Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).– La organización internacional Artículo 19 dio a conocer su informe sobre los hechos violentos del pasado 2 de octubre en el Distrito Federal, y en él consideró que se trató del “ataque más violento a la libertad de expresión en la capital política de México durante un acto de protesta social, uno más desde que la ciudad es gobernada por Miguel Ángel Mancera”.
“En una sociedad democrática, la autoridad es quién protege a aquellos que se manifiestan y documentan protestas sociales o hechos relacionados con autoridades de seguridad pública; es decir, la fuerza se usa para garantizar el libre ejercicio de un derecho y no para reprimirlo; la protesta y la libertad de expresión son derechos fundamentales para el ser humano”, argumentó.
Este llamado de atención llega luego de que distintas organizaciones evidenciaran a México, en la escena internacional, por una pérdida en la calidad de los derechos humanos. Las Naciones Unidas extendió la semana pasada decenas de recomendaciones al gobierno federal mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos puso “un 6” a la protección del Estado a las garantías de los ciudadanos.
“La prensa escrita y la televisión dieron cuenta de la violencia de un grupo determinado de manifestantes. La violencia de éstos estaba principalmente dirigida contra las autoridades policiacas, aunque también tenemos registro de ataques contra comunicadores. Así mismo, la mayoría de la prensa tradicional alentó un falso debate público sobre los actos violentos y el derecho a la manifestación. Para Artículo 19 no hay tal debate ni disyuntiva. El ataque violento contra la policía, así como el daño a propiedad ajena, son delitos y se tendrían que castigar conforme a derecho”, dijo.
Sin embargo, agregó, “el informe da cuenta de la violencia ejercida por la policía contra manifestantes, entre ellos comunicadores y periodistas. Como un tipo de violencia es un delito, la violencia ejercida por los representantes del Estado son violaciones a los derechos humanos y bajo ningún supuesto pueden estar permitidas, toleradas y no castigadas”, expresó.
La organización dijo que la Ciudad de México han sido escenario de hechos violentos en los últimos 10 meses, “en específico contra periodistas y comunicadores sociales. Los días 1 de diciembre del año pasado, el 10 de junio y el 1 de septiembre de 2013, han ocurrido violaciones a derechos humanos generalizadas por parte de la autoridad”.
La implementación de estas acciones permitió “obtener información de las agresiones cometidas contra los representantes de la prensa que cumplía su función de documentar y difundir hechos de interés público, además de ubicar a los presuntos responsables de cometerlas. El saldo: 46 casos documentados por Artículo 19 (30 hombres, 11 mujeres y 5 personas que por seguridad no se indica), de los que 32 casos fueron agresiones directas de policías (1 que coincidió con agresiones cometidas por persona de identidad desconocida); 8 por agresoras de identidad desconocida; 3 por civiles con comportamiento policial; y 3 por personas con rostro cubierto”.
Entre estos civiles identificados como de “comportamiento policial” se encontraban varios que portaban radios, actuaban de manera organizada y pudieron haber contado con el consentimiento o aquiescencia de la policía, pues de acuerdo con la información recabada omitieron actuar contra las arbitrarias detenciones de estas personas, señaló la organización.
Artículo 19 tuvocontacto directo con 46 de los periodistas y comunicadores agredidos, quienes “han relatado que durante la agresión se identificaron verbalmente como prensa, portaban gafetes o equipo de trabajo. Es decir que aun cuando usaban distintivos de prensa fueron agredidos (les infligieron dolores o sufrimientos de forma ilegítima), no sólo para evitar cumplieran con su labor informativa, sino como una especie de castigo o en su defecto para intimidarles o coaccionarles”.
ATAQUES Y RECOMENDACIONES
Para la oficina de México y Centroamérica de Artículo 19, al igual que los organismos internacionales de supervisión de los derechos humanos, “la libertad de expresión y el derecho a la información son libertades que tienen tanto una dimensión individual como una dimensión social, y exigen no sólo que los individuos no vean impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino también que se respete su derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno, por lo que de acuerdo al estándar establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son derechos y libertades que el Estado se encuentra obligado a respetar y garantizar, tanto a los individuos como a la sociedad en general”.
“Es así que resulta preocupante su violación tanto por acción como por omisión en los hechos ocurridos el 2 de octubre”, dijo.
En el ámbito de respeto, señaló, “el Estado asume una posición pasiva que lo obliga a que se abstenga de impedir a la búsqueda y difusión de información. Esta concepción lo estrecha íntimamente con la libre expresión de las ideas. El deber de garantizar, por su parte, implica una obligación positiva del Estado de aportar la información, para lo cual el Estado tiene que promover el acceso libre e igual a [dicha] información, quitar los obstáculos que se interpongan en este acceso y facilitar la participación de los individuos en el ámbito de lo público a través de la adecuada información”.
Los hechos ocurridos el 2 de octubre, dijo la organización, “donde la mayoría de las agresiones a periodistas, fueron cometidas por elementos de la policía capitalina, aunadas a las que se ocasionaron por personas vestidas de civil cuyo comportamiento fue ubicado como policial o como si se tratara de autoridades, constituye una violación grave a la libertad de expresión en razón de que tales acciones iban dirigidas a impedir la recolección y difusión de los hechos”.
Artículo 19 recomendó a las autoridades establecer cuáles son las partes lesionadas, “reconociendo el efecto de inhibición a la prensa dedicada a la cobertura de esa fuente y procurar la restitución íntegra en los derechos afectados como el de propiedad, en específico las siguientes medidas: De rehabilitación; de compensación; medidas de satisfacción y de justicia.
