El periodista J. Jesús Lemus desentraña en su libro Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción (Harper Collins 2021) las causas que dieron origen a sucesos tan lamentables, todos marcados por la corrupción, como las matanzas de Apatzingán, Tanhuato, Tlatlaya, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).– El Gobierno de Enrique Peña Nieto quedó marcado no sólo por los actos de corrupción que tienen a dos de sus colaboradores, Rosario Robles Berlanga y Emilio Lozoya Austin, enfrentando a la justicia mexicana, sino también por actos de violencia que involucraron a las fuerzas del orden del Estado, como fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014; la ejecución extrajudicial de 22 civiles en junio de 2014 en Tlatlaya, en el Estado de México, y lo sucedido en Tanhuato, Michoacán, cuando elementos de la Policía Federal masacraron a 42 presuntos integrantes del crimen organizado.

Los entretelones de lo sucedido en aquel entonces —así como otros eventos ocurridos durante la administración pasada— son desentrañados por el periodista J.Jesús Lemus en su libro Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción (Harper Collins 2021), una radiografía del Gobierno que encabezó el priista de diciembre de 2012 a noviembre de 2018 en la que se aborda  a fondo las causas y el origen de los escándalos de corrupción que marcaron a fondo el peñismo mediante historias no contadas hasta hoy.

“Acudo a las fuentes primarias de información para conocer las causas que dieron origen a sucesos tan lamentables, todos marcados por la corrupción, como las matanzas de Apatzingán, Tanhuato, Tlatlaya, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin dejar de lado otros eventos como las oscuras Rondas de Pemex o el caso del General Cienfuegos”, expone el propio J. Jesús Lemus.

De esta manera, refiere cómo detrás de la matanza perpetrada en 2015 en Michoacán —entidad cuyos niveles de violencia llevaron al Gobierno de Peña Nieto a enviar a Alfredo Castillo Cervantes como Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán— autoridades de seguridad federales estuvieron involucradas en el robo de combustible y en otro tipo de delitos violentos.

SinEmbargo publica el siguiente fragmento del libro Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción (Harper Collins 2021), de J. Jesús Lemus. Autorizado con la autorización de la Editorial Harper Collins.

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ASESINATOS A SANGRE FRÍA EN TANHUATO

Casi ocho meses después de Ayotzinapa sobrevino otro asesinato en masa en el que nuevamente estuvieron involucradas las fuerzas del orden del gobierno federal… En Tanhuato, municipio al norte del es­tado de Michoacán, la Policía Federal protagonizó un escándalo de violencia extrajudicial al ejecutar en forma directa a por lo menos 22 personas que minutos antes habían participado en una refriega con­tra fuerzas federales. 

Los hechos ocurrieron el 22 de mayo de 2015. En este episodio cayeron abatidos en total 42 presuntos integrantes del CJNG, de los cuales más de la mitad fueron asesinados a mansalva. Otros tres de los presuntos delincuentes fueron detenidos y presentados con vida. También murió un elemento de la Policía Federal. 

El asesinato a sangre fría de los 22 presuntos delincuentes se atri­buye directamente a una orden del general Felipe Gurrola Ramírez, quien había sido designado por el presidente Enrique Peña Nieto, en suplencia del comisionado Alfredo Castillo, como el responsable del plan de seguridad para que Michoacán regresara a los cauces del Estado de derecho. Al general Felipe Gurrola, con la encomienda de concretar el plan de pacificación en Michoacán, se le dotó de poderes plenipotenciarios para dirigir un ejército conformado por más de 5 mil elementos pertenecientes al Ejército, la Policía Federal, la Gen­darmería Nacional y la Marina; a ellos se sumaron algunos grupos de autodefensas que Alfredo Castillo Cervantes había reclutado del cártel de La Familia y de Los Caballeros Templarios. 

Oficialmente se informó en su momento que los 42 abatidos del crimen organizado habían caído durante el enfrentamiento con elementos de la Policía Federal, que los presuntos miembros del CJNG se habían atrincherado en el Rancho del Sol —una finca campestre si­tuada a un costado de la autopista de Occidente México-­Guadalajara, a tres kilómetros de la comunidad de Tinaja de Vargas, entre los municipios de Tanhuato y Ecuándureo—, que fueron los que iniciaron el ataque y que los elementos de la Policía Federal únicamente respon­dieron para defender sus vidas. 

Sin embargo, la historia detrás de los hechos revela algo muy dis­tinto: hubo una orden superior que autorizó a los elementos de la Policía Federal aplicar, en el acto, justicia por propia mano, pues si bien es cierto que hubo un enfrentamiento previo, también lo es que los 22 ejecutados a mansalva ya se habían rendido —como en el caso de Tlatlaya—. Y no sólo los asesinaron estando indefensos, sino que algunas de las víctimas sirvieron de tiro al blanco para los policías, que les aplicaron la ley fuga luego de torturarlos. 

Ocultaron cómo se dieron los hechos el general Felipe Gurrola; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. 

No obstante, la CNDH determinó la actuación de la Policía Fe­deral a partir de una investigación en la que se acreditaron violacio­nes graves a derechos humanos, cometidas en forma indiscriminada por personal de esa corporación, el cual sobrepasó las atribuciones que le confiere la ley para el combate a los grupos delincuenciales. La CNDH estableció que, de las 42 víctimas que dejó como saldo el enfrentamiento del Rancho del Sol, 40 murieron por impactos de bala, una fue quemada viva y una más murió por las lesiones que sufrió al ser arrollada por un vehículo.(112)

En versión de Miguel Ángel Padilla, familiar de una de las vícti­mas abatidas por la Policía Federal en el Rancho del Sol, la masacre inició al filo de las 6:30 de la mañana, no a las 8:30, como refieren todos los partes oficiales, incluso la averiguación que hizo la CNDH. Y todo fue a causa de la disputa de una toma de huachicol (combusti­ble que se extrae ilegalmente de los ductos de Pemex) ubicada dentro del citado rancho, que estaba bajo control de un grupo de presuntos integrantes del CJNG. 

La Policía Federal ya había ubicado la toma de huachicol en el Ran­cho del Sol; por ello trató de expropiarla para controlarla ilegalmente —con todos sus beneficios económicos—, como se venía haciendo desde que Alfredo Castillo se encargó de la seguridad en Michoacán. En ese sentido, hay que subrayar que, a partir de que Alfredo Castillo llegó a esa entidad con la representación presidencial para pacificarla, Michoacán empezó a ver crecer el robo de combustible de los ductos de Pemex, situación nada difícil de entender, pues el responsable de la protección de dichos ductos era el general Alfredo Herrera Pegueros, quien fue designado por el presidente Enrique Peña como gerente de Seguridad Física, área que dependía de la Subdirección de Salvaguar­dia Estratégica de Pemex, encabezada por el general Eduardo León Trauwitz.

Conviene precisar que el general León Trauwitz fue el jefe de escol­tas de Enrique Peña Nieto cuando este era gobernador del Estado de México. En el equipo de seguridad asignado por el Estado Mayor Pre­sidencial al entonces gobernador mexiquense también estaba Alfredo Herrera Pegueros, que, al igual que León Trauwitz, tenía el rango de coronel. Ambos fueron ascendidos una vez que Peña Nieto llegó a la Presidencia. Fue en el Estado de México donde León Trauwitz y He­rrera Pegueros se vincularon con el entonces procurador local Alfredo Castillo Cervantes, con quien colaboraron en forma estrecha.

Por esa relación, una vez que al general León Trauwitz lo pusieron al frente de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex, y al general Herrera Pegueros al frente de la Gerencia de Seguridad Física de esa dependencia, mientras Alfredo Castillo recibía el nombramiento como comisionado para el Desarrollo de Michoacán, en aquella entidad se incrementó el robo de combustible directamente de los ductos, en una acción concertada entre los encargados de la seguridad de Pemex y Alfredo Castillo, quien a través de la Policía Federal se apropió de todas las tomas ilegales que ordeñaban los gru­pos del crimen organizado, principalmente células del CJNG. 

De esa forma, en la revuelta que generó Alfredo Castillo en Mi­choacán, el negocio del robo de combustible se sumó a otras activi­dades rentables que desde la ilegalidad el comisionado realizaba con toda la fuerza policial y del Ejército de que disponía oficialmente, tales como tráfico de armas, venta de seguridad a empresas mineras, robo de minerales, tráfico de drogas, cobros de piso a ganaderos y dueños de huertas de aguacate y limón, despojo de huertas y has­ ta secuestro, actividades que continuaron arraigadas dentro de los mandos de seguridad aun cuando Castillo Cervantes dejó el cargo. 

En ese contexto se dio el ataque al grupo de civiles que operaban una toma clandestina de extracción de combustible en el Rancho del Sol, en Tanhuato. Al momento del ataque, había 45 presuntos inte­grantes de la célula delictiva que hacía operaciones de huachicoleo, de los que sólo tres fueron presentados con vida ante el agente del Ministerio Público. 

Según la versión de los únicos tres sobrevivientes de la matanza, quienes se encuentran recluidos en la cárcel federal de Tepic, cuyas declaraciones están contenidas en las indagatorias de la CNDH, los policías irrumpieron en el rancho sorpresivamente. Tomaron como detenidos a dos de los hombres que cuidaban la puerta, que estaban dormidos al inicio de las acciones, y a otro que hacía guardia unos metros dentro de las instalaciones del rancho. A los tres los asegura­ron mientras el grupo de policías abría fuego directo contra la casa, situada en el centro del rancho. La respuesta de los agredidos no se hizo esperar y se desató una refriega que duró más de dos horas, en la cual participaron tres helicópteros artillados de la Policía Federal. En esa confrontación cayeron abatidos 20 presuntos miembros de la organización criminal y un elemento de la Policía Federal. 

Al consumir los pertrechos de guerra, señala la versión de los so­brevivientes, los otros 22 hombres que quedaron en pie optaron por rendirse. Depusieron las armas y se entregaron a los policías. A todos los concentraron en el interior de la casa del rancho. Los hincaron, los ataron de pies y manos y les vendaron los ojos. Después, en tandas, a cada uno lo sacaron al exterior o lo llevaron a otras parte de la vivien­da. A siete de los que se rindieron los ejecutaron a través de la ley fuga: les ordenaron que corrieran y los cazaron por lo menos tres grupos de policías que ex profeso se apostaron en diversos puntos del rancho. A otros 13 los mataron disparándoles a corta distancia, mientras per­ manecían arrodillados. A uno le rociaron gasolina y le prendieron fuego. A otro más lo arrollaron, mientras estaba tendido en el suelo, con una camioneta de la policía. 

Los tres que sobrevivieron sólo fue por suerte, dicen ellos mismos en sus declaraciones, porque al inicio de las acciones el comandante de la partida de policías informó por radio que tenían únicamente tres detenidos, descartando así la posibilidad de ejecutarlos a todos. Los tres detenidos fueron llevados a proceso penal y a la fecha enfren­tan cargos por el delito de homicidio calificado en contra del policía federal que cayó en el enfrentamiento. 

Después de la ejecuciones, por instrucción del general Felipe Gurrola, los elementos de la Policía Federal acomodaron la escena del crimen para tratar de encubrir los asesinatos a sangre fría. A 27 cuer­pos los cambiaron de su posición original. A los 22 ejecutados les colocaron un arma en las manos o cerca del cuerpo. Al que murió arrollado por la camioneta le dieron al menos tres disparos en diver­sas partes del cuerpo. Y provocaron un incendio con dos bidones de gasolina cerca del cuerpo del que fue calcinado en vida. 

Hasta el día de hoy (marzo de 2021), después de casi seis años de los hechos, ni sus familiares ni los agredidos directamente por la Policía Federal han alcanzado justicia. Ninguno de los 67 elemen­tos policiacos que participaron en la masacre ha sido presentado ante las autoridades. Tampoco se ha fincado responsabilidad contra los mandos que autorizaron la matanza ni contra los funcionarios que encubrieron los hechos. Es más, ni siquiera se sabe cuál es el estado actual de la averiguación previa iniciada por la PGR, debido a la re­serva de información (113) que se dictó sobre ese expediente en mayo de 2016, por instrucciones directas de la procuradora Arely Gómez González. Dicha información podría ser desclasificada en junio de 2021, a menos que vuelva a ampliarse el plazo de reserva. 

El caso de este asesinato colectivo fue llevado también a la Cáma­ra de Senadores. El 20 de abril de 2017, casi dos años después de los hechos, el senador Raúl Morón Orozco presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado un dictamen con iniciativa de punto de acuerdo para que la PGR informara a esa representación sobre los avances que se tenían del caso, a fin de sancionar a los responsables y reparar el daño a los familiares de las víctimas, además de incidir para que en lo sucesivo los elementos de la Policía Federal contaran con mayor capacitación y se evitara repetir actos como ese. Pero el dictamen no tuvo ningún efecto. El entonces titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, simplemente fue omiso ante el reclamo de los senadores. 

Y cómo no lo iba a ser, si dentro de la comisión senatorial de De­rechos Humanos la iniciativa de punto de acuerdo no fue aprobada por la totalidad de sus integrantes.(114) Las y los únicos senadores que convinieron en llamar a cuentas a la PGR sobre aquella ejecución en masa fueron Lorena Cuéllar Cisneros, Gabriela Cuevas Barrón, Mi­guel Ángel Chico Herrera, Lucero Saldaña Pérez, María Marcela To­rres Peimbert, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Angélica de la Peña Gómez. Las y los senadores que no firmaron la iniciativa de punto de acuerdo fueron David Monreal Ávila, Mariana Gómez del Campo Gurza, Sofío Ramírez Hernández, Jesús Casillas Romero, Layda Sansores San Román y Adriana Dávila Fernández, a quienes al parecer no les interesó investigar más a fondo el proceder de las fuerzas federales frente a la población civil dentro de la modificada guerra contra el narco. Y parecería que la vida de las víctimas de Tanhuato, por el he­cho de ser presuntos delincuentes, tampoco tuvo mucha importancia para ellos.

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