La filtración del Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso del Caso Ayotzinapa, sin testar, a la periodista Peniley Ramírez y la publicación de este en un hilo de Twitter, sucedida estos días, expone con una crudeza brutal el presunto destino de los estudiantes, que no voy a reseñar aquí, por respeto a los familiares de las víctimas, pero que ya todos conocemos.

No sabemos, en realidad, si es la verdad porque los hechos no han sido juzgados, ni investigados. Lo que conocimos es los dichos de delincuentes que hablan del crimen. En parte, el shock público, se debe a ellos. No es que el horror y la brutalidad del crimen organizado sean nuevos, o que la sevicia sea una marca especial en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. En realidad, el informe expone, sin velo alguno, la forma de operar del crimen organizado coludido con agentes estatales. Este fenómeno de colusión ha sucedido reiteradamente en el país desde hace por lo menos dos sexenios y ha sido documentado ampliamente.

Policías y funcionarios municipales, estatales, federales y/o militares coludidos con el narcotráfico u otras actividades criminales, no son precisamente una novedad en México. Es la marca de agua de nuestra catástrofe. Ninguna de las grandes matanzas y masacres que han sucedido en los últimos sexenios, pudieron cometerse sin la complicidad de uno o más agentes del Estado. Horrores sin nombre, casi indecibles, han estado pasando: personas descuartizadas, disueltas en ácido, incineradas, usadas como mensaje criminal. Horrores con los que hemos vivido y conocemos bien, desde hace años.

Nos estremece, sin embargo, volver a ellos. Conocer los mensajes de texto que fueron testados por la autoridad y revelados por Ramírez en un hilo de Twitter, fue un golpe brutal: no solo para los padres de los estudiantes, sino para todos. Se necesita tener estómago para digerir esos actos criminales y deshumanizantes en estado de enfermedad. Con esto, me refiero a que conocer esos hechos en boca de los propios criminales, en mensajes de texto, sin filtro ni acotación alguna, revictimiza a quienes eran personas y fueron tratados con una crueldad inhumana, bestial.

Presentar esos testimonios sin una intervención editorial, no es ético, por supuesto. Mucho se argumenta que fue correcto publicarlos porque la gente tiene derecho a conocer “la verdad” y en un acceso de imbecilidad, muchos se rodearon en ello. Como si los hechos allí narrados, parte de una narrativa criminal, no fueran auténticas catástrofes, dolorosísimas.

Hay que decir, sin embargo, que nada hay más lejos de la verdad que las versiones de criminales. Porque la verdad que importa es la de los hechos, no los dichos de quienes en la misma enunciación actualizan la brutalidad, convierten en objetos a sus víctimas. Es decir, las convierten en subproductos suyos. Lo que conocemos al leer esas comunicaciones, suponiendo que fueran ciertas, sin filtro alguno, es su propia configuración deshumanizada, no la de las víctimas. Es como si usted, querido lector, viera a través de esos ojos: lo que aparece no es la víctima, sino lo que el criminal dice de ellas, pero ¿es verdad? Estas comunicaciones ¿tienen importancia periodística? Los hechos, sin duda, pero los dichos de criminales sobre sus víctimas no, al menos no como indicio de la verdad. Para un periodismo ético, capaz de desmontar el lenguaje de los criminales, es un imperativo no reproducirlo de manera acrítica.

Y es que la deshumanización de las víctimas a través del lenguaje de los criminales, reproducido en los medios, ha sido sistemáticamente usado con fines políticos. Ha sido instrumentalizado por el poder para encubrir su propia participación en los hechos. El “se matan entre ellos” que se decía en el sexenio de Calderón y también en éste, no era, ni lo es, para nada inocente: oculta la responsabilidad del Estado de evitar esos actos y exhibe una actitud de abierta complicidad. Cuando la verdad aparece, de manera extraordinaria, detrás de los crímenes suele hacerlo con una brutalidad que es difícil de soportar porque habla más de nosotros como sociedad, que de los criminales. Y cuando digo “nosotros como sociedad”, justamente me refiero tanto al aparato estatal, como a su sustento popular. Me refiero a la corrupción de políticos, funcionarios, policías y militares, pero también a la de las sociedades que aceptan tácitamente acuerdos ilegales porque los benefician, de una u otra manera. En los hechos, el crimen se convierte en gobierno y los ciudadanos, en sus cómplices, activos o pasivos.

El crimen de Iguala exhibe justamente esto: las manos de todo el aparato del poder actuando de manera criminal, sin pudor. Por supuesto, el gobierno actual, del presidente López Obrador, que se ha dedicado a otorgarle el poder civil a los militares de manera escandalosa, y ha permitido la impunidad del ex presidente Peña, está en un problema grave. Porque los hechos que su propio gobierno ha expuesto, a través de la Comisión para el Caso Ayotzinapa, involucran a militares como responsables del asesinato y desaparición de los estudiantes, en colusión con funcionarios federales. Y sin duda, contradicen con creces su propia propaganda militar. Inevitablemente nos recuerdan una verdad histórica insoslayable: los militares han sido capaces de cometer los peores crímenes sobre civiles, entre ellos estudiantes indefensos, ya sea en los años sesenta del siglo pasado como en la segunda década de este.

Y es que la parte más dolorosa y sangrienta de esos mensajes no son solamente los hechos narrados, sino lo que exhiben: una operación política para desaparecer los asesinatos, desapareciendo los restos de personas, para obtener impunidad. Esto no es novedad en el crimen organizado, lo que es una novedad y lo es realmente de manera apabullante, es conocer con precisión, que la política y el crimen esos días, de hace ocho años, eran una y la misma cosa. Toda la operación de encubrimiento de los hechos, decidida por policías, militares y políticos, locales y federales, es lo que es totalmente terrorífico y necesariamente tendría que llevar a castigar a los responsables para otorgarles justicia a las víctimas.

Hoy recuerdo con desasosiego que a los pocos días de la desaparición de los estudiantes, y tras volverse un escándalo mediático, pensé, con total impotencia, que si no los habían matado ya, tendrían que matarlos, tal cual parece haber sucedido. Era muy obvio, ya en ese entonces, que el gobierno haría una operación de encubrimiento. Lo que vimos con la llamada “verdad histórica” fue esa operación. Hoy lo podemos confirmar, tras las revelaciones que se han hecho.

En un país democrático fuerte, tras los hechos revelados por Alejandro Encinas se haría una investigación judicial a fondo, y todos los responsables serían llamados a rendir cuentas. Desde el policía municipal hasta el ex presidente Peña Nieto, pasando por los mandos militares, para conocer la verdad.

Si el gobierno de López Obrador no lo logra y se deja avasallar por los intereses militares que ya están actuando de manera abierta e indebida, le habrá fallado garrafalmente a los padres y madres de los estudiantes, y al país que creyó que la justicia era posible, lleva ocho años gritando: ¿dónde están?

Porque eso es lo que esperamos y seguimos y seguiremos exigiendo: verdad y justicia. Ni más, ni menos.

María Rivera

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María Rivera es poeta, ensayista, cocinera, polemista. Nació en la ciudad de México, en los años setenta, todavía bajo la dictadura perfecta. Defiende la causa feminista, la pacificación, y la libertad. También es promotora y maestra de poesía. Es autora de los libros de poesía Traslación de dominio (FETA 2000) Hay batallas (Joaquín Mortiz, 2005), Los muertos (Calygramma, 2011) Casa de los Heridos (Parentalia, 2017). Obtuvo en 2005 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.

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