El Consejero presidente del INE habló hoy sobre algunos retos que tendría realizar la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes, como ha propuesto Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).– Realizar una consulta popular para llevar a juicio a expresidentes implicaría ajustar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para el 2021 porque sería “como otra elección“, expuso hoy Lorenzo Córdova, Consejero presidente del organismo.

El funcionario destacó que la realización de una consulta implicaría un esfuerzo similar al de las elecciones.

“Implicaría para todos los efectos prácticos la organización de una nueva elección con las mismas cifras de organización, el número de casillas, el número de ciudadanos requeridos, de funcionarios, etcétera, apenas dos meses después de realizada la elección federal”, dijo hoy en una reunión a distancia con diputados de Movimiento Ciudadano.

Y aseguró que, si se aprueba su realización, será necesario revisar el presupuesto para el INE.

“Si así lo decide el Congreso, vamos a tener que revisar el Presupuesto, que justo hoy se está enviando a Hacienda, del que no hay que moverle una coma, es como otra elección“, dijo esta mañana.

Destacó que la consulta popular tendría que realizarse en agosto del próximo año y no el día de las elecciones federales.

“El 6 de junio sería la elección y el primero de agosto la consulta popular. La consulta, en términos presupuestales, implicaría una nueva elección”, indicó el Consejero presidente refiriéndose a los establecido en la Constitución.

Esta mañana, desde Tamaulipas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí visualiza para el 1 de agosto del próximo año una consulta para enjuiciar a los expresidentes de México. “Yo creo que es necesario, sí lo veo. No lo descarto. Pero hay que esperar”, dijo.

El Presidente afirmó que él podría presentar la solicitud para realizar la consulta ciudadana en caso de que la ciudadanía no recabe las firmas necesarias o si legisladores no presentan la propuesta, pero dijo que antes esperará el avance de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos que denunció actos de corrupción que involucrarían a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Yo voy a esperar dos cosas, primero, el avance en las investigaciones de la Fiscalía, para ver cómo se van presentando las cosa,  la opinión del Ministerio Público, yo espero que sea justicia pronta y expedita y no se archive el caso, pero lo descarto porque Gertz Manero (titula de la FGR) es un hombre íntegro”, expuso.

Recordó que la ciudadanía debería reunir al menos un millón 500 mil firmas para solicitar la consulta, además, otra opción es que una tercera parte de los legisladores la soliciten, al igual que el Jefe del Ejecutivo.

López Obrador aseguró que él podría solicitar la consulta porque no busca “parecer verdugo”.

“¿Por qué lo voy hacer si los ciudadanos no alanzan a tener las firmas o los legisladores no se ponen de acuerdo y obtienen las firmas? Lo voy hacer porque no quiero parecer verdugo, y porque me he comprometido a mandar obedeciendo?”, aseguró.

Ayer, senadores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) solicitaron formalmente la realización de una consulta popular para definir si se podrá enjuiciar a expresidentes.

Las y los legisladores dirigieron un documento a la Mesa Directiva del Senado donde defendieron que la corrupción ha dañado al país y “constituye un gravísimo saqueo a los recursos nacionales”.

Argumentaron que las consulta, al ser un mecanismo de participación ciudadana directa, podría fortalecer la actuación de los órganos de Gobierno “para que vivamos en un país donde la justicia se ejerza de manera adecuada”.

La bancada morenista planteó que la ciudadanía debe participar en la toma de decisiones y en el combate a la corrupción porque “es una causa noble que interesa a todos los mexicanos”.

Los senadores también precisaron en el documento que, según ha dicho el Presidente, llevar a juicio a expresidentes “no se trata de un acto de venganza”, sino “de un acto de justicia”.

Las y los senadores que firmaron la petición son María Antonia Cárdenas Mariscal, Martí Batres; Citlalli Hernández, Napoleón Gómez Urrutia. Nestora Salgado, Ovidio Peralta, Aníbal Ostoa, Antares Vázquez, Blanca Estela Piña, Daniel Gutiérrez Castorena, Eva Eugenia Galaz, Gloria Sánchez, José Luis Pech y José Narro Céspedes.