Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).-Los ejecutivos del sector minero en México ganan 2.8 veces menos de lo que perciben sus similares de Noruega, los mejor pagados del mundo, y casi la mitad del promedio a nivel mundial, según reveló el estudio “Salarios Globales y Tendencias de Reclutamiento”, elaborador la consultoría Hays en 37 países.
Un ejecutivo del sector en el país percibe, en promedio, 56 mil 100 dólares al año (más de 710 mil pesos), mientras que su similar nórdico gana 158 mil 700 dólares (alrededor de dos millones de pesos mexicanos), es decir, 102 mil 600 dólares más.
De acuerdo con el estudio, la media a nivel mundial es 98 mil 787 dólares (un millón 251 mil pesos), lo que también ubica a los mexicanos muy por debajo.
El país que mejor paga en la región es Chile con 92 mil 200 dólares, seguido de Brasil (76 mil 800 dls), Perú (73 mil 100), Colombia (61 mil 100), México, Bolivia (52 mil 300) y Argentina (41 mil 600).
Sin embargo, si se compara el sueldo de los ejecutivos mineros mexicanos con los de los trabajadores, que ganan 8 mil 640 dólares al año (109 mil 473 pesos al año), quienes ocupan los puestas más altos en el sector ganan seis veces más que quienes laboran en las minas.
En un contexto global, el estudio que se realizó entre 10 mil encuestados y mil 300 responsables en 37 países, señala que el 62% de los entrevistados vieron un aumento en su salario base en los últimos 12 meses.
En México, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), 0.9% de la población económicamente activa se emplea en la minería.
Más de 200 empresas mineras trasnacionales ven al país como destino favorable para la extracción de minerales preciosos, gracias a que la laxitud de la Ley Minera es uno de los principales “atractivos”.
El valor de la producción minera en el país, con datos anualizados del INEGI y complementados por la industria apunta a una cifra superior a los 20 mil 148 millones de dólares.
Datos de la Cámara Nacional de la Industria Minera (Camamine) señalan que el sector cuenta con más de 800 proyectos de exploración y explotación a lo largo del territorio, con espacios concesionados hasta por 50 años. Activistas acusan que estos proyectos se entregan sin exigencia de un informe de impacto ambiental y sin la consulta previa a las comunidades que impactarán.
PREPARANDO LA NUEVA LEY
En septiembre próximo, la Cámara de Senadores podría aprobar una iniciativa que promueve cambios legislativos en materia de explotación minera, con base en el respeto a los derechos humanos tanto de los trabajadores como de las comunidades que se ven o pueden verse afectadas por este tipo de proyectos.
La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó que la propuesta pretende alcanzar un nuevo marco jurídico para regular la minería en México, a fin de que se garantice el respeto, la democracia y “el futuro para nuestras comunidades”.
Por esa razón, se plantea la participación vinculante de la población sobre toda decisión que permita actividades mineras, a fin de crear la “licencia social” mediante la participación ciudadana, al otorgar concesiones para la exploración minera, subrayó.
Mendoza Mendoza indicó que también se establece un capítulo sobre los derechos de las poblaciones indígenas al goce preferencial del territorio y de los recursos naturales frente a las actividades mineras, y se separan las concesiones de exploración de las referentes a la explotación y el beneficio minero.
Precisó que además “se anulan las cláusulas de confidencialidad que actualmente ocultan información que deben entregar las empresas mineras al Estado, y la Secretaría de Economía tendrá la obligación de hacer pública la información que posea al respecto”.
Además, se introduce el cobro de regalías (5%) por el valor del volumen de minerales producidos a boca de mina, no sobre los ingresos reportados por las empresas, y se elimina la protección, por reserva fiscal, a la información sobre impuestos con que contribuyen las mineras al fisco.
El 70% de los recursos recaudados por este derecho tendrá como destino los ayuntamientos de los municipios próximos a proyectos mineros y el resto pasará al Fondo General de Participaciones.
A su vez, miembros de organizaciones como Colectivo Radar, Fundar, Movimiento de Pueblos de Morelos y Frente Opositor a la Minera San Xavier, han señalado que mientras la ley tenga a la extracción minera como actividad preferente sobre otras, “se mantendrá la inconstitucionalidad”.
