A un año de Gobierno del Presidente López Obrador el balance no es positivo en materia de protección a personas defensoras de los derechos humanos, pues al menos 28 de ellas han sido asesinadas, entre los casos destacan los de opositores a megaproyectos que causarán daños ambientales.

Organizaciones civiles llamaron al Presidente a cambiar el discurso que criminaliza a quienes defienden derechos, a combatir la impunidad y a escuchar verdaderamente a las comunidades indígenas que defienden la tierra y el territorio, no como se ha hecho actualmente, con consultas públicas irregulares.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).– Radicales de izquierda, conservadores, así se refirió el Presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero al hablar de las personas defensoras que se oponen a la construcción de una hidroeléctrica que contempla el Proyecto Integral Morelos (PIM). Diez días después, Samir Flores Soberanes, uno de los principales líderes del Frente Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala, fue asesinado en su casa. El indígena náhuatl de 36 años fue el octavo defensor de los derechos humanos que mataron desde que el morenista tomó el cargo del Ejecutivo, el 1 de diciembre de 2018, y para organizaciones sociales el caso es emblemático porque expone la actitud constante del Gobierno hacia este sector: la de criminalizar.

Datos del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil señalan que al menos 28 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el primer año de Gobierno de López Obrador, cifra que se equipara a la violencia hacia dicho sector que se registró con el ex Presidente Enrique Peña Nieto, coincidieron en entrevista con SinEmbargo representantes de organizaciones sociales. Y es que, de acuerdo con conteos hemerográficos, de enero a mayo de este año fueron asesinados 18 defensores de derechos humanos, mientras que en el mismo periodo de 2012 -el primer año del Gobierno priista anterior-, el Comité Cerezo registró 12 ejecuciones.

Tan sólo del 1 de diciembre de 2018 al 31 mayo de 2019 se registraron 41 agresiones hacia personas defensoras que contemplan 331 violaciones a sus derechos humanos, esto en 10 entidades, según datos del Comité Cerezo.

El primer año de la administración de López Obrador estuvo marcada por la violencia hacia las y los defensores, particularmente contra los que trabajan por la tierra y el territorio, coincidieron Ángeles Hernández Alvarado, del Área de Protección de Personas Defensoras de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (Red TDT), y Alberto Solís Castro, director ejecutivo de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).

Para ambos especialistas, el Presidente ha preferido defender ante todas las críticas proyectos ignorando la opinión de las comunidades, incluso replicando las prácticas de represión e imposición que se practicaban en Gobierno de Peña Nieto.

“No hay análisis crítico de lo que se está haciendo, hay un aferramiento claro [de Presidente] a la construcción de sus proyectos. El Tren Maya -que pasará por comunidades indígenas de  Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán-, la Refinería de Dos Bocas, Tabasco, y el aeropuerto de Santa Lucía son los proyectos bandera de este sexenio y los tres están siendo impuestos a las comunidades, los tres tienen amparos, grandes movimientos de oposición. Actualmente continúa una política extractivista, donde el desarrollo económico está basado en el despojo de los pueblos”, lamentó Hernández Alvarado.

Ante esta situación, explicó Solís Castro, las y  los defensores de tierra y territorio “se encuentran en mayor vulnerabilidad, son actores que terminan siendo más comúnmente asesinados, atacados o amenazados”.

Para las organizaciones sociales lo preocupante es que en lo que va del sexenio ya han sido asesinadas, agredidas y amenazadas de muerte personas que luchan por la defensa del medio ambiente en zonas cercanas a los grandes proyectos impulsados por el Presidente.

AGRESIONES Y ASESINATOS

“Asegurarles que nosotros vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos. No queremos ese gasoducto, no queremos esa termoeléctrica, y no queremos tampoco las minas que van a destruir el territorio y van a contaminar las aguas. Vamos a apoyarles en todo lo que podamos, pueden contar con nosotros. México no es territorio de conquista, no es para que vengan los extranjeros aquí a apropiarse de todo”, dijo López Obrador en 2014 a pobladores durante un mitin en Yecapixtla refiriéndose al PIM que estaba en construcción. Bajo esa promesa varias habitantes de la zona le dieron su voto en julio de 2018 para la Presidencia, pero “traicionó su palabra y el compromiso con el que las comunidades encontraron un poco de esperanza en lo que el decía”, lamentó Ángeles Hernández.

Contrario a lo que dijo en 2014 como presidente del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en febrero de este año anunció que sometería a consulta popular la construcción.

“Escuchen radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores, si no se utiliza la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, una empresa de la nación, en vez de tener luz para alumbrar todo Morelos tendríamos que seguirle comprando la luz a las empresas extranjeras, así de claro, entonces a la hora de votar nada más piensen en eso”, dijo el 10 de febrero de este año en Cuautla. El 20 de febrero el defensor Samir Flores fue asesinado y eso no impidió que la consulta se realizara tres días después y se avalara el proyecto.

Marcha para exigir justicia por Samir Flores en Cuernava, Morelos, el pasado 1 de mayo. Foto: Margarito Pérez Retana, Cuartoscuro.

 “La construcción del PMI es ejemplo de la criminalización directa de la Presidencia hacia personas defensoras, porque el proyecto continúa al igual que las agresiones contra las comunidades que se oponen”, denunció Ángeles Hernández de la Red TDT, y recordó que la aprobación vino de una consulta que se hizo en condiciones violatorias a la ley. “No era libre, informada, ni de buena fe y fue días después del asesinato de uno de los líderes más importantes de la comunidad, lo que generó un ambiente de miedo”. 

Las irregularidades en las consultas es una de las principales preocupaciones de las organizaciones civiles, pues de acuerdo con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo suscrito por México, los pueblos indígenas tienen el derecho a que se les consulte sobre proyectos que los afectarán a ellos y a su patrimonio, pero debe hacerse de forma libre e informada.

Para Alberto Solís Castro, de Serapaz, la falta de participación real a través de las consultas es muestra “del poco diálogo y de la lógica del Gobierno de pasar siempre por encima de la visión de las comunidades”.

El caso de la Base Aérea de Santa Lucía, un programa emblemático del Gobierno actual, los derechos de habitantes de zonas cercanas fueron violentados con una consulta sesgada.

Desde la Red TDT aseguran que aunque el aeropuerto en Texcoco fue cancelado “se llevó el cúmulo de violaciones a los derechos humanos”. Muestra de ello fue que dos de los municipios colindantes a ese terreno, Zumpango y Tecámac, fueron excluidos de la consulta que realizó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano el 10 de marzo para informar y determinar si habitantes aprobaban la construcción.  “Ahora hay nuevas agresiones contra quienes se oponen al procedimiento para instalar al aeropuerto”, recordó Ángeles Hernández.

La preocupación de los vecinos de la Base Aérea que se oponen y se han quejado por la construcción es la explotación de la cuenca Cuautitlán-Pachuca, que representa el 23 por ciento de la Cuenca del Valle de México, y de la que abastecen zonas sobrepobladas de la Ciudad México, el Estado de México e Hidalgo.

Entre las violaciones de derechos, otro asesinato que alertó a organizaciones fue el del ecologista José Luis Álvarez Flores, defensor del santuario del mono saraguato en Tabasco, en junio. “Trabajaba con los monos en zona de influencia de Dos Bocas. Aunque no podemos asegurar una relación directa entre la oposición al proyecto y su homicidio porque las investigaciones continúan abiertas, es preocupante que no haya un seguimiento claro de este tipo de crímenes”, expuso Ángeles Hernández. 

También en Tabasco preocupa la reforma al código penal realizada en julio y que permite la sanción penal de reuniones incluso pacíficas donde personas manifiesten su oposición al desarrollo o construcción de una obra pública o privada. “La reforma muestra que persiste el uso de los sistemas legales para persuadir a las personas defensoras”, aseguró Hernández Alvarado.

A los otros 26 asesinatos de personas defensoras se suman las contantes agresiones a quienes se enfocan a la derensa de la tierra, como las de octubre pasado de elementos de la Guardia Nacional a comunidades nahuas de Juan C. Bonilla, Puebla, por oponerse a la creación de un colector que concentrará los desechos tóxicos industriales de aproximadamente 30 empresas, afectando al río Metlapanapa y a los pueblos cercanos.

Las y los habitantes nahuas de Puebla denunciaron recientemente que el 30 de octubre fueron agredidos por la Policía estatal y la Guardia Nacional cuando protestaban en la carretera federal a Huejotzingo, las víctimas fueron principalmente personas de la tercera edad y mujeres.

Imagen del ataque del 30 de octubre. Foto: CNI.

Mientras que pueblos totonacas de la Sierra Norte de Puebla denuncian desde el sexenio pasado la intención de silenciarlos en su exigencia por frenar Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, que le quitará a habitantes de tres municipios su agua para favorecer exclusivamente a socios de la empresa Deselec 1-Comexhidro, entre ellos Nueva Walmart de México, Waldo’s Dólar Mart de México, Vips y Suburbia.

Además, a inicios de este mes alertó la desaparición de Irma Galindo Barrios, defensora indígena y ambientalista, en la Mixteca oaxaqueña, aunque fue localizada con vida, organizaciones denunciaron que ya había recibido amenazas.

“No entendemos el compromiso que el Gobierno ha gestado con empresarios, o grandes empresas que encabezan estos proyectos de desarrollo”, cuestionó Ángeles Hernández.

Irma Galindo. Foto: Facebook Irmis Galindo.

DESCALIFICACIONES, LA CONSTANTE

Una constante del Gobierno de López Obrador ha sido descalificar tanto a la prensa como a las organizaciones sociales, con lo que, consideró Lucñia Lagunes Huerta, directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), invisibiliza la importancia del trabajo de ambos gremios para el desarrollo de una sociedad democrática.

El “discurso de odio”, abundó, ha generado polarización tanto en los gobiernos estatales como los municipales, lo que es grave porque la mayor cantidad de agresiones contra periodistas y personas defensoras en este último año provino de autoridades municipales.

Angelés Hernández explicó que durante el sexenio anterior la constante en dichas agresiones era que había incidendencias de fuerzas federales como la Marina o el Ejército, pero en lo que va del actual, la participación de los gobiernos municipales incrementó en ese sentido. “Sin que eso signifique desresponsabilizar al Estado en su conjunto, ni al Gobierno federal, nos habla de que hay fuerzas moviéndose y la correlación de fuerzas no es igual que en el sexenio anterior”, dijo.

Chiapas, Guerrero y Oaxaca continúan siendo los estados donde más asesinan a las personas defensoras, adelantó. “Tiene que ver con el nivel de gobernabilidad, de la colusión que los gobiernos estatales y municipales tienen con el crimen organizado, también vemos una línea muy clara con este modelo basado en el extrativismo, considerando los recursos naturales y bienes comunes que hay en estos estados”.

Organizaciones llamaron al Gobierno actual a retomar el diálogo con defensores y organizaciones sociales sin descalificarlos. “El Presidente debe dejar de haber una lógica de descalificación, tienen que abrirse canales de participación real hacia las comunidades, los pueblos, la ciudadanía, dejar de poner adelante el interés de proyectos que el Gobierno está pensando y construir de manera más colectiva, desde los espacios organizados, dejar de descalificar todo espacio organizado como corrupto”, consideró Solís Castro.

Para la Red TDT sí existe una relación entre la deslegitimización y el desprestigio de altos mandos, incluyendo al Presidente, con las agresiones a personas defensoras, pues criminaliza la labor de defensa de derechos humanos y criminaliza el disentimiento.

Lagunes Huerta, Alberto Solís y Ángeles Hernández coincidieron en que un pendiente del Gobierno actual es trabajar en erradicar la impunidad en los ataques a personas defensoras. “El tema de procuración de justicia sigue siendo el gran tema a deber en este país”, opinó el director de Serapaz.

Hernández Alvarado aseguró que mientras las investigaciones se concentren en los autores materiales y no en los intelectuales, “la impunidad persistirá y continuarán perpetuándose las agresiones contra personas defensoras”.

DEFENSORES ASESINADAS EN SEXENIO DE AMLO:

1. Manuel Martínez Bautista, defensor del territorio. Hallado asesinado en Hidalgo el 24 de diciembre de 2018.
2. Sinar Corzo Esquinca, integrante del Comité Ciudadano Defensa de los Derechos Humanos Coloso de Piedra. Hallado asesinado en Chiapas el 3 de enero de 2019.
3. Noé Jiménez Jiménez, integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional. Hallado asesinado en Chiapas el 18 de enero de 2019.
4. José Santiago Gómez Álvarez, del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común y la Justicia. Hallado asesinado en Chiapas el 18 de enero de 2019.
5. Gustavo Cruz Mendoza, del Consejo Indígena de los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón. Hallado asesinado en Oaxaca el 20 de enero de 2019.
6. Bernardino García Hernández, defensor. Hallado asesinado en Chiapas el 21 de enero de 2019.
7. Estelina Gómez López, integrante de la Organización Popular Ricardo Flores Magón. Hallada asesinado en Chiapas el 23 de enero de 2019.
8. Oscar Cazorla, activista muxe. Hallado asesinado en Oaxaca el 9 de febrero de 2019.
9. Samir Flores Soberanes, del Frente Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Hallado asesinado en Morelos el 20 de febrero de 2019.
10. Eulodia Lilia Díaz Ortiz, del Consejo Indígena de Trueque de de Santiago Tianguistenco, Estado de México. Hallada asesinada en Edomex el 26 de febrero de 2019.
11. Abirám Hernández Fernández, abogado y defensor de familiares de personas desaparecidas. Hallado asesinado en Veracruz el 30 de marzo de 2019.
12. Camilo Álvarez Pérez, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui. Hallado asesinada en Oaxaca el 4 de abril de 2019.
13. Luis Armando Fuentes Aquino, de Corriente del Pueblo Sol Rojo. Hallado asesinado en Oaxaca el 11 de abril de 2019.
14. Julián Cortés Flores, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria en San Luis Acatlán, Guerrero. Hallado asesinado en Guerrero el 12 de abril de 2019.
15. Héctor Mauricio Rosas Hernández, de la Asociación Mundo Ritual, A.C. Hallado asesinado en Guanajuato el 14 de abril de 2019.
16. Héctor Armando Domínguez, muralista y defensor. Hallado asesinado en San Luís Potosí el 19 de abril de 2019.
17. Otilia Martínez Cruz, defensor del medio ambiente. Hallada asesinada en los límites de Chihuahua y Sinaloa el 1 de mayo de 2019.
18. Gregorio Chaparro Cruz, defensor del medio ambiente. Hallado asesinado en los límites de Chihuahua y Sinaloa el 1 de mayo de 2019.
19. Eugenio Máximo Hilario, ex integrante del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata. Hallado asesinado el 2 de mayo de 2019 en Guerrero.
20. José Lucio Bartolo Faustino, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en Guerrero. Hallado asesinado en Guerrero el 4 de mayo de 2019.
21. Modesto Verales Sebastián, del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata. Hallado asesinado en Guerrero el 4 de mayo de 2019.
22. Bartolo Hilario Morales, del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata. Hallado asesinado en Guerrero el 24 de mayo de 2019.
23. Isaías Jalteco Ahujote, del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata.
24. José Luis Álvarez Flores, ambientalista.Hallado asesinado en los límites entre Tabasco y Chiapas el 10 de junio de 2019.
25. María Cristina Vázquez Chavarría, del movimiento vecinal de la colonia Condesa en Ciudad de México. Hallada asesinada el 28 de junio de 2019 en Ciudad de México.
26.  Zenaida Pulido Lonbera, activista. Hallada asesinada el 19 de julio de 2019 en Michoacán.
27. Cruz Soto Caraveo, integrante de colectivos de personas desaparecidas. Hallado asesinado en Chihuahua el 19 de octubre de 2019.
28. Arnulfo Cerón, del Frente Popular de la Montaña y del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos de Guerrero. Hallado asesinado el 20 de noviembre en Guerrero.