Julissa fue a un hospital a ser madre, pero a los dos días le retiraron a su recién nacida de su cuidado por considerar que al ser lesbiana, no sería un “buen ejemplo” para la bebé. Posteriormente, también le quitaron a su hijo de seis años y lo entregaron a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán. Tras casi un mes de batalla jurídica, la madre sigue esperando tener a sus hijos de vuelta en casa.
Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- Julissa lleva casi un mes sin poder tener entre sus brazos a su hija recién nacida ni a su hijo de seis años, quienes le fueron quitados de su custodia por el hecho de ser una mujer lesbiana que formó una familia por sí misma y sin pareja en Yucatán, denunciaron organizaciones civiles.
El pasado 26 de octubre, la mujer llegó al Hospital General Agustín O’Horán, ubicado en Mérida, para parir a una bebé. Una vez que la niña había nacido, la trabajadora social de la institución de salud comenzó a cuestionarla sobre su orientación sexual debido a que tiene una expresión de género masculina, y cuando le contestó que era lesbiana, le dijo que no sería “un buen ejemplo” para la bebé y su hijo, por lo que le retiraron a la recién nacida de su cuidado dos días después.
De acuerdo con Ana de Alejandro, directora de la Red de Madres Lesbianas en México, la asociación civil se enteró del caso por primera vez al ver una nota publicada sobre el tema. A partir de ese momento, se contactaron con la abogada del caso y empezaron a dar seguimiento y acompañamiento al tema.
“Las autoridades de Yucatán quizá actuaron desde el desconocimiento de los derechos humanos, lo cual no justifica que al día de hoy han pasado ya 28 días sin que esta madre vea a su bebé y que esta bebita ejerza su derecho a la lactancia. El primer mes de vida es el más importante, es cuando las infancias se apegan a las personas que las crían, y a esta bebé le quitaron el derecho a tener un apego seguro con su mamá”, dijo la activista a SinEmbargo. “El caso en este momento está esperando a que la autoridades revisen todas las pruebas que dan fe de que Julissa es una madre responsable, no violenta y en plena disposición y derecho de ejercer la crianza de su hija y su hijo de seis años que también le fue quitado”.
Julissa había elegido ser madre por sus propios medios y sin una pareja, lo que llamó la atención de la trabajadora social del nosocomio. Tras entregar a la bebé a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodennay), la trabajadora procedió a indagar sobre su hijo de seis años y, al encontrar que no tenía un registro, citó a Julissa y al niño en las instalaciones de la Prodennay para hacer estudios psicológicos, con lo cual le dijeron que había indicios de maltrato y le quitaron también a su hijo.
“Esta sería la primera vez en que el Estado retiene a los hijos de una madre lesbiana por motivos de orientación sexual y expresión de género. Muchas veces las madres lesbianas no son percibidas, o vistas como tal, ya que se asume su heterosexualidad, porque tienen una expresión de género femenina, o porque nadie considera importante preguntarle a una señora pariendo por qué no tiene marido. Eso es lo que vuelve tan notorio este caso. ¿Desde cuándo se le pregunta a las señoras que acaban de parir si tienen marido, o la razón por la que no lo tienen? ¿Desde cuándo es correcto preguntar la orientación sexual de la madre? Y, ¿como por qué la trabajadora social se sintió con la prerrogativa de preguntar que para qué quiere hijos una lesbiana? Las lesbianas queremos hijos porque podemos, igual que cualquier persona, y es un derecho que está protegido en la Constitución de nuestro país”, argumentó la directora de la Red de Madres Lesbianas.
La Red de Madres Lesbianas en México ya había hecho acompañamiento en otras ocasiones de casos en los que jueces y juezas consideraban que una madre lesbiana no era apta para ejercer la crianza, pero generalmente se trataba de situaciones en las que existía un padre de una relación heterosexual previa, quien exigía la custodia y argumentaba que por tratarse de una madre lesbiana daría un “mal ejemplo” a sus hijos o hijas.
Con respecto a este y otros retos para que las mujeres lesbianas ejerzan la maternidad, De Alejandro resaltó los retos económicos que puede conllevar el elegir cómo embarazarse: si por medio de reproducción asistida o un donante conocido. En este último caso, puede que el padre biológico vuelva a aparecer y pida que se le reconozca legalmente la paternidad.
Por otro lado, notó, todavía hay estados en los que no hay facilidades para que hijos e hijas puedan ser registrados por madres lesbianas. “Piden pruebas de que la concepción se haya dado mediante tratamiento usando donante anónimo. Hay madres lesbianas que optan por registrar con los apellidos de una sola, y esto pone en riesgo la maternidad de la otra y la seguridad legal de toda la familia”, detalló. Por esta razón, consideró que falta homologar y actualizar las leyes de los registros civiles de cada estado, y respetar las nuevas configuraciones familiares que se van creando en México.
Por ejemplo, en el 2019 una pareja de mujeres quiso inscribir a un niño como su hijo, lo cual les fue negado por el Registro Civil del Estado de Aguascalientes. El caso 852/2017 llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde la Primera Sala analizó el amparo interpuesto y determinó que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes contenía disposiciones inconstitucionales y discriminatorias; lo primero por “restringir la protección del derecho de los menores que nacen en el contexto de una unión familiar homoparental, a la filiación jurídica comprendida en su derecho humano a la identidad”, y discriminatorio al excluir de su protección familias conformadas por parejas de personas del mismo sexo, con base en género y orientación sexual.
“Algunas madres deciden vivir en concubinato, y eso no debería de quitarle derechos a la que no gestó. Algunas madres deciden alternar la gestación, una tiene hijos primero y la otra después, y eso no debería de significar que tengan más derechos sobre un hijo que sobre otro. Se debe entender con mayor profundidad cómo funcionan y se constituyen las diferentes configuraciones de la familia lésbica, y como siempre, es indispensable la sensibilización en temas de diversidad sexual para todos los niveles de Gobierno”, expuso De Alejandro.
FAMILIAS LESBOMATERNALES EN MÉXICO
Aunque se han generado avances en los ámbitos legislativo, jurídico y culturales para que se reconozca la diversidad de la conformación de familias, académicas especialistas en género y diversidad sexual notaron que todavía falta un reconocimiento integral de las distintas maneras en las que se crean las familias.
“Pese a que pareciera que ya es un tema muy a la vanguardia, desde mi punto de vista no es así. No es así porque todavía (…) en el imaginario de de las personas, todavía en general –incluso en Ciudad de México– sigue primando esta idea de una familia tradicional: de papá, mamá, hija e hijo y el perro”, compartió la especialista Luz María Galindo Vilchis. “[Las familias homoparentales y lesbomaternales] Son familias todavía muy estigmatizadas en toda la República, porque es muy cuestionada la relación afectiva y la jurídica, que se establece, cuando hay relaciones previas heteronormadas cuando hay hijos, hijas o hijes, uno de los argumentos que se ha utilizado en la justicia es justamente la orientación sexual”.
La académica profundizó que, en este sentido, la mayoría de las legislaciones están pensadas y construidas precisamente para un tipo de familia: la heteronormada. Esto, ahondó, se ve reflejado en el desconocimiento que tienen funcionarios públicos en procedimientos de registro de hijos o hijas cuando se trata de dos madres o dos padres, reconocer civilmente un matrimonio igualitario, adopción entre personas de un mismo sexo, entre otros temas. “Necesitamos todavía muchísima sensibilización en los diferentes espacios, precisamente para hablar de otras familias y de otras estructuras y organizaciones familiares”.
Por su parte, la defensora Gloria Careaga Pérez de la organización Fundación Arcoiris consideró que el hecho de que se le niegue a mujeres lesbianas ser madres está directamente relacionado con un aspecto moral, por el miedo de que las lesbianas sean un ejemplo para la familia, lo que refleja una desinformación sobre qué es ser lesbiana.
“El ser lesbiana no tiene que ver con calificativos de inmoralidad, como generalmente se utilizan. Habla precisamente de una construcción equivocada o una definición equivocada del concepto de sexualidad donde se piensa que la sexualidad de las personas solamente está orientada a la reproducción, cuando realmente la sexualidad el objeto de la sexualidad es el placer sexual y no otra cosa”, expuso.
Recordó que se debe de dejar de considerar la sexualidad –y de ello derivada la orientación sexual– como un factor directamente relacionado con la reproducción, lo que implicaría también una separación de la concepción de qué son los derechos sexuales y qué son los derechos reproductivos.
“Hay una idea ancestral con respecto a la sexualidad que tiene sus orígenes más o menos cuando se instaló el matrimonio, y que precisamente se orientó a pensar que el objeto de la sexualidad era la reproducción”, precisó. “Esto con el tiempo, pues ya se ha ido eliminando, pero lo que generó fue precisamente que quienes teníamos prácticas sexuales que no estaban orientadas a la reproducción, se consideraban prácticas inmorales”.
DERECHOS PARA LA COMUNIDAD LGBT+ EN MÉXICO
Cifras de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), apuntan que en el 2021, cinco millones de personas se autoidentificaban como parte de la comunidad LGBTI+ en México, equivalente al 5.1 por ciento de la población mexicana total de 15 años y más.
De estas cinco millones, el 81.8 por ciento se asume parte de la comunidad por su orientación sexual, y 10.6 por ciento por tanto su orientación sexual como por su identidad de género. La institución detalla que dos millones 387 mil 343 personas se autodeclaran como bisexuales, y 489 mil 835 como lesbianas.
Si bien han habido avances en el reconocimiento de los derechos de personas pertenecientes a la comunidad LGBT+ en los últimos años -destaca la reciente aprobación del matrimonio igualitario en todos los estados del país-, también se registran cada año actos de discriminación y crímenes de odio en contra de esta comunidad.
En un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicado en 2019, se reconoció que en México esta discriminación representaba ya una problemática, la cual “de no atenderse oportuna y eficazmente pone en riesgo el sistema de libertades, la integridad y la protección de los derechos humanos de las personas de dicha población”.
Para 2021, la organización civil Letra S, dedicada a la defensa de los derechos humanos de personas pertenecientes a la comunidad LGBT+ y quienes viven con VIH, registró al menos 78 muertes violentas presuntamente por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género. De esta cifra, dos correspondieron a mujeres lesbianas/homosexuales.
“Esta cifra es una aproximación a la real, ya que el registro se basa en fuentes indirectas. La cifra real se ubicaría en 179 homicidios de personas LGBT tan solo en ese año, de acuerdo con un cálculo realizado con base en un estudio”, detalló la asociación en el informe. “El número tan bajo de muertes violentas de mujeres lesbianas y bisexuales registradas no debe interpretarse de manera errónea y subestimar el impacto de este tipo de violencia de género, ya que suelen investigarse sólo en función del género, dejando a un lado la orientación sexual de la víctima como posible motivación del delito.”
Entre las características diferenciales notadas por Letra S de las víctimas, las cuales catalogó como factores de vulnerabilidad añadida, fue que una de las víctimas era un hijo gay de familia lesbomaternal, y dos mujeres lesbianas madres de infantes.
El año anterior, la cifra de mujeres lesbianas asesinadas aproximada fue de ocho, de un total de 79 muertes violentas de personas de la comunidad LGBT+.
