El personal sanitario está sufriendo agresiones y abusos, y hay ataques contra los sistemas de salud cuando son más necesarios, dijo el miércoles el presidente del Comité Internacional de Cruz Roja, Peter Maurer.

Por Edith M. Lederer

NACIONES UNIDAS (AP).— Cruz Roja ha documentado 208 ataques relacionados con la COVID-19 contra instalaciones y personal sanitario. Las agresiones, registradas en 13 países desde marzo, contrastan con los aplausos y vítores ofrecidos en gratitud por su trabajo en muchos países.

El personal sanitario está sufriendo agresiones y abusos, y hay ataques contra los sistemas de salud cuando son más necesarios, dijo el miércoles el presidente del Comité Internacional de Cruz Roja, Peter Maurer.

“La crisis de la COVID-19 amenaza rápidamente con convertirse en una crisis de protección”, dijo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El CICR reunió datos de 13 países en los que opera en Oriente Medio, la región Asia-Pacífico, las américas y África, y “probablemente los datos reales son mucho mayores de lo que calculamos”, explicó Maurer a la prensa.

Los incidentes iban desde amenazas verbales a incendios provocados en instalaciones que al parecer alojaban a pacientes de COVID-19.

El 23 por ciento de los incidentes incluyó agresiones físicas, el 20 por ciento estaba relacionado con discriminación contra personal sanitario y el resto incluía la omisión deliberada de asistencia, insultos y amenazas, así como incumplimiento de las medidas de protección para el personal sanitario.

Maurer dijo estar afectado por la discrepancia con el apoyo abrumador al personal “aunque en realidad lo que vemos es que siguiendo una cuestión extremadamente delicada y sensible en la que los ataques (…) la violencia, todo el abanico de actitudes adversas es visible o detectable, lo que requiere nuestra respuesta”.

El CICR y una docena de organizaciones que representan a millones de médicos, enfermeras y trabajadores de salud emitieron un comunicado el miércoles describiendo como “alentadoras” las recientes muestras de apoyo público a los que combaten el brote de COVID-19. Sin embargo, señalaron, “por desgracia, la triste realidad es que desde hace mucho tiempo, el personal sanitario se ha visto sujeto a muchas formas estremecedoras de violencia”.

Las organizaciones mencionaron el acoso, estigmatización, violencia física y asesinato de profesionales sanitarios y las personas a las que atendían, así como los 208 incidentes reportados por el CICR desde el inicio de la pandemia.

“Instamos a los gobiernos, comunidades y portadores de armas que respeten y protejan a la sanidad en todo momento, y contribuyan a crear un entorno de protección en el que pueda ofrecerse atención médica de forma segura”, afirmaron. Entre los grupos firmantes estaba el Consejo Internacional de Enfermeras, la Federación Internacional de Hospitales y Médicos por los Derechos Humanos.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también habló en la reunión del consejo sobre la protección de civiles en conflictos armados, señalando que mientras la pandemia “sigue avanzando, causando un enorme sufrimiento humano y una presión adicional sobre los sistemas de salud”, las personas que ya estaban afectadas por años de combates son “especialmente vulnerables”.

También lamentó que el apoyo a su petición el 23 de marzo de declarar un alto el fuego global para combatir la pandemia no se haya traducido en “acciones concretas”.

“En algunos casos, la pandemia podría incluso crear incentivos para los bandos enfrentados para aprovechar su ventaja, o atacar con dureza mientras la atención internacional se centra en otro sitio”, dijo. “Ambas situaciones podrían llevar a aumentos de la violencia. Y los civiles siempre pagan el precio”.

Guterres señaló a Libia, donde la misión de Naciones Unidas documentó al menos 58 civiles muertos y 190 heridos entre el 1 de abril y el 18 de mayo.

En un momento en el que el acceso a servicios y seguridad también se ve mermado, Guterres dijo también que algunos líderes están aprovechando la pandemia para imponer medidas restrictivas y “se ha hecho aún más difícil proteger a los más vulnerables” y “esto es especialmente cierto en zonas de conflicto, donde los civiles ya estaban expuestos a riesgos significativos”.