Una investigación realizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota y el Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford plantea que la causa de los 504 casos de desapariciones analizadas no necesariamente se liga con actividades de los cárteles del narcotráfico. “También hay personas que desaparecen sin estar vinculadas al crimen organizado, no siempre se trata de un ajuste de cuentas”, advierte. Es más, “en 91.55 por ciento de los casos se trata de personas no criminales”.

El documento analiza hechos que se registraron entre 2005 y 2015 y sostiene que con la información hallada se derriban varios mitos: en la mayoría de los casos los principales perpetradores son particulares y los menos son personajes ligados al narcotráfico; también se involucran agentes estatales del nivel más bajo [municipales], que están expuestos a la corrupción y la violencia en el territorio.

La mayoría de los casos revisados son del estado de Nuevo León y, en menor número, de sus vecinos Coahuila y Tamaulipas.

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– En noviembre de 2015, apenas a unos meses de iniciado su mandato, Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador de Nuevo León, se vio envuelto en un polémica por declaraciones que dio a este diario digital sobre las desapariciones de personas en ese estado.

“Quién puede saber más de sus hijos que sus propias mamás. A veces sus mamás no quieren decir la verdad. También hay muchas madres que no quieren decir en qué andaba su hijo, eso complica la búsqueda. Yo te puedo decir que la mamá de mi hijo para ella su hijo era perfecto. Y mi hijo a veces era cabrón, ¿me explico? Las mamás nunca dicen que su hijo anda mal y entonces la mejor excusa es culpar al Gobierno. Hoy el gobierno tiene que ser solidario con ellas, pero también tiene que decirles la verdad”, dijo “El Bronco” en una entrevista.

Ante ésta y otras aseveraciones, la organización civil Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León acusó al mandatario de criminalizar a las víctimas. Rodríguez Calderón sostuvo que las declaraciones fueron sacadas de contexto y ofreció una disculpa a quienes se hubieran “sentido lastimados”.

Madres de desaparecidos en Monterrey durante una reunión con representantes de la Segob: Foto: Cuartoscuro

Pero ahora, un estudio realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota y el Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford, contradice también las aseveraciones de “El Bronco”.

En un informe titulado “Observatorio sobre Desaparición e Impunidad” –en el que se analizan 548 casos de desapariciones presuntamente a manos del crimen organizado o agentes del Estado– se halló que el 91.55 por ciento de las víctimas eran ajenas a actividades ilícitas.

Sólo el 8.45 por ciento de los casos correspondieron a personas aparentemente vinculadas con actividades criminales.

La mayoría de los casos son del estado de Nuevo León y, en menor número, en los vecinos Coahuila y Tamaulipas.

El documento que analiza hechos que se registraron entre 2005 y 2015 sostiene que con la información hallada se derriban varios mitos: Las desapariciones son casos aislados donde desaparece una víctima en manos de particulares, los principales perpetradores son particulares y personajes ligados al narcotráfico, cuando están involucrados agentes estatales son del nivel más bajo (municipales) que están expuestos a la corrupción y la violencia en el territorio, las personas que desaparecieron están vinculadas al crimen organizado y son víctimas de “ajustes de cuentas” y el que sostiene que la mayoría de los desaparecidos luego aparece.

“No hay indicios acerca de por qué sucedió la desaparición y esto es interesante destacar: una característica del fenómeno de la desaparición es que los motivos y la información desaparece con la víctima”, dijo a Xinhua la profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y coautora de la investigación, Karina Ansolabehere.

El trabajo académico expone que se trata principalmente de hombres, en su mayoría entre los 26 y 33 años de edad, con al menos estudios de secundaria que laboraban como comerciantes establecidos o choferes de transporte público.

Las mujeres desaparecidas, que representaron el 13 por ciento del total, se dedicaban a trabajos domésticos y de limpieza, estudios o comercio, según la investigación, que analiza los casos documentados por la organización no gubernamental Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos en México (CADHAC).

En el país hay 31 mil 053 personas desaparecidas o extraviadas, más de la mitad de ellas en los estados de Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Chihuahua, según datos oficiales del gobierno federal actualizados al 3 de abril pasado.

Las denuncias a nivel nacional comenzaron a despuntar a partir de 2007, año en que se elevó la violencia causada por cárteles de la droga y organizaciones criminales, y el año pasado alcanzaron un pico de 4.670 casos, de acuerdo con la estadística oficial.

Ansolabehere explicó que trabajaron con casos registrados en Nuevo León por tratarse de un estado industrial cuyos indicadores de bienestar están por encima del promedio nacional, pero que padeció una ola de violencia entre criminales y de desapariciones.

Destacó que otro hallazgo del estudio fue que en el 46.76 por ciento de los casos, casi la mitad de ellos, existen indicios para presumir que agentes del Estado municipales, estatales o federales estuvieron detrás de las desapariciones.

El dato resultó sorpresivo y también derriba la idea de que la desaparición es un problema cometido por criminales o particulares, subrayó la también profesora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Nos habla que esta práctica no es una práctica aislada, sino que tiene algún grado de generalización. Con esto no estoy diciendo que haya un plan elaborado, sino que es una práctica recurrente”, expuso.

Los datos que pudieron recabarse identifican a la casa de la víctima como el lugar más frecuente en el que acontecieron los actos de desaparición a través de cateos ilegales realizados por las fuerzas de seguridad. “Las desapariciones, cuando ocurren en espacio público, son mayormente ejecutadas por agentes estatales y cuando suceden en espacios privados son mayormente ejecutadas por grupos particulares”, dice el documento.

Respecto a la idea de que la mayoría de las personas vuelven tras un periodo de ausencia se destaca que el 75.91 por ciento de las personas sigues desaparecidas, solo el 12.48 por ciento apareció con vida y el 11.68 fue hallado muerto.

La investigadora dijo que hace falta una nueva estrategia de investigación por parte de las autoridades para esclarecer las desapariciones, que en su mayoría siguen sin ser castigadas ni conocerse las causas que las motivaron y el destino de las víctimas.

Fiscales han abierto desde hace tiempo mesas de diálogo y seguimiento con las familias en Nuevo León, pero las labores resultan insuficientes porque en el 76 por ciento de los casos revisados las víctimas continúan desaparecidas.

“No hay hipótesis, no hay líneas de investigación que permitan abordar el carácter generalizado del fenómeno”, agregó la académica.

Adelantó que el estudio se ampliará a más casos en los estados de Coahuila, Guerrero, Jalisco y Veracruz con el objeto de conseguir una mejor “fotografía” del fenómeno de las desapariciones en México.

– Con información de Xinhua