El papel del INE en el proceso electoral en curso ha sido sumamente cuestionado. Sobre todo se le ha criticado –y con razón– su inoperancia para sancionar eficiente y ejemplarmente al PVEM, partido que ha crecido electoralmente por la violación sistemática de la ley, y su papel de censor contra las campañas de contraste. Hace algunas semanas comentamos la lamentable renuencia del INE a castigar merecidamente al Verde y a continuación se tratan los obstáculos que ha colocado la autoridad electoral a la libertad de expresión.

En una contienda en la que el árbitro mismo es quien coarta la libertad para expresarse, quedan sumamente restringidas las posibilidades de los ciudadanos para allegarse información y, con base en ella, decidir mejor el sentido de su voto. La calidad de cualquier competencia electoral está relacionada con la libre circulación de ideas, por lo que todo silenciamiento no autorizado por el poder Judicial (quien, dicho sea de paso, para silenciar tendría que argüir muy buenas razones, como evitar calumnias) atenta directamente contra la democracia misma. Que el árbitro electoral mande callar a los jugadores ataca uno de los puntales básicos de la democracia: al decidir, los ciudadanos no requieren la tutela de autoridad alguna –mucho menos una casi paternal.

El papel invasivo del INE, además de afectar la calidad de la contienda,  lastima a la propia institución. Las encuestas muestran un desencanto generalizado de los mexicanos con su democracia, proceso del cual no se salva el árbitro electoral. El INE tiene a la vuelta de la esquina la primera elección en décadas en la que se organizarán desde el centro comicios municipales, estatales y federales. La legitimidad que demanda un proceso así es colosal. Lo estratégico sería invertir todas las baterías en la organización electoral, en lugar de dispersarlas cerrando bocas.

Cualquier institución con legitimidad maltrecha debe jugar inteligentemente sus cartas, pues de seguir apostando desmesuradamente y arriesgando sin freno –por ejemplo censurando a jugadores que luego pueden volverse contra el árbitro–, corre el riesgo de quedar en una situación peor a la que estaba.

Hay quienes han tratado de quitarle la responsabilidad al INE, señalando que el problema está en la legislación electoral. Falso. La legislación electoral ha sido restrictiva con la libertad de expresión desde 2006, sobre todo por presiones de la izquierda. Con todo y que en el plano de la redacción de la ley es más fácil cerrar bocas desde ese entonces, en el de aplicación de la ley nunca antes la institución había sido tan restrictiva. Toda ley deja márgenes de interpretación y en esta ocasión el INE está yéndose al extremo de censura permitido por la normatividad.

Ahora bien, entre quienes sí atribuyen al INE, y en particular a su Consejo General, la responsabilidad de lo que sucede, hay quienes se empeñan en criticar solamente a los seis consejeros que casi sistemáticamente votan a favor de la censura en el pleno y sobre todo a los dos de ellos que prácticamente siempre sufragan en ese mismo sentido censor en la Comisión de Quejas y Denuncias.

Tal argumentación pasa por alto que los otros cinco consejeros también tienen responsabilidad, cuando menos por omisión. ¿Acaso no podrían desmarcarse de la actitud censora del INE, responsabilizando por ello a sus seis compañeros?, ¿No lo hacen porque consideran que “respetar” a la institución es, ramplonamente, no cuestionarla, aun si está afectando a la democracia y se está golpeando a sí misma?

Vaya si la historia da vueltas: en su momento, el IFE fue una de las más importantes puntas de lanza en el paso del autoritarismo a la democracia electoral. Actualmente, su sucesor se ha convertido en un dique para la consolidación de una democracia abierta, competitiva y de libertades.

La capacidad de cualquier institución tiene límites y lo que haga con su capacidad deja huella en el futuro. ¿Qué costo pagará la democracia mexicana después de que el INE está ocupado en erigirse como tribunal protector de conciencias en lugar de guardar su legitimidad para organizar con éxito una elección tan compleja como la del próximo 7 de junio? Más aún, ¿en qué derivará este precedente de que el árbitro puede callar a los jugadores y definir qué pueden ver los ciudadanos y qué no?

@GermanPetersenC 

Germán Petersen Cortés

https://www.sinembargo.mx/author/germanpetersen

Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el ITESO y Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México. En 2007 ganó el Certamen nacional juvenil de ensayo político, convocado por el Senado. Ha participado en proyectos de investigación en ITESO, CIESAS, El Colegio de Jalisco y El Colegio de México. Ha impartido conferencias en México, Colombia y Estados Unidos. Ensayos de su autoría han aparecido en Nexos, Replicante y Este País. Ha publicado artículos académicos en revistas de México, Argentina y España, además de haber escrito, solo o en coautoría, seis capítulos de libros y haber sido editor o coeditor de tres libros sobre calidad de vida.

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