El Presidente está empeñado en transformar –ese es el verbo que usa en su lema– al Estado mexicano y fundar un nuevo régimen. Es mucho más probable que demuela muchas de las estructuras de lo que actualmente existe, algunas bien hechas o por lo menos funcionales, y solo deje montones de escombros. La obcecación presidencial en hacer del pasado tabla rasa, para construir su proyecto sobre tierra arrasada y aplanada, sin parar mientes sobre la viabilidad real de lo que se propone, o en la posibilidad de que lo que existe no esté tan mal como él creía, puede acabar de derruir a un Estado ya de por sí muy maltrecho, pero sin sustituirlo por algo nuevo y mejor construido.

Cada mañana, en la perorata presidencial, se suelta una andanada de mandarriazos contra lo establecido, que luego se traducen en acciones de desmantelamiento y sustitución por alguna estructura improvisada inspirada en el diseño del líder, en cuya cabeza están completos los planos de la nueva edificación, aunque sin haber pasado por el tamiz de algún calculista que mida si son edificables o no. López Obrador está decidido a dejar un legado trascendente, tanto en infraestructuras que imagina como proyectos geniales, aunque sean en realidad bastante retrógrados, como en la transformación de las instituciones y de las prácticas del Estado mismo. La pandemia le parece un incidente menor, que no debe alterar sus planes.

Para el Presidente la legalidad constitucional es maleable a voluntad. Los detalles legales le aburren y le deja a su Consejero Jurídico los retruécanos necesarios para simular el acatamiento. Lo hecho con el acuerdo para desplegar al Ejército sin control civil en tareas de seguridad muestra que no tiene empacho en torcer la Constitución. Ahora será la Suprema Corte la que deberá decidir otra vez sobre la constitucionalidad del despliegue militar, lo que implica una nueva tensión sobre su independencia.

La animadversión presidencial a las autonomías y contrapesos llevó a la captura o desmantelamiento de organismos relevantes y no se ha detenido: sigue acechando al INE, mientras mantiene el sometimiento del INAI. Precisamente esta semana se publió en el Diario Oficial de la Federación una convocatoria, emitida por la Secretaría de Economía, a una consulta pública para establecer una Norma Mexicana para la Organización de las Elecciones en México. Es, a todas luces, otro atentado contra la Constitución, pues está entrometiendo a una secretaría del Gobierno en la reglamentación de una materia que le corresponde en exclusiva al INE. ¿Cómo puede concebir el Gobierno que una normativa reglamentaria, como son las NOM, emitida por una dependencia del Ejecutivo, puede aplicarse a la materia electoral? La única explicación es que están buscando recovecos para debilitar y limitar al detestado INE, e intervenir en los procesos electorales.

Otro mazazo ha sido el recorte del 75 por ciento al gasto operativo de todas las dependencias de la administración central. Como ya es evidente que no va a tener cómo financiar su empecinamiento, López Obrador está recurriendo a la austeridad asfixiante como fuente de recursos para sostener in extremis sus proyectos y sus políticas. Ha decidido apretar hasta la asfixia al funcionamiento cotidiano de la burocracia, después de enjutar los salarios y haber echado a muchos profesionales capaces y sustituirlos por sus seguidores, en la mejor tradición clientelista.

Sin detenerse en análisis fino alguno, la guadaña del recorte presupuestal ha segado la actividad de algunas dependencias hasta la inoperancia o a niveles de “economía de guerra”, como dice Sergio López Ayllón, el director del CIDE, institución pública de educación superior que da mucho mejores resultados que centros más grandes, pero que ha sido descalificada por elitista y no es del gusto presidencial, pues le siente cierto tufillo neoliberal, lo cual, en su sistema de prejuicios, es suficiente para ponerlo bajo amenaza de la mandarria.

Todo en medio de una pandemia que le parece un incordio y de la que se quiere deshacer a voluntad. Su plan de salida no es más que una sarta de suposiciones fantasiosas, sin respuestas a los ingentes problemas económicos y sociales que ya está enfrentando el país. Los datos del desempleo que ya está aquí, el peor de la historia contemporánea, no le dicen nada al Presidente, que responde con créditos de 25 mil pesos y el énfasis en sus programas sociales al desesperado clamor de la gente que ya está quedándose sin comer. El Presidente le apuesta todo a una mágica reactivación de la economía en cuanto termine el confinamiento, el cual, para él, concluirá el dos de junio.

La realidad, sin embargo, es que la pandemia está causando enormes estragos en estos días y que abrir en los próximos días sería catastrófico. El parón laboral va a durar. Los más vulnerables son los trabajadores que viven al día, para los que estar sin ingresos implica quedarse sin alimento. El Gobierno ni los ve ni los oye y elude discutir la urgencia de un ingreso vital de emergencia, propuesta que han impulsado legisladores y organizaciones civiles, a partir del llamado de Nosotrxs.

Desde la atalaya de mi confinamiento, lo que observo es destrucción sin creatividad, ocurrencias ilusas y una intencionalidad refundadora que puede dejar solo un montón de cascajo.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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