El martes 25 fue un clavo más en el ataúd en la relación entre las organizaciones de derechos humanos y el gobierno. En el contexto del 185 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la sociedad civil y el gobierno sostuvieron una audiencia temática sobre la militarización en México. Ese espacio privilegiado de diálogo ha sido áspero, crítico, duro, tenso en diversos momentos y ante diversos gobiernos. Pero esta ocasión sufrió un quiebre sin precedentes cuando Luz Elena Baños, representante de México ante la OEA, acusó a las organizaciones y a la propia CIDH de ser un “ariete del conservadurismo”.

En dicha audiencia las 20 organizaciones mexicanas que pidieron la audiencia, abordaron los aspectos más preocupantes de la reforma a la Ley de la Guardia Nacional (mando militar); así como el contexto de impunidad en el que se cometen violaciones graves a los derechos humanos por miembros de las Fuerzas Armadas. También destacaron el impacto diferenciado que tiene este proceso en las mujeres y expusieron la falta de regulación de los “estados de excepción”, así como la necesidad de impulsar acciones esperadas en torno a la desmilitarización, el desmantelamiento de redes de macrocriminalidad, la reconstrucción de cuerpos policiales y el fortalecimiento del sistema de procuración de justicia.

En la dinámica de dichas audiencias, primero hablan las organizaciones y después responden los representantes del Estado. En el espacio suelen estar varias personas comisionadas y el Relator de Libertad de Expresión, quienes también hacen preguntas. La respuesta del Estado mexicano, en voz de su única representante, fue lamentable. Luz Elena Baños señaló, “en el México de ahora a diferencia de los gobiernos neoliberales, cuando ustedes guardaban silencio cómplice, no se violan derechos humanos y ninguna corporación militar comete actos de barbarie como torturas, masacres o ajusticiamientos. Los conminamos respetuosamente a que dejen de servir, dejen de simular y dejen de actuar como ariete del conservadurismo y de otros países del mundo”.

La comisionada presidenta Julissa Mantilla y la comisionada relatora para México Esmeralda Arosamena le recordaron a la representante del gobierno el monitoreo y recomendaciones permanentes que la CIDH ha hecho a México sobre el tema de la militarización desde 1998, año en que nuestro país se abrió al escrutinio internacional en derechos humanos.

Al final de la audiencia, Mantilla enfatizó que “lo que se ha planteado en esta audiencia es de extrema preocupación y lo que se ha planteado a través de sus distintas relatorías, atentas a escuchar a sociedad civil, pero también a contribuir con el Estado (…) en el ánimo de entablar un diálogo que no tiene que ver con izquierda ni derecha, ni con conservadores o liberales, sino respetar el estándar de los derechos humanos que es una política de dignidad, intrínseca a la personas”.

Pero eso no importó. El diálogo no fue tal. Baños llevaba la consigna de leer la perorata que escuchamos de forma recurrente en las “Mañaneras”, y se negó a responder preguntas de las organizaciones, las cuales presentaron argumentos y evidencia sólida del impacto negativo de la militarización sobre los derechos humanos.

Las premisas falsas de las cuales parte el gobierno en su relación con los organismos internacionales de derechos humanos (ONU y OEA). Decir que nunca se han pronunciado por el grave proceso de degradación de las libertades fundamentales es una mentira absoluta. Lo han hecho de manera recurrente ante diferentes gobiernos, particularmente en los de Calderón y Peña Nieto.

Las respuestas han sido virulentas en otros momentos. Basta recordar como el gobierno de Peña montó en cólera cuando el Relator de Tortura de la ONU, Juan Mendez, señaló en su informe de 2014 sobre su visita a México que dicho acto atroz se comete de manera sistemática. Pero México no se cerró al escrutinio. Incluso en el peor momento de la relación entre gobierno, CIDH y GIEI, cuando se desmontó la “verdad histórica” del gobierno peñista en el caso Ayotzinapa, el diálogo persistió.

Hoy el mensaje es que no hay interés en diálogo con dichos organismos ni con las organizaciones sociales. Simplemente el gobierno mexicano reclama adhesión incondicional a sus medidas por más ineficaces que sean. La militarización de la seguridad pública no ha redundado en la disminución de la violencia. La violencia se profundiza y eso se cuestiona como siempre se ha hecho. En cualquier democracia -por más maltrecha que esté- eso es normal.

La actitud agresiva del gobierno no sorprende. Desde hace 3 años la interlocución con las organizaciones de derechos humanos se encuentra en su nivel más bajo. Con el cuerpo diplomático y los organismos internacionales de derechos humanos se ha ido degradando en la medida que las palabras del presidente no se traducen en una mejora para los derechos de las personas, sobre todo en temas de seguridad y justicia.

La democracia no es un monólogo desde el poder, implica escuchar múltiples voces y perspectivas hasta encontrar soluciones en común. Si con la militarización se profundiza la cerrazón del gobierno, no es buena noticia para nuestra incipiente democracia.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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