Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).- Miles de personas denunciaron que empresas como Grupo Higa y sus filiales, respaldadas por el Gobierno federal han despojado las tierras de comunidades indígenas, como es el caso de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, donde se expropiaron terrenos para construir la autopista Naucalpan-Toluca.
Diversas organizaciones sociales tomaron esta tarde el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, para realizar una “Marcha contra el despojo”, la cual partió de la Estela de Luz y tiene como punto final la Secretaría de Gobernación (Segob), en donde los manifestantes pedirán que las autoridades federales escuchen a los pobladores.
“Enrique Peña Nieto mintió para apoyar a los poderosos”, dijo en otomí una habitante de San Francisco Xochicuautla, durante el recorrido de la movilización.
A la manifestación se sumaron representantes de Ostula, Michoacán, de Ayotzinapa, Guerrero, de San Salvador Atenco, Estado de México; entre otros grupos civiles y ciudadanos en general.
El pueblo indígena Xochicuautla durante la manifestación ha denunciado que es ilegal el decreto expropiatorio que aseguran se ha hecho en sus comunidades, por lo que sostuvieron que continuarán con la defensa del Bosque Sagrado Otomí.
Por su parte, comuneros de Ostula, Michoacán, se han unido en solidaridad a la manifestación, y además han denunciado que sus comunidad no es un cuartel, por lo que han exigido que el Ejército salga de la zona.
Desde hace ocho años los terrenos en Xochicuautla están en disputa legal para que el proyecto carretero no cruce por dos comunidades indígenas. Los inconformes informaron que las obras, además de dejarlos sin hogar, afectarán el ecosistema, incluyendo ríos, campos de cultivo que sustenta la vida de las comunidades, y la vida vegetal y animal.
La concesión para la construcción, operación y mantenimiento de la autopista fue otorgada por el entonces Gobernador Enrique Peña Nieto en 2007 a la Constructora Teya, filial de Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien ha sido ampliamente favorecido con contratos de obra pública en el Estado de México.
Hasta ahora nada de eso ha detenido la intención del Gobierno del Estado de México de llevar avante la obra, cuya concesión se entregó cuando la entidad era gobernada por el actual Presidente, Enrique Peña Nieto, de quien su relación con Grupo Higa fue evidenciada y cuestionada en noviembre del año pasado con el caso de la llamada “Casa Blanca”.
De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Comunicaciones mexiquense, la autopista Naucalpan-Toluca conectará la autopista La Venta-Chamapa-Lechería y canalizará el tránsito vehicular procedente del poniente de la entidad, el Valle de Toluca y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca al área norponiente de la Zona Metropolitana del Valle de México. La construcción de la vialidad, cuya longitud será de 39 kilómetros, implicará un gasto de 7 mil 200 millones de pesos, según la misma dependencia.
La concesión para la construcción, operación y mantenimiento de la autopista fue otorgada a Constructora Teya, filial de Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien ha sido ampliamente favorecido con contratos de obra pública en el Estado de México.
