometido reiteradamente a ejecutar las 11 órdenes de aprehensión vigentes en contra de presuntos implicados en estos asesinatos. Sin embargo, denunció, todos ellos continúan en libertad.
A decir de la organización no gubernamental, el ataque que sufrieron Bety Cariño y Jyri Jaakkola “no es un hecho aislado sino que ilustra la realidad que viven muchas personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México”.
Indicó que para prevenir ataques e intimidación, el gobierno federal ha creado el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “pero la protección que provee a sus beneficiarios es insuficiente o inadecuada”.
“La situación es aún peor en lo que respecta a la investigación penal de los responsables por los ataques donde la impunidad es casi total”, denunció.
Ante la inacción de las autoridades,Amnistía Internacional instó al gobierno federal y estatal a investigar exhaustivamente los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, incluyendo los vínculos entre el grupo armado responsable y las autoridades, a cumplir de forma inmediata las órdenes de aprehensión vigentes y a garantizar medidas de protección adecuada para los testigos oculares.
“Todo esto con el objetivo de hacer rendir cuentas a todos los responsables”, señaló.
La organización también exhortó a las autoridades a investigar los motivos de la inacción oficial en la ejecución de las órdenes de aprehensión para determinar responsabilidades individuales.
“El esclarecimiento de todas las agresiones contra periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos es la medida más efectiva para garantizar su protección y su capacidad de trabajar sin temor a represalias”, finaliza el comunicado de prensa de Amnistía.
