La “ciberseguridad” se ha convertido en un tópico central de las sociedades contemporáneas. No sobra decir que nuestra red de relaciones y aspectos esenciales de nuestras vidas se alojan en internet. Por su parte, la estructura crítica y estratégica de un Estado depende cada vez en mayor medida del ámbito digital. Hace tres días, con la clara intentona de militarizar prácticamente todas las parcelas estratégicas del país, MORENA y sus aliados empujan una iniciativa para que el Ejército pueda hacer ciberpatrullaje y censurar contenidos en línea.

El escándaloso desaseo legislativo del oficialismo en la Cámara Baja, de cara al fin del periodo de sesiones, sigue destruyendo instituciones y, a la par, perfila un traslado paulatino y consistente de facultades y recursos para el sector militar, tales como el control del espacio aéreo y recursos percibidos por servicios turísiticos). En ese paquete de retrocesos para la vida democrática se incluye una Ley de Ciberseguridad presentada a iniciativa del diputado del PVEM López Casarín.

La propuesta es absurda, delirante, ignorante y preocupante. Permite a la SEDENA “monitorear” y llevar a cabo “operaciones militares” en el “ciberespacio”; faculta a una nueva “Agencia Nacional de Ciberseguridad”, a la Guardia Nacional, a la Fiscalía General de la República y a autoridades judiciales a ordenar “dar de baja” direcciones IP, dominios y sitios de Internet de manera discrecional; y prevé “delitos informáticos” bajo definiciones amplias y ambigüas.

Lo anterior nos recuerda que el informe anual 2022 de ARTICLE 19 “Voces contra la indiferencia”, habla del poder de intervención y las facultades que se han otorgado al Ejército y a la Marina en temas y proyectos de seguridad pública, sin considerar antecedentes de violaciones a derechos humano. Dicho ndocumento también habla de los amagos de restringir derechos en internet mediante suscesivas propuestas legislativas de “ciberseguridad”.

En materia de acceso a internet, a los militares se les ha encomendado la construcción de torres y antenas para tener mayor conectividad en zonas rurales del país y así garantizar “internet para todos”. Esto puede estar revestido de legalidad, aunque es de cuestionada legitimidad ¿Por qué?

Porque teenemos que las instituciones castrenses se han conducido durante aún en la era de la “incipiente democracia” en el ámbito de la ilegalidad: el espionaje. Con la evolución de las tecnologías, el poder de intervenir comunicaciones por parte del Ejército se volvió más sofisticado y más difícil de rastrear. A pesar de ello, se revelaron en los últimos 6 meses nuevos casos de espionaje mediante el software Pegasus. Dichos casos son los de los defensores de derechos humanos Raymundo Ramos, Santiago Aguirre y Malú Aguilar; así como Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político. Todos ocurrieron en este sexenio, demostrando la presistencia del uso ilegitimo de tecnologías de vigilancia

Pero ese empoderamiento militar en el plano digital, conlleva una disputa con personas y colectivos que resisten. Ahí entra a escena el grupo Guacamaya, el cual reveló el abuso de poder y de actuar ilegal por parte del Ejército en todo el territorio nacional, realizando acciones de espionaje y vigilancia “a la antigüita” y con las herramientas de última gama. De hecho, parte de esa vigilancia, ciberpatrullaje y “monitoreo” no se enfoca en grupos criminales, sino en activistas y disidentes.

Lo hecho por Guacamaya, al filtrar más de 40 millones de correos de SEDENA, nos recuerda que el hacktivismo es una forma legítima de protestar y participar en el debate público, abonando a la transparencia y rendición de cuentas. En un gobierno que tiende a la opacidad, la esperanza es que el hacktivismo continúe exponiendo información oculta y aportando transparencia a las acciones de las autoridades, particularmente las militares, reacias a sujetarse los mínimos principios, mecanismos y valores democráticos.

Bajo este panorama, el mundo digital refleja el patente retroceso autoritario a través de dos procesos muy claros y específicos: el afán político de censurar expresiones y la cibervigilancia militar.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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