Mujeres y usuarios de redes sociales se han organizado para apoyar con dinero y alimentos a Liliana, víctima de un intento de feminicidio en Nuevo León que le dejó el 30 por ciento de su cuerpo con quemaduras, con esto esperan que pueda seguir con su tratamiento. La joven exige justicia y denuncia que teme por su seguridad y la de su familia.
Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).– Liliana Fernández sobrevivió a un intento de feminicidio que le dejó quemaduras en varias partes del cuerpo. A casi cinco meses de la agresión, denuncia que la Fiscalía de Nuevo León no tiene avances en el caso, autoridades han minimizado la violencia que vivió y a ello se suman los problemas económicos que junto a su familia ha tenido que sortear para pagar su tratamiento médico.
A inicios marzo, antes de ser privada de la libertad y violentada sexualmente por hombres que trataron de asesinarla prendiéndole fuego en el municipio de Salinas, la joven de 23 años buscó ayuda porque un hombre comenzó a amenazarla con agredirla a ella y a su familia; pidió auxilio al número de emergencia del 911, incluso recuerda que una patrulla acudió al lugar que rentaba y donde vivía en ese momento, pero le dijeron que no podían apoyarla. Desde entonces, la desconfianza a las autoridades estatales creció.
Liliana pasó un mes en coma y otros dos en recuperación. En junio, cuando en búsqueda de justicia y apoyo para su tratamiento médico narró en redes sociales la agresión que vivió, la Fiscalía estatal puso en duda su versión al asegurar que en un primer momento, en marzo, ella declaró que resultó herida por encontrarse en un predio que se incendió.
“Cuando [autoridades fueron a tomar mi declaración] yo no pude hablar porque me dañé la garganta, yo estaba entubada, duré un mes en coma. Ellos fueron y dicen que yo les di una versión, yo fui a declarar después de que salí del hospital. Yo le pregunté a la Fiscalía por qué publicó ese comunicado, pero se lavaron las manos”, denunció.
La mujer también lamentó cómo fue revictimizada por personal ministerial cuando le realizaron exámenes médicos y psicológicos.
Liliana reconoció que desde antes de hacer público su caso y acudir con las autoridades estatales dudó del trato que recibiría porque en Nuevo León llevaban meses creciendo las exigencias de cientos de mujeres al Gobierno del emecista Samuel García para garantizar su seguridad.
“Desde antes de ir a la Fiscalía le dije a mi esposo que no nos iban a ayudar, que iba a pasar como Debahni [Susana Escobar Bazaldua] y como María Fernanda [Contreras Ruiz] –desaparecidas y halladas sin vida en Nuevo León–. La verdad nunca nos creen y cuando hablamos nosotras somos las culpables”.
En ese contexto, la Fiscalía que encabeza Gustavo Adolfo Guerrero aseguró en junio que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y la Secretaría de las Mujeres la apoyaron, pero Liliana denunció que de la primera sólo recibió algunas cremas y parches de buprenorfina –un analgésico–, mientras que de la segunda una atención psicológica temporal. SinEmbargo cuestionó al Gobierno estatal sobre la atención que han brindado a Liliana, pero no obtuvo respuesta.
Posterior a ello, fue atendida por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para su recuperación, siendo apoyada también por la Secretaría de las Mujeres. 3/5
— Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) June 21, 2022
Actualmente la joven depende económicamente de su esposo, pues por ahora sus heridas le impiden retomar su trabajo. La falta de recursos ha motivado a Liliana a pedir ayuda en sus redes sociales para continuar con su tratamiento, ahí comparte el número de cuenta de su esposo para recibir depósitos, y aunque también la acompaña la Fundación Michou y Mau, al no poder pagar el quirófano y el material de curación en el hospital de Ciudad Victoria, Tamaulipas, a donde fue trasladada tuvo que retrasar una cirugía programada para este 29 de agosto.
“Antes trabajaba en una tienda de abarrotes ahorita a veces tengo que ir al mercado a vender porque no, no completamos los medicamentos son de 3 mil 500 para arriba y no, no nos alcanza. Yo me voy a vender al mercadito, pero ahorita el doctor me dijo que no, porque como hay mucho polvo se me pueden infectar las heridas y no he podido ir. Por eso hago los videos, para que la gente se dé cuenta de todo lo que [mi familia y yo] estamos pasando”, expuso.
A la par de buscar su recuperación física, Liliana se ha asesorado legalmente para lograr sanciones contra los hombres que la agredieron en el caso que la Fiscalía de Nuevo León investiga como tentativa de feminicidio, falta que se castiga con mínimo 30 años de privación de la libertad. En este camino para obtener justicia, la joven resalta que sigue temiendo por su seguridad y la de su familia ya que ha recibido amenazas.
“Yo espero que sí se haga justicia, pero ahorita como está el Gobierno… La verdad no creo. Me han estado mandando mensajes diciéndome cosas bien feas. Yo tengo miedo por mis hijos, sé que si sigo diciendo que quiero justicia, como no tengo protección, pueden venir y hacerme algo. Sí tengo miedo, sufrí bastante y yo no quiero que le pase nada a mi familia”.
El caso de Liliana se ha visibilizado en un contexto donde desde hace meses mujeres protestan para exhibir los altos niveles de violencia en la entidad que desde 2016 tiene cinco municipios en Alerta de Violencia de Género. Sólo de enero a julio de este año la Fiscalía ha iniciado 62 carpetas de investigación por feminicidio en Nuevo León, lo que lo convierte en el segundo estado con más investigaciones abiertas por este delito por debajo del Estado de México.
Además, en el mismo periodo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró mil 189 llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres.
LOS ATAQUES A MUJERES
Los ataques con ácido u otras sustancias corrosivas en el rostro y cuerpo de las mujeres han alertado desde hace años a activistas. La Fundación Carmen Sánchez califica estos actos como un tipo específico de violencia feminicida porque tienen el objetivo de atentar contra su vida, su integridad y su libertad, además de profundizar el estado de desigualdad y opresión en el que se encontraban.
En lo que va del año distintas agresiones a mujeres cometidas con ácido u otras sustancias corrosivas se han denunciado a lo largo del país. Tan sólo a finales de julio Andrea, de 28 años, denunció que dos hombres le arrojaron ácido en Puebla, lo que le causó quemaduras de primer grado. Su caso generó indignación porque desde el año pasado denunció ante la Policía Cibernética una serie de amenazas, pero la investigación no avanzó.
Mientras que la activista Luz Raquel Padilla Gutiérrez y madre de Bruno, un niño con Trastorno del Espectro Autista, fue violentada y quemada viva el mes pasado en un parque en la colonia Arcos de Zapopan, en Jalisco, después de denunciar desde meses atrás que había recibido amenazas; falleció el 19 de julio después de permanecer tres días internada con el 80 por ciento de su cuerpo quemado.
@MeCuidanGDL ayuda mi agresor me atacó con cloro industrial y mi seno izquierdo esta mal 🥺 y las #amenazasdemuerte son a diario porque es mi vecino mi #agresor ya levante mi denuncia pero no hacen nada por protegerme, tengo miedo por mi vida y la de mi familia pic.twitter.com/1YhxvbCyk7
— Luz Raquel Padilla Gutirrez (@GutirrezPadilla) May 17, 2022
Similar a lo que sucedió en el caso de Liliana Fernández, la Fiscalía de Jalisco ha minimizado la violencia contra Luz, muestra de ello es que esta semana la responsabilizó de las pintas con amenazas que fueron colocadas en el edificio donde vivía previo a ser agredida, lo que fue considerado por colectivas y defensoras de los derechos humanos como una forma de minimizar los hechos.
En México se han registrado al menos 33 ataques con ácido, sin contar las agresiones con otras sustancias corrosivas, los cuales datan desde 1988, de acuerdo con la Fundación Carmen Sánchez, que ha exigido que los ataques con ácido o sustancias corrosivas sean reconocidos por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley de Acceso) por su relación con la violencia feminicida, pues ponen en peligro las vidas de las víctimas.
Hasta ahora Baja California, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Aguascalientes, Ciudad de México y San Luis Potosí han incluido en sus legislaciones los ataques con ácido y sustancias corrosivas como violencia de género, y aunque en marzo el Senado aprobó reformar el artículo 6 de la Ley de Acceso para considerar este tipo de ataques como violencia de género, sobrevivientes buscan que se tipifique como un delito autónomo.
