Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados iniciará hoy la etapa de votación de las leyes secundarias en materia energética, en medio de fuertes críticas por parte de la izquierda y diversos sectores académicos, sobre la conveniencia de estas reformas para el Estado mexicano.
Esta semana se sumó a la preocupación generalizada la confirmación de que el Gobierno federal asumirá como deuda pública parte del pasivo laboral de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que asciende a 1.6 billones de pesos, a los señalamientos que la oposición ha subrayado durante las últimas semanas sobre la legalización de despojos de tierras a favor de las compañías particulares que pretendan invertir en exploración y explotación de hidrocarburos.
Asimismo, durante la discusión en comisiones unidas de San Lázaro, el fin de semana, la izquierda reprochó las ambigüedades en las leyes fiscales de la Reforma Energética, que provocaría otorga grandes privilegios fiscales a las empresas que invertirán en el sector.
También representará una disminución de casi el 70 por ciento de las ganancias del Estado por cada barril de crudo, sostuvieron legisladores de izquierda, temas que se sumaron a las reiteradas preocupaciones sobre el posible desmantelamiento paulatino de ambas empresas productivas del Estado.
EL “PEMEXPROA”
El tema del rescate petrolero ya había sido “ventilado” por los legisladores del Partido Revolucionario institucional (PRI) días antes. La oposición inmediatamente lo bautizó como “Pemexproa”, en alusión al rescate bancario de 1998 conocido como Fobaproa [Fondo Bancario de Protección al Ahorro].
Los priistas habían señalado la necesidad de que a partir del primero de enero de 2015, el Gobierno federal absorba una proporción del pasivo laboral de las paraestatales, hoy empresas productivas del Estado, para garantizar la seguridad laboral y la defensa de los derechos de los trabajadores petroleros.
A cambio, Pemex y CFE deberán reestructurar el sistema de pensiones y modificar el contrato colectivo de trabajo, con el objetivo de que no crezca la deuda a largo plazo.
El asunto no es menor, se trata de un billón 153 mil millones 301 mil pesos que conforma el pasivo laboral en Petróleos Mexicanos (Pemex) y cerca de 500 mil millones de pesos en Comisión Federal de Electricidad (CFE), un compromiso que representa aproximadamente 12 puntos del Producto Interno Bruto de México.
De estos, por lo menos 700 mil millones de pesos serían pagados con impuestos de todos los mexicanos, una suma que es superior al costo original del Fobaproa en 1998, por alrededor de 552 mil millones de pesos, los cuales siguen pagando los contribuyentes año con año.
La oposición recordó que este nuevo rescate gubernamental costará mil veces más que lo le costó a los mexicanos la Estela de Luz, el monumento bicentenario del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, que tuvo un costo final de mil 304 millones de pesos.
“Vamos a llamarle por su nombre, o sea, la Estela de Luz es una cosa menor. Es un nuevo Fobaproa, le van a cargar a las mexicanas, a los mexicanos, la deuda de que se robaron los ex directores de Pemex, los líderes sindicales charros de Pemex, la opacidad y la transparencia”, sostuvo el perredista Mario Alejandro Cuevas Mena.
No se necesito mucho esfuerzo para que diputados del partido en el gobierno y sus aliados políticos en comisiones de la Cámara de Diputados aprobaran el dictamen por el que se pide al Gobierno Federal que rescate los pasivos laborales.
Es más, la votación en comisiones unidas de Energía y de Presupuesto de la Cámara de Diputados sólo dejó constancia de la férrea defensa al dictamen por parte de legisladores priistas, panistas, pevemistas y aliancistas, mismo que deberá ser avalado por el Pleno de los Diputados.
La oposición calificó la medida como un nuevo saqueo a la nación y se refirió a ella como el “Pemexproa”, en alusión al rescate bancario avalado por priistas y panistas en 1990, el cual se sigue pagando 24 años después.
“Claro está, se pretende cargar sobre las espaldas del pueblo mexicano el costo de este auténtico saqueo a la nación”, afirmó la Diputada Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
“Ya se nos está haciendo costumbre que cada reforma que hacemos traemos un niño envuelto que aparece de última hora y que tiene que adoptar el Estado, como tal, porque ya no hay de otra”, aseguró el vicecoordinador del PRD, Miguel Alonso Raya.
Diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) rechazaron que se trate de un rescate bancario.
“Hay que decirlo con todas sus palabras; esto no es un rescate a Pemex y CFE, no es un borrón y cuenta nueva como se ha comentado por ahí. Se establece claramente que para el gobierno federal asuma una proporción del pasivo, las empresas y sus trabajadores deberán alcanzar de manera voluntaria un acuerdo para modificar su régimen pensionario, que genere ahorros”, afirmó la diputada Irazema González Martínez, una de las más férreas defensoras del proyecto.
LA SOMBRA DE ROMERO DESCHAMPS
Durante la discusión del dictamen que reforma la Ley Federal de Presupuesto y la Ley General de Deuda Pública, diputados de izquierda sostuvieron que antes de pensar en rescatar al sindicato petrolero, se debía revisar a conciencia qué creció tanto el pasivo y dónde están los millonarios recursos que debía integrar en un fondo para solventar su compromiso.
“Ahora vienen con este cuento de ya tenemos el problema, hay que resolverlo de alguna u otra forma, no, primero vamos a buscar a los responsables y primero vamos a poner los puntos sobre las íes”, afirmó el Diputado perredista Luis Espinosa Cházaro, secretario de la Comisión de Energía.
Durante el debate salió a relucir, una y otra vez, el nombre del líder del sindicato petrolero, el también Senador priista Carlos Romero Deschamps.
“[Es un despropósito] que los mexicanos terminen pagando los pasivos laborales con discrecionalidad y opacidad, sin antes hacer un deslinde de responsabilidades, recuerden los yates y lujos de [Carlos] Romero Deschamps, que recibiría como premio a sus servicios al sistema, el compromiso de que el pueblo pagará el pasivo, sin antes haber revisado ninguna investigación”, afirmó Carol Antonio Altamirano, también del Sol Azteca.
Por su parte, el también perredista Mario Alejandro Cuevas Mena fue menos diplomático al pedir que se encarcelara a los responsables del crecimiento del pasivo.
“Que se vayan a la cárcel estas ratas”, aseguró el legislador.
NUEVOS DERECHOS FISCALES
Priistas y panistas detallaron los cambios fiscales para la nueva empresa productiva del Estado, a fin de que Pemex tenga ingresos adicionales para que pueda competir con mayor libertad financiera, frente a las empresas trasnacionales.
La nueva legislación establece los derechos que recibirá el Estado, dependiendo de la fase y de la rentabilidad del proyecto.
Primero: se incluye una cuota por kilómetro cuadrado del área a explorar por el contratista, lo cual no solo busca que el Estado comience a recibir de inmediato recursos sino también genera incentivos para no acaparar zonas.
Segundo: se incluye el pago de una regalía, mediante la cual el Estado recibirá una proporción del valor bruto de los hidrocarburos producidos, con lo cual se garantiza que tenga ingresos desde el momento en que inicie la producción.
Tercero: se fija un componente fiscal adicional para capturar la renta petrolera, “el derecho por la utilidad compartida”, sobre la utilidad neta de Pemex. Con esto, se reduce de 71.5 a 68 por ciento, el derecho que el Estado cobra a Pemex.
Cuarto: se sube el tope de costo que le reconocía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al 11.5 por ciento del valor del precio del petróleo.
“Quiero ver a Pemex como una empresa trasnacional, que le compita al tú por tú en el mundo a cualquiera de las grandes petroleras que realizan las mismas actividades que Pemex, dijo enfático el Diputado panista Juan Bueno Torio.
Priistas y panistas, descartaron que los cambios afecten las finanzas de estados y municipios, quienes hoy se benefician de los excedentes petroleros, sin verdaderos candados de transparencia y rendición de cuentas. Señalaron que se mantendrá en sus mismas proporciones el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
Quienes estuvieron a favor del proyecto, anunciaron que habrá más recursos para las haciendas de los estados “cuando se incremente la producción de crudo”, cuando se pase de 2.5 millones a tres millones de barriles, en los próximos cinco o 10 años.
“Particularmente, los estados petroleros se beneficiarán a partir ya de esta reforma, porque en el fondo de extracción de hidrocarburos, que es para los estados petroleros, estamos creciendo con una aportación de prácticamente mil 150 millones de pesos”, anunció Bueno Torio.
Entre los beneficios, pronosticó: Campeche incrementará mil 700 a 2 mil 700 millones; Tabasco de mil 200 a mil 920 millones; Chiapas de 251 a 398; Tamaulipas de 350 millones a 555; Veracruz de 414 millones a 657 millones.
CAÍDA DE LA GANANCIA PETROLERA
Pero la oposición no compartió el optimismo de quienes apoyan ciegamente la Reforma Energética.
En el mejor de los casos, sostuvo, el Estado mexicano recuperaría apenas 30 centavos de cada peso del valor de cada barril de petróleo, en el supuesto de que se apruebe sin cambios fundamentales la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, propuesta por el Ejecutivo Federal.
La iniciativa plantea, sin fundamento jurídico, trasladar al ámbito privado los ingresos que se generen de la exploración y explotación de este recurso, los cual podría ser el equivalente a uno por ciento y hasta 1.5 por ciento del PIB anual.
“¿Por qué tienen que enriquecerse sólo unos cuantos? Los inversionistas, los capitalistas, los ricos, por qué no permitir que nuestros pueblos indígenas, comunidades y pequeños propietarios participen también de la riqueza de los hidrocarburos y no sólo como rentistas precarios y empleados de las petroleras extranjeras”, cuestionó el diputado perredista Javier Salinas Narváez.
La principal crítica de la izquierda se centró en el artículo 34 de la Ley de Ingresos, la cual, dijo, plantea un articulado que habla en la forma de contrataciones totalmente distinto a lo aprobado en la reforma constitucional de 2013.
El Diputado Silvano Blanco Deaquino recalcó que los contratos de los particulares dan margen a la discrecionalidad que se convertirá en corrupción.
“Este Presidente sí va a pasar a la historia, pero va a pasar a la historia emulando a Antonio López de Santa Anna, porque a final de cuentas está traicionando al país, está traicionando a la Patria por impulsar este tipo de reformas que lesionan gravemente a los mexicanos”, dijo el perredista.
“Bajo esta Reforma Energética, en vez de ampliar los ingresos para el Estado y su debida aplicación en el desarrollo económico del país, se observa un deterioro en los ingresos no tributarios que traerá un déficit fiscal aunado a un incremento de la deuda interna al absorber los pasivos laborales de los trabajadores de Pemex y perder el control de los recursos energéticos del país”, concordó el Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano.
Por otra parte, el Fondo Mexicano del Petróleo supone que los millonarios recursos recaudados no serán tratados con la misma ley sobre transparencia que los fideicomisos públicos de la administración pública federal. El dictamen establece que el Banco de México realizará la encomienda fiduciaria y quedará sujeto a lo dispuesto en la propia iniciativa de ley.
Todos estos dictámenes serán discutidos en el pleno de la Cámara de Diputados a partir de este lunes en sesiones maratónicas. Los coordinadores parlamentarios afirmaron que se discutirán el tiempo que sea necesario, a fin de que los seis dictámenes sean discutidos a cabalidad.
