Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– En un país en donde una familia marginada gasta uno de cuatro pesos en actos de corrupción trámites y servicios cotidianos, es vital contar con un sistema nacional de transparencia que coordine a todas las instituciones encargadas de velar por la rendición de cuentas, evaluar las denuncias y sancionar ilícitos, afirmó Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana (TM).

No obstante, el primer paso para lograr este objetivo está empolvándose en el cajón de alguna oficina de la Cámara de Diputados, a pesar de que fue una de las promesas de campaña del hoy Presidente Enrique Peña Nieto. Y es que han pasado más de seis meses desde que se recibió en San Lázaro la minuta para crear la Comisión Nacional Anticorrupción así como otras reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, sin que los diputados hayan resuelto el asunto.

En tanto, el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno que realiza Transparencia Mexicana registró más de 208 millones de actos de corrupción en trámites y servicios el año pasado.

“Sí se necesita un órgano especializado para asuntos que dañan la imagen del país y un poco el sentir nacional, por ejemplo Oceanografía, pero en realidad para muchos otros problemas de corrupción lo que necesitas es un sistema nacional de fiscalización y control que funcione bien, que se conecte con un sistema nacional de transparencia y que en conjunto, resuelvan los problemas”, afirmó el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, en entrevista para Sin Embargo.

Por si fuera poco, en estos momentos el Congreso está saturado con la inminente aprobación de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y en asuntos energéticos, lo cual ha dejado de lado la discusión de otros asuntos relevantes como es la creación de este órgano anticorrupción.

Sin embargo, no todo es negativo, para Eduardo Bohórquez este tiempo debería servir para que los diputados analicen a fondo la Comisión Nacional Anticorrupción, no con la idea de crear un organismo que por sí mismo solucionará este flagelo, sino como la punta de un sistema integral de control, evaluación, seguimiento y sanción a este tipo de ilícitos.

Los legisladores, puntualizó, deben entender que no se trata de encontrar una llave que abra todas las puertas, mediante un “zar anticorrupción” todopoderoso, sino que se requiere un conjunto de instituciones que coordinen y ordenen el trabajo en el combate a este flagelo que cuesta a las familias mexicanas, alrededor de 32 mil millones de pesos al año, tan solo en una selección 35 trámites y servicios cotidianos.

“Lo que no tenemos es un sistema, lo que tenemos son piezas aisladas que no se conectan entre sí, y por ese motivo cuando uno encuentra un asunto de corrupción enorme, van respondiendo las distintas autoridades que no tienen competencia”, detalló Bohórquez.

Este tema podría ser abordado por el Congreso una vez que este finiquitado el proceso legislativo de las últimas dos reformas estructurales, principalmente porque en agosto próximo inicia formalmente la ruta electoral de los comicios del 2015 y muchos estarán dispuestos a recordar que la lucha anticorrupción es otra de las promesas incumplidas del Presidente Peña.

COMISIÓN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

La idea de una Comisión Nacional Anticorrupción es una idea muy analizada y discutida en la academia, en la sociedad civil y por la clase política. En varias ocasiones se ha buscado modificar el estatus de la Secretaría de la Función Pública, incluso con el propósito de desaparecerla, como ocurrió al final de la administración del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

En el pasado, este tema estuvo empantanado por meses en el Senado de la República. Existían tres puntos críticos sobre los cuales no había acuerdos: La autonomía de la Comisión y de la Fiscalía General de Combate a la Corrupción; el método del nombramiento del titular de ambos organismos autónomos; y si habrá un titular o un cuerpo colegiado que se encargarán de tomar las decisiones.

Finalmente, llegaron los acuerdos políticos necesarios en el Senado y el tema se destrabó pocos días antes de que concluyera el 2013.

Se aprobó, como facultades del órgano anticorrupción, que éste se encargue de investigar e integrar un expediente, a partir de una denuncia, por oficio o por ejercer su facultad de atracción. Se especificó que la Procuraduría General de la República (PGR) o en su caso la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) o el Sistema de Administración Tributaria (SAT), entre otras instancias, coadyuvarán a la investigación.

No se le otorgó a la Comisión facultad sancionatoria penal, con el argumento que esto debilitaría la actuación de las procuradurías de justicia estatales y se volvería my compleja la impartición de justicia.

No obstante los avances, en la Cámara de Diputados ha permanecido más de seis meses detenido el análisis de la Comisión, ya sea por poca voluntad política o por la saturación legislativa que vive el Congreso.

“Se está analizando la idea de cómo engarza esta idea de una comisión con otras reformas que también han tenido lugar: la Fiscalía nacional, la creación del órgano  constitucional autónomo que va a reemplazar el Ifai [Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos], incluso el cambio de los órganos internos de control en las entidades federativas”, afirmó Eduardo Bohórquez.

HACIA UN SISTEMA INTEGRAL

Según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno que realiza Transparencia Mexicana, a un hogar le cuesta alrededor del 14 por ciento de su ingreso la corrupción que se inserta en trámites tan sencillos como lo son inscribir a un niño en la escuela o empujar un expediente judicial para que sea atendido por las autoridades competentes.

Para el director ejecutivo de Transparencia Mexicana el problema no se resolverá si el Poder Legislativo le apuesta a un órgano anticorrupción centralizado encargado de atender la totalidad de los ilícitos en territorio nacional.

“Si tú revisas a los países que están mejor ubicados en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional: Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, pues no vas a encontrar en ningún de ellos una Comisión Nacional Anticorrupción, no vas a encontrar un gran zar anticorrupción, sino en realidad un conjunto de instituciones que derivado de su  coordinación y de su efectividad, pueden controlar la corrupción”, explicó.

Entonces, más que sobre los poderes que debe tener la fiscalía, el debate debería centrarse en qué asuntos debe abordar la fiscalía en cooperación con otras instancias.

Asimismo, se debería fortalecer atribuciones de los órganos de transparencia y anticorrupción existentes, como la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Por ejemplo hoy la SFP todavía no puede investigar sobre el mercado de valores, se tiene que quedar exclusivamente en las cuentas de banco, y tú te imaginarás que en pleno siglo XXI alguien que haya sido parte de un ilícito y que deje su dinero en una cuenta de banco, está perdiendo dinero, porque las tasas de interés sin mu bajas. Seguramente el dinero está en el mercado de valores o en otros lugares”, explicó Bohórquez.

Así pues, el debate deberá ir más allá de la centralización o descentralización del combate a la corrupción, sino observar cómo fortalecer las instancias federales y locales para que ambos investiguen los asuntos que sea del ámbito de su competencia.