Las propuestas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Verde Ecologista de México (PVEM) dan libertad tanto a los servidores públicos como a sus familiares y dependientes económicos directos de hacer públicas las especificaciones de sus declaraciones patrimoniales. Con esta propuesta, la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos se quedaría como la actual, dejando fuera la iniciativa ciudadana “3de3” que exige elementos necesarios de fiscalización y castigo a funcionarios corruptos.

Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).- Senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron este día su propuesta para la Ley General de Responsabilidades en la que dejan a consideración de los funcionarios incluir montos y detalles en su declaración patrimonial.

El documento firmado por el priista Raúl Cervantes y Pablo Escudero Morales, del PVEM, incluye cinco de las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) e incorpora la palabra “podrá” con respecto a  los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás contenido de la declaración patrimonial de funcionarios, sus cónyuges y dependientes económicos directos.

“Sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público”, señala la propuesta de redacción del artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades, con lo que da libertad a los funcionarios públicos de detallar o no su declaración patrimonial, dejando fuera la iniciativa ciudadana “3de3” que exige elementos necesarios de fiscalización y castigo a funcionarios corruptos.

La Ley 3de3 propone definir claramente la corrupción a partir de 10 tipos de conductas ilegales: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.

El movimiento que promueve la iniciativa pide rediseñar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y sancionar a particulares por hechos de corrupción. Además, exige que sean obligatorias las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales para todo funcionario, de forma periódica y pública; directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos; un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.

El pasado 6 de abril, integrantes de asociaciones civiles entregaron al Senado de la República 634 mil 143 firmas que exigen “un compromiso contundente para impedir que el servicio público sea fuente de riqueza ilegal y, en suma, combatir de frente la crisis nacional de corrupción”.

Ayer, los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) acusaron a las organizaciones civiles que participan en la discusión del SNA de romper con el pacto de Parlamento Abierto y “cambiar de bando”, al “encerrarse” a trabajar con el PRI en nuevas propuestas.

“Ni el PAN ni el PRD vamos a admitir que los acuerdos entre el PRI, el Verde y las organizaciones de la sociedad civil achiquen la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción”, dijo el coordinador del partido del Sol Azteca en la Cámara Alta, Miguel Barbosa Huerta.

Max Kaiser, director Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), de la iniciativa 3de3, dijo a SinEmbargo que en ningún momento hubo un acuerdo de trabajar sólo con un partido político.

“Todos nuestras posiciones son para que el Sistema funcione de manera integral, o sea nada tiene que ver con reconstruir o deshacer, sino con abonar a la integralidad y eficacia del Sistema. Hemos hecho la chamba técnica, que algunos no han querido hacer, ni hacer grilla”, dijo.

En tanto, Pablo Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, aseguró a SinEmbargo que las siete propuestas de Ley que componen el SNA fueron redactadas entre el partido oficial, sus bancadas aliadas y las organizaciones civiles.

Sin embargo, la propuesta del PRI y PVEM es contraria a las exigencias de la Ley 3de3, pues no sólo da libertad a la declaración patrimonial de los funcionarios públicos, también establece que sus familiares deberán otorgarles una autorización expresa para incluir sus datos en la declaración.

Estas condicionantes también aplicarían para la declaración por posible conflicto de interés.

En el caso de las declaraciones de impuestos también se deja a voluntad del funcionario la posibilidad de revelar su contenido y plantea que sólo sea pública la constancia emitida la autoridad fiscal para comprobar que fue presentada la declaración anual.

“Los formatos originales de las declaraciones patrimoniales y de intereses, así como la documentación que la sustentan, se mantendrán bajo resguardo de las autoridades competentes para aplicar esta ley”, dice el documento.

Las declaración de patrimonial de los servidores públicos, según el PRI y el Verde, debe incluir la lista contempla datos generales del declarante, monto de sus ingresos netos mensuales por el cargo público que desempeña, declarar si percibe ingresos distintos a la prestación de funcionario y cuál es su naturaleza de los mismos, así como señalar si el monto al que ascienden es mayor al de los que percibe en el Gobierno.

También deberá incluir el listado de bienes inmuebles que posee, el país, entidad federativa, municipio o demarcación territorial donde están y el año en que los adquirió. Asimismo, contemplará el listado de vehículos de su propiedad, inversiones y cuentas bancarias, créditos bancarios, no bancarios e hipotecarios.

La propuesta establece que las secretarías y los órganos internos de control deberán realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses, así como del patrimonio de los servidores públicos y, de existir anomalías, iniciar una investigación.

De acuerdo con el documento, se sancionarán como “faltas graves” a los servidores públicos que incurran en enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de intereses y que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones.

Otra falta grave, según la iniciativa del PRI y Verde, es el tráfico de influencias y abuso de un cargo para inducir a que otro servidor público efectúe, retrace u omita algún acto de su competencia, esto incluye el soborno.

Las sanciones a estas faltas van desde la suspensión del cargo temporalmente de hasta 10 años o la inhabilitación permanente, a una sanción económica, según el monto de la sanción.

La propuesta del PRI y PVEM no incluye un sistema de recompensas para quien denuncie actos de corrupción.

La redacción de la iniciativa ciudadana Ley 3de3 establece que las personas que denuncien un acto de corrupción, en el que se determine un daño al erario, podrán tener un porcentaje de lo recuperado que ningún caso será mayor al 10 por ciento del monto.