Por Shaila Rosagel, Laura Cordero, Fernanda García y David Martínez
Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).– Una vez más y como lo ha hecho desde su campaña y, luego, ya como Presidente, en los momentos de crisis en sus apenas dos años de gobierno, Enrique Peña Nieto elaboró un decálogo donde plantea cambios para afianzar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en el país.
A tres días de cumplir 24 meses en la Presidencia, el mandatario mexiquense ha recurrido una y otra vez al listado de 10 puntos con soluciones de corto plazo para enfrentar problemáticas como la caída de la economía, el repunte de la inseguridad y la violencia, y el descontento social a su mandato.
La primera vez que Peña Nieto probó de frente el rechazo fue el 11 de mayo de 2012, cuando en plena campaña presidencial, el priista fue prácticamente expulsado por la puerta de atrás en la Universidad Iberoamericana. Los jóvenes universitarios, indignados por los gastos de su campaña, la parcialidad de los grandes medios de comunicación en el país con su candidatura –especialmente la de Televisa– y sus respuestas sobre la masacre de Atenco, en 2006 y durante su gobierno en el Estado de México, encendió el ánimo de cientos de estudiantes.
Pero las posteriores expresiones de los priistas, como Pedro Joaquín Coldwell, entonces presidente del partido tricolor, quien los calificó de infiltrados y porros, generaron un movimiento que se volvió nacional: el #YoSoy132.
Como respuesta a esa primera gran crisis frente a los jóvenes preparatorianos y universitarios de todo el país, Peña Nieto lanzó el 21 de mayo –10 días después del rechazo mostrado por la comunidad estudiantil de la Ibero– su manifiesto de 10 puntos, denominado “Por una presidencia Democrática”.
Con ese documento, el entonces candidato y su equipo trataron de exorcizar las protestas y manifestaciones de la juventud mexicana, que buscaban impedir el regreso del PRI a Los Pinos. Los 10 puntos de ese manifiesto [contenidos en el gráfico publicado en la parte inferior] siguen hoy sin cumplirse.
Luego vendrían muchos decálogos más: el que prometía mejorar la economía familiar, los que trataban de sacar al país de la crisis económica, el que respondía a la agudización de la violencia, el que aceleraba la Reforma Energética para detonar la riqueza en México. La mayoría de esos puntos están aún pendientes.
Ahora, ante el movimiento de ciudadanos indignados en México y el mundo por la violencia contra los normalistas de Ayotzinapa, el Presidente anunció ayer un nuevo decálogo para fortalecer el Estado de Derecho en México.
1. El próximo lunes se enviará una iniciativa de Reforma Constitucional con el fin de expedir la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizados en las Autoridades Municipales.
2. Reforma que redefine y da claridad al sistema de competencias en materia penal.
3. Creación de policías estatales únicas.
4. Creación de teléfono único para pedir auxilio en caso de urgencia (911).
5. Establecimiento de clave única de identidad.
6. Operativo en Tierra Caliente por parte de las fuerzas federales.
7. Acciones y reformas adicionales para hacer efectivo el derecho a la justicia (foros de consulta con especialistas en justicia cotidiana para impulsar agenda que mejore este rubro).
8. Expedición de leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada.
8.1 Fortalecer protocolos y procedimientos para que las investigaciones sean exhaustivas e imparciales, en caso de desaparición extrajudicial.
8.2 Creación de sistema nacional de personas no localizadas y un sistema de información genética; publicar el reglamento de la ley general de víctimas y poner en operación el registro nacional de víctimas y el fondo de ayuda y reparación integral de asistencia.
8.3 Integración del Consejo Consultivo para la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
9. Aprobación pronta de diversas leyes en combate a la corrupción.
9.1 Esquemas de vigilancias de autoridades por parte de la ciudadanía.
9.2 Fortalecimiento de la ASF para que realice auditorías durante la ejecución del gasto.
9.3 Creación de un Tribunal que cree las condenas administrativas y de un Fiscal anticorrupción nombrado por el Senado.
9.4 Mecanismos ágiles para denunciar la corrupción.
9.5 Sanciones ejemplares para empresas que se coludan con alguna autoridad y caigan en corrupción.
10. Iniciativa para modernizar algunas zonas estratégicas económicas del sureste del país. Creación de empresas agroindisutriales.
10.1 Apoyo a las Normales Rurales a través del Conacyt y becas.
10.2 Programa de empleo temporal, créditos e impulso al campo. Renovación e impulso de los cafetales.
MAQUILLAJE PARA UN CADÁVER
Organizaciones defensoras de derechos humanos consideraron que frente a la magnitud de la crisis de desapariciones, el mensaje central del Presidente Enrique Peña Nieto debió haber sido el reconocimiento de la magnitud de esta crisis y el anuncio de medidas inmediatas y emergentes, en el ámbito de la justicia, para que garantizar que en todas las desapariciones denunciadas haya justicia y verdad.
Javier Sicilia Zardain, líder de Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), calificó las medidas de Peña Nieto como un “maquillaje para el cadáver que es el Estado” y aseguró que los ciudadanos se sienten ofendidos con un intento más de maquillar la realidad que vive el país.
“Que dejen de mentirnos, no les creemos, nos sentimos ofendidos con ese maquillaje de reformas, leyes, tenemos leyes y son buenas, hay que aplicarlas nada más. Estas medidas son ridículas, ¿más leyes?, es un país de leyes que no se cumplen por la corrupción”, dijo.
El escritor, poeta y activista agregó que la Presidencia de la República niega la realidad que vive el país, pues las víctimas se cuentan por cientos de miles.
“De la justicia no oímos nada. No sabemos nada de los 160 mil muertos, de los 30 mil desparecidos, no sabemos qué va a pasar con la seguridad real de los ciudadanos de ahorita, que están desapareciendo, asesinados, no hacen nada. Es más de lo mismo, sí, el tema es estructural, de fondo”, finalizó.
Manuel Vázquez Quintero, abogado de la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG), expuso que la organización se mantiene respetuosa de las medidas del gobierno federal, sin embargo, se trata de una “política desesperada”.
“Están tomando una política desesperada, lejos de mandar más policía, el debate aquí en nuestros pueblos es que se debe generar mayor presupuesto a la educación, salud, seguridad, que participe el pueblo, organizarlo. Ahorita lo que no hicieron en mucho tiempo lo quieren hacer desesperados”, explicó.
El abogado de la UPOEG detalló que al gobierno de Peña Nieto, le hace falta una acercamiento con las comunidades y escucharlas, debido a que son los pueblos los que conocen la realidad que viven diariamente.
Líderes empresariales, analistas privados y representantes de organizaciones civiles coincidieron en que el anuncio emitido el día de ayer por el Presidente Enrique Peña Nieto apenas podría ser el inicio de un largo camino para la recuperación del Estado de Derecho y del fortalecimiento de las instituciones.
Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, dijo que el mensaje emitido por el Presidente Enrique Peña Nieto está dirigido “más hacia el clamor social, hacia el clima de opinión pública que el propio Presidente reconoce, creo que está yendo más allá del caso Ayotzinapa”.
“Esto está respondiendo más al tema social alrededor de la situación que viven las familias de Ayotzinapa, aunque por supuesto hay una mención específica respecto a la reparación de daño que es un tema que había estado ausente por lo menos en cuanto al discurso presidencial”, afirmó.
ES MÁS DE LO MISMO: ONGS
Frente a las medidas anunciadas por el Presidente de la República para hacer frente a la crisis de violaciones a derechos humanos y corrupción que vive el país, evidenciada por los casos Ayotzinapa y Tlatlaya, organismos de derechos humanos y de víctimas lamentamos que la atención brindada a la grave problemática de las desapariciones forzadas haya sido insuficiente.
Recordaron el caso del Plan Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas presentado el 9 de julio de 2014 por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob), con componentes y mecanismos como el dispositivo de búsqueda urgente, el registro único de fosas comunes y la Red Nacional de Procuración de Justicia para la Búsqueda de Personas No Localizadas, el cual no sirvió para prevenir la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas ni para hacer frente a las acciones de búsqueda inmediata.
“Respecto de este antecedente, lo anunciado no implica novedad ni avance cualitativo alguno”, señalaron en un comunicado.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), opinó que las 10 propuestas de Peña Nieto en materia de seguridad tienen como objetivo mandar un mensaje, pero no es novedoso.
“El enviar policías federales es más de lo mismo. Estos 10 puntos quieren mandar el mensaje que ‘estamos intencionados’, pero no hay una novedad, no hay propuesta nueva. Lo más novedoso es la reforma sobre la desaparición de poderes que tendremos que ver a qué se refiere, a más detalle, ¿cómo la va a operar? Pero que mande más policías federales a Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, no es una novedad, ya se ha dicho y se ha hecho”, dijo.
Con él coincidió Mario César González, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quien detalló que la propuesta del Presidente de enviar más policías federales a Guerrero es “más de los mismo” y que sólo para sirven para reprimirlos.
En cuanto a la creación de mandos únicos, el papá de César Manuel recordó que fueron policías los que se llevaron a los 43 jóvenes.
“¿Quién se llevó a nuestros hijos? La policía, no son otro tipo de personas, ¿vamos a llenar el país de eso?”, reclamó.
Por su parte, Rivas explicó que el mando único es una buena propuesta, pero que debe estar acompañada de un presupuesto suficiente para que se lleve a cabo.
En el caso de la disolución de poderes planteada por el Peña Nieto, el experto en seguridad indicó que la propuesta parece muy amplia y que antes que disolver un ayuntamiento, si se tiene la sospecha de que alguna autoridad está coludida con el narcotráfico se le debe someter a juicio primero.
“Si van a mandar a más policías, nosotros no vamos a dejar de organizarnos, los respetamos, pero vamos a seguir trabajando con la gente”, dijo Manuel Vázquez, abogado de la UPOEG.
EL ESTADO DE DERECHO
Líderes empresariales y analistas privados coincidieron en que el anuncio emitido el día de ayer por el Presidente Enrique Peña Nieto podría ser el inicio de un largo camino para la recuperación del Estado de Derecho y del fortalecimiento de las instituciones.
En el caso concreto de los 43 normalistas desaparecidos recalcaron que el discurso no fue una respuesta suficiente para las familias de los estudiantes de Ayotzinapa.
Eduardo Bohórquez agregó que el país tenía un pendiente enorme en materia de derecho y “esto es un reflejo, más allá del reconocimiento del tema de Ayotzinapa, que las reformas que se habían planteado no eran suficientes para transformar al país”.
Viridiana Ríos, directora general del observatorio económico México ¿Cómo Vamos?, afirmó que el anuncio fue positivo en el sentido que mostró una voluntad por parte de las autoridades para ya implementar las políticas de seguridad que el país ya necesita, aunque lo que se propone no es un verdadero cambio, son políticas que ya se habían estado discutiendo
“No se tocó el tema de desigualdad entre mexicanos, sino entre estados. Me parece muy atinado que se quieran desarrollar otros polos, porque hoy en día nuestro crecimiento económico está muy centrado en el Bajío y en el Norte, y esto porque tenemos una dependencia económica de Estados Unidos”, agregó.
Julio A. Millán Bojalil, presidente de Coraza Corporación, afirmó que la recuperación del Estado de Derecho es “una asignatura que estaba pendiente y que se está tratando de implementar y puede llevarse adelante. Es un proyecto muy ambicioso frente a las circunstancias actuales”.
“El punto más importante es que se rompan las sinergias, los intereses ya creados en esas zonas, que aquí se requiere una decisión de autoridad y cero tolerancia”, afirmó.
Por su parte, los líderes empresariales Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y Juan Pablo Castañón Castañón, presidente nacional de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirmaron que es una iniciativa importante.
Juan Pablo Castañón dijo que “todo esto tiene que darse porque es urgente reforzar el Estado de Derecho, los mandos únicos y debe de haber un involucramiento de la sociedad para darle seguimiento a los mismos resultados”.
En el caso de Gutiérrez Candiani, a través de un comunicado de prensa, dijo que “es momento de construir, unir y fortalecer las instituciones del Estado Mexicano, ya que no es posible que exista desarrollo sostenible sin un Estado de Derecho pleno, gobernabilidad democrática, seguridad, justicia y combate a la corrupción e impunidad”, recalcó.
“Vemos como un primer paso muy positivo las medidas anunciadas por el Presidente Peña Nieto, ya que –en su conjunto y al ser implementadas con oportunidad y eficacia– dan prioridad al fortalecimiento del Estado de Derecho y restablecimiento del orden público con la participación de los: tres Poderes de la Unión, tres órdenes de gobierno, partidos políticos y diferentes sectores de la sociedad”, agregó.
El empresario Carlos Slim Helú, entrevistado afuera de Palacio Nacional y luego del anuncio del Presidente, aseguró que los hechos de Ayotzinapa han generado gran solidaridad y rechazo unánime a los crímenes de ese tipo en México y en el extranjero, y que las propuestas presentadas por el Presidente para vivir en paz, lograr seguridad y que el Estado de Derecho funcione, son pasos fundamentales para que “México no siga como está”.
POLOS PRODUCTIVOS
Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas serán los primeros cuatro estados que “redefinan y den claridad” a todo el sistema de competencias en materia penal, así como la propuesta de Ley contra la Infiltración del Crimen organizado en las autoridades municipales y la creación de policías estatales únicas más confiables. En las dos primeras entidades, el Presidente dijo que se prevé realizar un operativo especial para desplegar las fuerzas federales.
También anunció que la próxima semana enviará una medida para desvincular el salario mínimo de diversos precios. Asimismo publicará un decreto para beneficiar a productores de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
En este sentido, Juan Pablo Castañón afirmó que acudirá “a la convocatoria de cómo diseñar un plan de incentivos fiscales y financieros para la inversión para las tres zonas estratégicas mencionadas, el corredor transoceánico, el Puerto Lázaro Cárdenas y el Puerto Chiapas”.
“Es importante las condiciones de inversión, se generarán empleo y el fortalecimiento de la economía interna que es importantísima para que haya inversión privada y oportunidad de generar valor y mejores salarios a los trabajadores. Logísticamente son puntos importantes, también es importantes medidas que faciliten oportunidades para personas, estudiantes, jóvenes emprendedores y para la pequeña y mediana empresa”, expuso.
El presidente del CCE agregó que “estamos de acuerdo en la importancia de generar polos de desarrollo y nuevas oportunidades de crecimiento en los Estados del Sur, lo que ayudará a regenerar el tejido social en las regiones con mayor rezago y pobreza”.
Sin embargo, Viridiana Ríos destacó que “en la selección de los cuatro estados, él considera Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y Jalisco y me llama la atención que no sea considerado el Estado de México porque se ha empeorado en sus indicadores de crímenes en temporadas recientes, como es en el caso de homicidio”.
“Aplaudo el cambio en los nuevos polos de desarrollo, sin embargo espero que estos polos no sean de desarrollo de los cafetales, como dijo Peña Nieto, sino que sean los polos de la industria productiva porque esto es lo que ha sacado al Bajío y al Norte, la industria de alto valor agregado. Entonces me preocupa que estos nuevos polos se centren nuevamente en las industrias que no son de alto valor agregado como son la agricultura y el turismo”, dijo.
Sobre este tema, Slim Helú aseguró que si bien es importante el anuncio, en el sentido de que se crearán tres zonas de desarrollo especial en el sur del país, los resultados de esa decisión llevarán algún tiempo. Sin embargo, hay cosas que pueden hacerse se inmediato. Por ejemplo, invertir en mejorar el acceso a la salud de la población, llevar educación de calidad y mejorar la infraestructura mientras se desarrolla el plan para establecer las zonas económicas especiales y hacerlas atractivas para atraer capitales. Todas las medidas que anunció el Presidente Peña son respuesta a la desgracia ocurrida en Ayotzinapa, Guerrero, los cuales tienen irritada a la sociedad, y ha provocado gran solidaridad a nivel internacional.
UN DISCURSO SIN AUTOCRITICA
Al terminar el anuncio de Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado reprobaron el mensaje presidencial por eludir la responsabilidad del gobierno federal en la crisis por la que atraviesa el país.
Asimismo, calificaron el mensaje presidencial como un discurso electorero.
Panistas y perredistas coincidieron en que por sí solo el decálogo no resolverá la “situación de emergencia nacional” mientras el Presidente no ejerza la autocrítica para remover a los colaboradores que no han dado resultados, y responsabilice a los gobiernos municipales y al sector empresarial por las fallas institucionales.
Los senadores perredistas sostuvieron que el mensaje de Peña Nieto “no ha resuelto nada” y sus propuestas “llegaron dos meses tarde”.
“Lo primero que debimos haber escuchado del titular del Ejecutivo es una posición autocrítica sobre el desempeño de las instancias, instituciones, encargadas de la investigación de los delitos”, afirmó el coordinador del PRD, Miguel Barbosa Huerta.
Por su parte, senadores de Acción Nacional criticaron que el Presidente no asuma su responsabilidad en la falla de la estrategia de seguridad y al mismo tiempo mantenga en sus puestos a los servidores públicos cuyos diagnósticos equivocados no permiten generar soluciones concretas.
“La falla de origen del discurso, porque solo se quedó en el aspecto discursivo yo no vi propuestas, es que parte de un diagnóstico equivocado, el tema de seguridad se los traslada a los municipios. ¿Qué pasó con la gendarmería?, ¿qué pasó con la concentración de facultades en el Secretario de Gobernación, en materia de seguridad?, ¿funcionó o no funcionó su estrategia de seguridad?, ¿en qué se equivocaron? Es decir no hay reconocimiento, no hay autocrítica en el discurso del presidente”, recalcó el líder parlamentario panista, Jorge Luis Preciado.
Los panistas anunciaron que crearán tres comisiones en materia económica, política y de seguridad pública integradas por diputados, senadores e integrantes de la dirigencia nacional, antes de pronunciarse si respaldarán la realización de un periodo extraordinario para avalar las iniciativas que enviará el Presidente el próximo lunes.
Además, a través de las redes sociales, los legisladores panistas también aprovecharon para externar sus críticas hacia el decálogo presentado por Peña Nieto.
Mariana Gómez del Campo Gurza escribió: “La propuesta de @EPN tiene un vicio de origen, parte de un diagnóstico equivocado sobre la inseguridad y no es autocrítico”.
Luis Fernando Salazar también espetó en contra del mandatario: “El mensaje de @EPN carece de autocrítica, no habla de la licitación del tren México-Qro, ni del escándalo de su “Casa Blanca””.
Javier Corral Jurado escribió: “Preocupante la incapacidad de @EPN y su gobierno para comprender el momento actual. Incompetencia, reducirlo a lo mpal y ubicarlo en el Sur”.
Ernesto Ruffo Appel también recordó que algunos de los puntos presentados por Peña Nieto fueron primero del PAN: “Ahora, el Presidente retoma estas propuestas del Partido Acción Nacional, que se sustentan en la organización ciudadana”.
Martí Batres Guadarrama, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) calificó como un acto de “cinismo” el mensaje emitido por el Presidente Enrique Peña Nieto porque, aseguró en un comunicado, pretende dar carpetazo al tema Ayotzinapa sin siquiera concluir las investigaciones.
Para Peña Nieto, aseveró el dirigente de Morena, es más importante seguir impulsando reformas anti populares.
Alertó que la desvinculación del salario mínimo de las medidas fiscales sólo redundará en un incremento de impuestos y no de los salarios, mientras que las reformas al sistema policial, expresó, lejos de acabar con la corrupción exculpan a los gobiernos estatales y federal de estar penetrados por el crimen organizado a pesar de que “distintas informaciones que señalan el contubernio de gobernadores y funcionarios federales con el crimen y la delincuencia”.
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
Eduardo Bohórquez afirmó que “apoyarse en la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) del Sistema Nacional Anticorrupción es reconocerla y tomarla como el eje de la discusión legislativa, pero claramente estamos al principio de un proceso muy largo porque apenas estamos al principio de la acción legislativa no de la implementación. Estamos en la reconstrucción de los pilares del Estado de Derecho”.
Sin embargo, Viridiana Ríos destacó que “se debió de haber hecho un poco de más énfasis en el tema de sistema Anticorrupción que necesita este país con un tribunal que tenga capacidades amplias. Creo que la iniciativa actual en el Congreso, le falto esta cuestión”, afirmó.
Por su parte, Julio Millán agregó que el Sistema Nacional Anticorrupción “es parte que se tiene que tomar, pero es un proceso que va a llevar mucho tiempo y no sólo para aplicarlo, sino convencer a la población civil que ayude. El problema es que está atemorizada”.
“Para que la gente deje de tener miedo se le debe de dar seguridad de que no van a tener represalias, que no va a haber medidas de represión y segundo cursos económicos para que haya actividad económica y beneficio social”, dijo.
En cuanto a los representantes del sector empresarial anunciaron que seguirá trabajando y sumándose a este esfuerzo con propuestas que ayuden a enriquecer e implementar las diferentes medidas que hoy se han dado a conocer.
“El Sistema Nacional Anticorrupción apenas se está discutiendo en el Congreso, nos parece interesante, estamos platicando con los legisladores acerca de cuál sería el rol de la ciudadanía. Es importante que la sociedad participe para monitorear los estándares”, expuso el presidente de Coparmex.
Y agregó que “es importante tener vehículos de denuncia ciudadana adecuados, responsables y protegidos de tal forma que pueda haber un contacto de la sociedad con la denuncia de tal manera que puedan hacer las investigaciones y llegar al fondo de los casos. Se tienen que reforzar los mecanismos de denuncia ciudadana”.
La directora del observatorio México ¿Cómo Vamos? planteó que “es una iniciativa que actualmente tiene una contraparte en el PAN. No son iniciativas nuevas pero parece ser que es el inicio de un gobierno que se preocupa por implementarlo”.
Desde 2011, como aspirante a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y luego ya como candidato a la Presidencia de México y como Primer Mandatario, Enrique Peña Nieto se ha apoyado en decálogos para informar sus compromisos de cambio y mejora del país frente a la sociedad mexicana. De todos éstos, pocos puntos se han cumplido, pero los sigue utilizando como una herramienta para vender sus acciones de política pública o para responder a las diversas crisis que ha enfrentado su gobierno en apenas dos años.
