A siete años de que se expidiera la ley que obliga a realizar pruebas de control y confianza a los policías del país, algunos estados recién reprobaron a más de la mitad de evaluados que forman parte de las instituciones estatales de seguridad pública. Siete de los 10 estados con mayor número de elementos que no pasaron la prueba son gobernados por el Partido Revolucionario Institucional. Y partidos de oposición y analistas se preguntan por qué las autoridades aún se encuentra lejos de ser confiables.
Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- La confianza en las fuerzas de la policía aún sufre retrasos considerables, coincidieron legisladores y analistas en seguridad. A siete años de que se aprobase la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), que manda a examinar a los policías, diversas entidades guardan altos índices de reprobación de los policías estatales evaluados.
Los policías estatales de las distintas entidades se someten a los exámenes de control y confianza que incluyen pruebas de perfil físico, justificación de su patrimonio, toxicológicas, ausencia de vínculos con el crimen y de antecedentes penales.
“Si tienes ese número tan alto de policías que no han pasado las pruebas significa que muy posiblemente pueden tener un grado de vinculación con el crimen, o ellos mismos ser parte de un grupo de secuestradores, o procesos de extorsión”, dijo Édgar Cortez del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
De acuerdo con una solicitud de transparencia hecha por SinEmbargo, entre los cinco estados con mayor número de reprobados entre enero y julio se encuentra Nayarit, Hidalgo, Baja California Sur, Guerrero y Sinaloa.
A finales de agosto el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong hizo un llamado, durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a los gobiernos estatales en el ámbito de seguridad.
“Cada orden de Gobierno, desde el ámbito de sus competencias, está llamado a actuar con sentido de urgencia para implementar acciones inmediatas y consolidar políticas de largo plazo ”, enfatizó el funcionario en el que se ha dicho que el Partido Revolucionario Institucional guarda sus aspiraciones presidenciales.
Sin embargo, esa convicción no acompañó los números del propio estado que gobernó Osorio, Hidalgo (del 2005 al 2011), el cual aún lucha por vencer el rezago de contar con una policía estatal poco confiable; el 55 por ciento de los evaluados reprobó los exámenes de control y confianza entre enero y julio.
La lucha porque tener elementos que cumplan mayores estándares de pertenencia a las fuerzas de seguridad, quizá, no ha sido una prioridad para el PRI. Siete de las 10 entidades con mayores porcentajes de reprobación corresponden al partido tricolor.
“El PRI es mucho simulación, el creer que están haciendo las cosas, pero no tienen estrategias de fondo”, se quejó el Diputado del partido Movimiento Ciudadano Víctor Sánchez Orozco.
La falta de depuración policial podría estar relacionada con la incapacidad para mermar la violencia. Destaca Guerrero, donde el Gobernador Héctor Astudillo Flores no ha podido quitar a la entidad de los primeros puestos de homicidio.
Entre los primeros ocho meses del año hubo mil 484 averiguaciones previas por homicidios dolosos en Guerrero; la segunda entidad con mayor número de asesinatos por cada 100 mil habitantes, sólo después de Colima.
Tanto Guerrero, como Hidalgo, que tienen algunos de los más altos porcentajes de reprobación se encuentran dentro de la región centro del país, que la organización Insight Crime advirtió, el pasado 27 de septiembre, de haber sufrido un incremento en el número de crímenes.
La organización precisó que la tasa de crímenes pasó de 74 por cada 100 mil habitantes en el 2014 a 77 por cada 100 mil en el 2015.
Al mismo tiempo, en la región noroeste del país presentó el año pasado, aunque menos que en el 2014, la mayor cantidad de delitos federales en comparación al resto de regiones, con 123 mil crímenes por cada 100 mil habitantes.
Baja California Sur y Sinaloa mencionadas por la organización Insight Crime, también se encuentran entre los dos con mayores índices de policías estatales reprobados entre enero y julio de este año. Una coincidencia que levanta suspicacias sobre la relación que pudiese haber entre ambos indicadores.
¿POR QUÉ LA REPROBACIÓN?
Antia Mendoza Bautista, directora de Seguridad y Paz Ciudadana (Seypaz), expuso que el oficio de policía es uno de los que conlleva menos tiempo de formación.
“Entran a un curso de formación inicial, y en tres meses ya son policías. Salen a la calle”, dijo.
El 10 por ciento de los policías estatales del país reprobó las pruebas que se realizan en los centros de evaluación y control de confianza, entre enero y julio.
Una brecha considerable en comparación con el ámbito federal, donde el 2 por ciento los policías reprobaron en el mismo periodo.
De acuerdo con la ley que le da vida a estas evaluaciones, aprobar estos exámenes es un requisito de permanencia. Y los certificados tienen una vigencia de tres años.
No obstante, muchos de los que reprueban no terminan de ser expulsados, dijo Mendoza.
“Muchos policías que no acreditaron están en funciones, porque esto queda a discrecionalidad de los mandos”.
Vidal Fernando Romero León, politólogo e investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), hizo mención de que no existen mecanismos de monitoreo, de tal suerte que si un policía aprueba las evaluaciones tampoco queda garantizado que no se corromperá en el futuro.
Agregó que las condiciones laborales de los policías son deficientes, si se considera que arriesgan su vida. Lo que los hace más proclives a ser cooptados.
A nivel nacional un policía estatal gana en promedio 10 mil 434 pesos, de acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad Pública del 2016.
La disparidad de los salarios brutos de los policías estatales se comprende entre los policías de Chiapas que ganan 5 mil 351 hasta 14 mil 501 en Sinaloa.
COOPTACÍON
La cooptación de los policías no ayuda a paliar un contexto de violencia en el que opera el narcotráfico.
El Diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Waldo Fernández González matizó que no todos los policías reprobados son contratados por el crimen organizado.
“Esto se debe a que el crimen les interesa más cuando tienen la placa y la pistola. Para poder operar”, dijo sobre las alianzas que se forman.
El de Insight Crime detalló que entre enero y julio de este año hubo 3 mil 477 armas confiscadas, 50 por ciento menso que el año pasado.
Lo mismo sucedió con los carros incautados al crimen organizado. Entre enero y agosto de este año hubo alrededor de 6 mil 400, cuando este lapso en el año 2015 registró cerca de 9 mil, apunta Insight Crime, 28 por ciento más.
Cortez detalló que en muchas ocasiones quienes suman a los policías al crimen son sus jefes.
“Hemos visto historias donde los policías de terreno indican que de pronto tienen que ser parte de la extorsión porque los jefes piden cuotas para mantenerlos para mantenerlos en su cargo. Y eso pasa porque muchos de los nombramientos de estos jefes no están basados en decisiones técnicas, sino políticas”, dijo Cortez.
