Emilio Zedadúa. Foto: Cuartoscuro.

Emilio Zebadúa, fue la primera pieza de la trama corrupta que decide hablar agarrándose con las uñas del criterio de oportunidad previsto en la ley penal para de esa forma obtener beneficios a cambio de aportar información valiosa sobre la llamada Estafa Maestra que, cómo hoy sabemos, está vinculada al financiamiento ilegal de campañas electorales del PRI.

Rosario Robles, por su parte, renunció a la omertá mafiosa que sostuvo por más de un año esperando que en algún momento le compensara y le permitiera salir airosa del penal femenino de Santa Martha Acatitla donde se encuentra por ejercicio indebido de funciones. El salvamento nunca llegó y fueron las nuevas órdenes de aprehensión y el chivatazo de Zebadúa la que hoy la lleva a acogerse a la misma figura por lo que muy pronto deberá romper el silencio.

Y vendrán pronto las ordenes de aprehensión contra ex altos funcionarios de la Sedesol y la Sedatu, entre ellos el brazo derecho de Rosario Robles, Ramón Sosamontes.

Sin embargo, el “documento” que  Emilio Zedadúa presentó  ante la fiscalía, revela que el objetivo principal del desvío de recursos públicos fue el financiamiento ilegal de campañas electorales del PRI las acusaciones se enderezan contra Miguel Osorio Chong, ex Secretario de Gobernación, Luis Videgaray, Secretario de Hacienda y Crédito Público, y el ex presidente Enrique Peña Nieto además contra Alfredo del Mazo, actual gobernador del Estado de México y José Antonio Meade, el ex candidato del PRI a la Presidencia de la República.

El financiamiento ilegal de campañas electorales está demostrado rompe con las reglas de la competencia política y estas reglas tienen previstas sanciones penales para quienes violentan y eventualmente para quienes fueron beneficiados aun perdiendo la elección, como es el caso de José Antonio Meade.

Y, si a eso le agregamos, que la llamada Estafa Maestra establece un puente infranqueable con el affaire Odebrecht, abarca no sólo algunos de los ya mencionados, sino un nuevo circulo de exfuncionarios y políticos del PRI y el PAN que operaron la distribución de ambos recursos financieros estamos ante un caso judicial de gran alcance que podría, si la ley se aplica con toda su dureza, no solo encarcelar a todos ellos, sino que el PRI pierda el registro como “entidad de interés público”.

Sería un acontecimiento sin precedente en nuestra historia política y eso explica la desesperación de los actuales dirigentes priistas y panistas por construir una gran alianza electoral en la elección de diputados federales y los quince estados donde estará en juego la gubernatura.

El objetivo de esta estrategia es equilibrar las fuerzas de la representación política con el fin de establecer un contrapeso al gran poder que sigue teniendo el presidente López Obrador y que busca conservarlo en las elecciones concurrentes de 2021.

Por, eso, es decisivo lo que haga o deje de hacer la FGR, que ha sido señalada como “lenta”, por el propio López Obrador en la integración del expediente del caso Odebrecht que ya debería tener a varios exdiputados federales litigando o en prisión entre ellos a Ricardo Anaya, el excandidato presidencial del PAN, que habría recibido dinero ilegal cuando fue coordinador de la bancada de su partido y que coincide en tiempo con sus inversiones millonarias en Querétaro cómo lo demostró en campaña el propio PRI.

O sea, lo que está en juego no es solo unas elecciones, unos cargos de representación política, sino el eje de la política obradorista que es la lucha contra la corrupción, y es que en el caso de que se combine la ineficacia y morosidad del fiscal Gertz Manero con un eventual cambio en la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, lo que hoy es una esperanza de tener una política con pocos incentivos para corromperse, puede terminar siendo un gran fiasco.

De ahí, que la declaración de Emilio Zebadúa cobre especial importancia, y mejor todavía lo que pudiera aportar Rosario Robles a la investigación para integrar los expedientes contra los “traidores a la patria” que se vieron involucrados en el caso Odebrecht y la Estafa Maestra que busca sancionar la mezquindad de quienes utilizaron el dinero destinado a la lucha contra la pobreza a su lavado a través de las universidades públicas para poner un 40% a disposición de candidatos del PRI a cargos de elección popular.

Esta lucha no la puede perder el país porque es mucho lo que está en juego. Sé que se dice que el gobierno de la 4T también tiene sus corruptos. Que Bartlett, Gómez Urrutia o el mismísimo Pio López Obrador. Y es probable que lo sean y deberían ser castigados.  Pero poniéndolo en perspectiva está por debajo del alcance en los casos Odebrecht y Estafa Maestra.

Con esos asuntos emblemáticos está en juego la lucha contra la corrupción en la política y la función pública.  Existe el insumo suficiente para iniciar un mega proceso contra los políticos y empresarios corruptos cómo sucedió en Brasil cuándo estalló el caso Odebrecht que incluso ha sido motivo de una serie cinematográfica de Netflix.

Y esto puede estallar el año entrante sino es que lo dosifica López Obrador de aquí a las elecciones presidenciales de 2024 con el fin de minar la alianza PRI-PAN-PRD.

El tema de los políticos corruptos será medular en las campañas siguientes y en eso radica el capital político de López Obrador, lo que le sigue teniendo con un buen nivel de percepción pública,  lo que alimenta la intención de voto de la marca Morena y quizá su mayor enemigo no está en la oposición que se agrega sino en las luchas regionales intestinas cómo la que vimos en Nuevo León y que está latente en otros estados sino se alcanzan candidaturas por consenso.

En definitiva, con las declaraciones ministeriales de Emilio Zebadúa y Rosario Robles, se habrán de integrar los expedientes criminales contra figuras sobresalientes de los gobiernos anteriores y vendrá el efecto dominó, que esperemos no lo detenga la morosidad de Gertz Manero o qué termine por ello siendo relevado del cargo por alguien que este en sintonía con la lucha anticorrupción.