Aunque para algunos(as) se trata de una discusión que más bien pertenece a la historia del pensamiento político, el Pacto Social que legitima al Estado y a sus autoridades es en realidad un problema cercano, relacionado con cada ley, sentencia y política pública que se genera, y con sus resultados e impacto. Los individuos, las familias, las pequeñas comunidades, las ciudades y las regiones son insuficientes en el largo plazo para salvaguardar la vida de cada uno(a) de nosotros(as), individual y colectivamente. Necesitamos una institución que con aspiraciones de soberanía, el ejercicio de la ley, el monopolio del uso de la fuerza, la división de poderes y los contrapesos adecuados, use sus propios recursos (y coordine los de la sociedad civil, los mercados y los de otros Estados y organizaciones) para proteger efectiva y sustentablemente a todas las personas.

Para lograr esto se requiere la seguridad pública; la seguridad alimentaria; la salud pública; la equidad de género; la educación de calidad; la propiedad privada y el comercio; las libertades fundamentales (cívicas y políticas; de pensamiento, conciencia y religión; de expresión; y de asociación); así como los demás derechos económicos, sociales y culturales; instituciones democráticas; la planeación y la evaluación con la participación ciudadana; el expertise técnico y administrativo, y el presupuesto necesarios para un ejercicio gubernamental eficiente, entre otras condiciones.

Un Estado que no pone los medios para mantener estas condiciones no cumple con su parte del Pacto Social. Si su acción (o su omisión culpable) pone en riesgo la vida de las personas, el Pacto Social se debilita o rompe. Sin embargo, a diferencia de los(as) actores(as) no-Estatales, quienes también pueden romper el Pacto Social al quitar o poner en riesgo la vida de los(as) demás, el Estado tiene como última justificación la supervivencia de todos(as). Los Estados Fallidos o Depredadores dejan de cumplir su función esencial; quizá hasta niveles en los que es preferible volver a formas de auto-organización comunitarias locales.

Por otro lado, el cumplimiento de las funciones Estatales no es un interruptor de luz, como si solamente existieran dos opciones (“sí cumple” / “no cumple”; “prendido” / “apagado”; “on” / “off”). Los Estados son organizaciones muy complejas, con diferentes poderes, niveles de gobierno, instituciones gubernamentales centralizadas y paraestatales, así como agencias autónomas. Dependiendo del problema público que se considere, algunas instituciones Estatales tendrán desempeños más adecuados que otras. Por esta razón, la definición de prioridades que articulen estas instituciones es un requerimiento para el cumplimiento del Pacto Social. El contexto actual de la pandemia de COVID-19, y del colapso económico que sufrimos, visibilizan problemáticas que deben ser atendidas de manera urgente y eficaz por las instituciones Estatales para defender la vida de todas las personas.

Recientemente, el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana ha publicado los resultados de una encuesta que muestra el impacto de la pandemia en los hogares del país, particularmente en los que tienen niñas, niños y adolescentes (https://equide.org/wp-content/uploads/2020/06/Comunicado-ENCOVID19Infancia-Mayo-2020.pdf). Sus resultados indican que para mayo de 2020,

• 73.5 por ciento de los hogares con niñas, niños y adolescentes tuvieron una reducción de ingreso respecto de febrero de 2020;

• 32.3 por ciento de los hogares con integrantes de 0 a 17 años han perdido su empleo o fuente de ingresos por la cuarentena;

• Dentro de los hogares con niñas, niños y adolescentes, la seguridad alimentaria ha disminuido de manera alarmante por la falta de recursos. Sólo 27.3 por ciento de estos hogares no tiene preocupaciones por la cantidad y variedad de alimentos que pueden obtener;

• 35.7 por ciento de las personas de 18 años o más en hogares con población infantil o adolescente presentaron síntomas severos de ansiedad; porcentaje que aumentaba a 44.3 por ciento en hogares con 3 o más infantes;

• Ante estas dificultades, 29.8 por ciento de los hogares han solicitado préstamos a familiares o amigos(as); 20.7 por ciento han dejado de pagar deudas y tarjetas de crédito; 20.2 por ciento han dejado de pagar la renta o los servicios (luz, teléfono o agua); y 14.5por ciento han empeñado o vendido objetos de valor;

• Solamente 3 de cada 10 hogares con niñas, niños o adolescentes reportan ser beneficiarios de algún programa social o recibir ayuda del gobierno.

En la atención de estas necesidades, el Estado se juega su legitimidad última y la sustentabilidad de nuestro Pacto Social. Esto no es un asunto de ideologías partidistas: defendiendo nuestras vidas, el Estado se justifica. Otros proyectos insignia, particularmente los que no serán sustentables, deben suspenderse. Ahora es el momento de invertir en lo que nos ayudará a sobrevivir, individual y colectivamente, de manera sustentable.

Francisco Porras Sánchez

https://www.sinembargo.mx/author/francisco-porras

Doctor en Política y Estudios Internacionales por la Universidad de Warwick, Reino Unido. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación es la Gobernabilidad urbana y regional contemporánea (finales del siglo XX y principios del XXI), con particular interés en gobierno, gobernanza y redes de política pública. Actualmente es profesor investigador del Instituto Mora. Twitter: @PorrasFrancisco / @institutomora

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